La Comisión Europea se interesa por gastos del ministerio de Defensa durante la pandemia tras una denuncia de Junts

Un contrato de 2.100 millones de euros, arrastrado desde 2007 y relanzado durante la pandemia ha llamado la atención a la Comisión Europea. Así se desprende de la respuesta parlamentaria, conocida este viernes, a los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. En su respuesta, el Ejecutivo comunitario afirma que “tendrá en cuenta la información facilitada por sus señorías”, en relación con el encargo del departamento de Margarita Robles a Indra, Sapa, Escribano y Santa Bárbara para renovar carros blindados.

Como explica Newtral, aunque Defensa relanzara el mayo de 2020 la constitución de la sociedad que desarrollará el proyecto, el desembolso de los 2.100 millones estaba previsto hacerlo en diez años y en varias fases hasta 2030. El proyecto, recuerda Newtral, surge en 2007, tras un ataque a las tropas españolas en Líbano: la compra se aprobó en 2018 con Mariano Rajoy, y el contrato se anunció tras un Consejo de Ministros de julio de 2019, con Pedro Sánchez en funciones. 

Los eurodiputados de Junts preguntaban a la Comisión si conocían las “anomalías” de que en diciembre de 2019 el Gobierno “abandonara” la convocatoria de licitación “después de que Santa Bárbara no cumpliera los requisitos y, por arte de magia, la misma oferta fue aceptada ocho meses después”.

Puigdemont, Comín y Ponsatí también preguntan al Ejecutivo comunitario si “solicitará al Gobierno una aclaración sobre el asunto en el caso de que se haya vulnerado el derecho de la Unión sobre contratos públicos”, y añaden: “¿Cree que el gasto de 2.100 millones en equipos militares en medio de la pandemia es compatible con el último Semestre Europeo [mecanismo de gobernanza económica de la Comisión Europea]?”.

La respuesta del Ejecutivo comunitario, conocida este viernes, ha sido la siguiente: “La Comisión Europea supervisa periódicamente la aplicación de la directiva sobre contratación pública en defensa en los Estados miembros, y tendrá en cuenta la información facilitada por sus señorías en el marco de la supervisión constante”.