La FEMP exige que el Gobierno compense a los ayuntamientos el coste por la anulación de las plusvalias

“No puede ser que un coste legislativo lo soporten los ayuntamientos”, ha reivindicado el presidente de la Federación, quien ha pedido celeridad al Gobierno para resolver “en unas semanas” el “vacío legal” existente tras la decisión del Constitucional.

Así, Caballero ha exigido que el impuesto se “restablezca” a los ayuntamientos para que se resarza al “cien por cien” las devoluciones del impuesto que determinen los tribunales a raíz de la sentencia. Preguntado por las estimaciones de los consistorios, ha evitado dar una cifra, entendiendo que “si hay que hacer algún cálculo, lo tendrá que hacer Hacienda”, aunque posteriormente ha apuntado a que según datos de dicho Ministerio en 2016 se recaudaron en torno a 2.000 millones de euros con este impuesto.

El Alto Tribunal considera que el impuesto sobre las plusvalías municipales vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo” computable entre un año como mínimo y 20 años como máximo.

En una rueda de prensa tras la reunión de la Federación, Caballero ha llamado a ponerse “en lugar de los ciudadanos” que pagaron un impuesto que ahora ha sido anulado parcialmente y declarado inconstitucional, si bien entiende que “no puede ser” que el coste financiero de esa eventual devolución tenga que “ser sufragado por los ayuntamientos”.

PROPUESTAS PARA UNA REFORMA

Para ello, la Federación ha propuesto dos líneas de actuación para resolver la situación de indefinición en torno a un impuesto estatal que recaudan los ayuntamientos. Según Caballero, se podría impulsar una reforma del impuesto fijando una base liquidable con criterios objetivos, esto se concretaría con la creación de un índice anual por parte del catastro de la evolución del valor de los suelos urbanos. “Podría haber aumento o disminución, de tal modo que este índice reflejaría la evolución del mercado, siendo positivo o negativo”, ha apuntado.

“Cada año diría si el valor del suelo en una determinada zona del país ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido”, ha explicado el regidor vigués, entendiendo que este mecanismo resolvería la indefinición que señala el Constitucional.

La segunda propuesta de la FEMP sería “subjetiva” e implicaría aplicar una “base imponible para ser gravada”, que según Caballero sería “la plusvalía real: el valor de venta menos el valor de compra”. El impuesto gravaría si el valor es mayor y no gravaría en caso de una minusvalía, ha señalado.

En todo caso, el alcalde de Vigo ha reiterado que este vacío legal tiene que resolverse pronto por lo que ha pedido al Gobierno que envíe una proyecto de ley para que “el Congreso pueda legislar en plazo de semanas”. “Si me apuras en el mes de junio”, ha remachado.