El primer juicio a Villarejo condicionará las acusaciones al Ibex que no ha archivado García Castellón

El primer juicio por la treintena de piezas que se investigan en la causa Tándem sentará a partir de este miércoles en el banquillo al comisario José Manuel Villarejo y a tres grupos de clientes, todos ellos pertenecientes a un sector privilegiado de la sociedad que recurría al policía para perjudicar a terceros a través de las tretas del policía. La relevancia de esta vista oral dista de otras causas con mayor repercusión en los medios, las que relacionan a Villarejo con empresas del Ibex que lo contrataron y con el Gobierno del Partido Popular, pero su resultado puede condicionar el futuro de las investigaciones a otros clientes más relevantes, que siguen imputados pese a la severa limpia de destacados acusados que realizó el magistrado instructor, Manuel García Castellón, a finales del pasado julio. 

Aquellas decisiones del juez, contrarias al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, han puesto el caso Villarejo cerca de su posición de partida: un comisario presuntamente corrupto, destinado en el corazón de la seguridad del Estado, como protagonista de una trama concreta y no como síntoma de la naturaleza de todo un sistema. Acaso una peripecia que afecta a un grupo de policías, casi todos jubilados ya, en la que participaron de forma accidental, y sin responsabilidad penal, algunos de los grandes empresarios del Ibex. En cuanto al entonces Gobierno de Mariano Rajoy y la pieza Kitchen, todo se habría reducido al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y a su número dos, Francisco Martínez, que, según el juez, actuaron por cuenta propia para sabotear las causas de corrupción que afectaban (entonces y ahora) al Partido Popular. A todas esas maniobras habrían sido ajenos, por tanto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pese a los indicios contra ellos que acumula la causa.  

Pendiente el caso de las resoluciones que adopte la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respecto a los recursos contra los archivos dictados por el magistrado en los estertores de julio, el primer juicio del caso Villarejo adquiere relevancia por la acusación de cohecho, un delito que solo puede cometer un funcionario público en razón de su cargo. Recientemente, los amigos de Villarejo que ocupaban puestos de directores de seguridad en Repsol e Iberdrola, antiguos comisarios, obtuvieron una victoria provisional: la Dirección General de la Policía incorporó a la causa un documento que certifica que sólo los policías en activo podían consultar si Villarejo era uno de ellos. Esto vendría a reforzar su argumento de que ellos habrían contratado a un detective, sin saber que seguía en activo en el cuerpo.

Esa victoria provisional podría deshacerse si en el primer juicio a Villarejo se produce una sentencia condenatoria. Esta posibilidad se ve más cercana después de que la Fiscalía Anticorrupción haya llegado a un acuerdo con varios acusados y haya rebajado, en ese pacto, sus peticiones de condena. Esa asunción del delito, que implicaría conocer que estaban contratando los servicios de un policía en activo, y su consiguiente condena, complicaría la tesis de la defensa en otras piezas, por ejemplo, las de los policías en excedencia que contrataron los servicios de Villarejo para las grandes empresas que les pagaban sueldos estratosféricos. 

Este es el caso del comisario Miguel Ángel Fernández Rancaño, antiguo jefe de seguridad de Caixabank, y de Rafael Araújo, con el mismo puesto en Repsol. También de Antonio Asenjo, exjefe de seguridad de Iberdrola, y de Julio Corrochano, del BBVA. En todos esos casos, el juez García Castellón ha levantado un muro de contención entre los directores de seguridad, que según esa tesis habrían actuado por su cuenta, y los responsables de las compañías que no sabían nada de esos manejos. Así, ya está archivada la causa respecto de Isidro Fainé (Caixabank), Antoni Brufau (Repsol) y todo apunta, según fuentes jurídicas, que ocurrirá lo mismo con Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola). Por el BBVA permanece imputado Francisco González, por otra parte ya jubilado, al igual que los citados comisarios.  

Estas son las tres piezas por las que serán juzgados Villarejo, sus colaboradores y los tres grupos de clientes, un total de 27 personas físicas y cinco jurídicas, a partir de las 10:00 horas de este miércoles en la sede que la Audiencia Nacional tiene en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid). Además del delito de cohecho, Villarejo está acusado de revelación de secretos, tráfico de influencias, extorsión, falsedad documental y de liderar una organización criminal, entre otros. En las dos primeras sesiones está previsto que se planteen las cuestiones previas y que Villarejo no declare hasta la tercera sesión, prevista para noviembre.

Iron. Se centra en la contratación del comisario por parte del despacho de abogados Herrero y Asociados para atacar a otro bufete, constituido por antiguos socios. Hay 14 acusados y la Fiscalía Anticorrupción solicita para Villarejo 57 años de cárcel. 

Pintor. Entre los acusados en esta pieza está el empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, y el hermano del primero. Ambos acusados habrían buscado, a través del policía, perjudicar a un exsocio. El policía habría obtenido una grabación del abogado de este antiguo socio consumiendo estupefacientes. La Fiscalía pide 14 años para Villarejo, pero redujo la petición de 8 años a 11 meses para los hermanos Muñoz a cambio de su confesión, lo que anticiparía una primera condena que marcaría el devenir del proceso. 

Land. Una parte de la familia García-Cereceda, propietaria de la urbanización de lujo La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid), habría contratado a Villarejo para que, con los datos confidenciales obtenidos (llamadas) y los seguimientos realizados, atacar a la otra. Yolanda García-Cereceda ejerce la acusación y Susana García-Cereceda se sienta en el banquillo. Los fiscales piden 38 años de cárcel para Villarejo. Los 17 años que la Fiscalía solicitó originariamente para Susana García-Cereceda, se redujeron a dos años por un acuerdo similar al alcanzado con los hermanos Muñoz.