Ángel Hernández ya no irá a juicio por ayudar a morir a su esposa: “No tenía ningún miedo, estaba preparado”

Este miércoles, la Fiscalía ha retirado la acusación por cooperación al suicidio contra Ángel Hernández, el hombre que hace dos años ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal. Ángel considera que “era lógico” que le retiraran la acusación desde que el pasado 25 de junio se aprobara la ley de eutanasia. “Aunque no me considero un delincuente y, por tanto, no tengo miedo a los juicios”, indica en conversación telefónica con este diario, tras conocerse la noticia.

Una noticia de la que Ángel y su representante legal han sabido por los medios de comunicación, ya que aún no han tenido acceso al escrito de la Fiscalía y, es más, ni siquiera habían recibido todavía la asignación de un juzgado de lo penal, según indica su abogada, Olatz Alberdi.

El expediente del caso se encuentra aún en traslado desde un juzgado de violencia de género, lugar al que había llegado cuando la jueza de Madrid que instruía el caso de la muerte de María José se inhibió en favor de un juzgado de violencia contra la mujer. Finalmente, aunque se abrió el juicio oral, se rechazó esa vía y el expediente fue devuelto. “Pasar una carpeta de un juzgado a otro puede tardar tranquilamente seis meses”, indica Alberdi. La abogada estaba esperando la asignación de un nuevo juzgado para presentar un escrito en la misma línea que el de la Fiscalía. “Pensábamos acogernos a la modificación del Código Penal, aunque la redacción es un poco ambigua, ya que dice que se eximirá de responsabilidad a aquel que haya seguido el procedimiento indicado en la ley de eutanasia… pero que Ángel pudiera seguir el procedimiento de la ley de eutanasia antes de que esa ley existiera era imposible”, explica. “No obstante, Ángel actuó con todas las cautelas”, añade.

Preparado para el juicio

La Fiscalía pedía para él seis meses de cárcel pero ha retirado su acusación al aplicar retroactivamente la modificación del Código Penal que impulsa la norma, debido a que Ángel se encuentra “en el supuesto legalmente autorizado”, según se señala en una nota de prensa distribuida por la Fiscalía General del Estado. Al disolverse la acusación de la Fiscalía y no haber acusación particular, lo lógico es que el juez decrete el sobreseimiento de la causa que pide la Fiscalía. Cuando esto tenga lugar, el periplo judicial de Ángel habrá terminado.

No obstante, Ángel admite que estaba “preparado para ir a juicio” y no le tenía “ningún miedo”. “Cuando vi que el Partido Popular recurría la ley al Tribunal Constitucional, me enfadé mucho, me pareció una desvergüenza. En ese momento decidí utilizar mi derecho a la última palabra en el juicio para hacer una acusación al PP de la Comunidad de Madrid”, explica.

Ángel se remonta al año 2018, cuando pidió ayuda de los servicios sociales autonómicos para cuidar de María José mientras él se realizaba una operación de hernia, la cual había sufrido precisamente por los cuidados que debía darle. Solicitó una residencia temporal que la Consejería de Políticas Sociales le denegó porque era necesario que hubiera pasado un año desde una anterior petición (que no llegó a utilizar), a no ser que concurrieran circunstancias muy excepcionales. Cuando Ángel fue detenido por el presunto delito de asistencia al suicidio de su esposa, escribió una larga carta denunciando el “desamparo” por la “nefasta gestión en dependencia” del Gobierno madrileño. María José Carrasco pasó ocho años en una lista de espera para conseguir plaza en una residencia: primero entre 2009 y 2011, momento en el que se les concedió una plaza pero renunciaron a ella, y a partir de la siguiente petición, en 2013, y hasta su muerte en 2019.

“El comportamiento de la Comunidad de Madrid al denegarnos una residencia temporal para que yo me pudiera operar aceleró la enfermedad de María José, que fue lo que le llevó a pedirme lo peor, porque era una situación insostenible para ella”, dice Ángel. “Si a María José le hubieran permitido ir a una residencia, yo estoy seguro de que podría estar viviendo actualmente”, aventura Ángel.

Su abogada explica que cuando se le fue denegada la plaza en 2018, prepararon una demanda ante un juzgado de lo contencioso administrativo para conseguir que les dieran esa plaza, algo que Alberdi estaba confiada en que tendría recorrido y conseguirían. “Al tener que pasar por todo esto, María José se pone peor y la pasan a cuidados paliativos”, recuerda la abogada. En ese momento, Ángel está convencido de que a María José le queda poco de vida y le pide a la letrada que retire la demanda.

Pero no es así. Ángel cuida de su mujer con una extrema atención y dedicación y, aunque aumenta notablemente su deterioro, todavía vivirá algunos meses más, hasta que ella misma decide poner fin a su vida. “2018 fue un año terrible para María José y para mí”, recuerda Ángel. “Por todo esto, no solo no me hubiera importado ir a juicio sino que me hubiera encantado, lo habría contado todo”, señala.

Una promesa a María José

A María José le habían diagnosticado la enfermedad en 1989, y siete años más tarde le fue reconocida una gran invalidez. A partir de ese momento, ella necesitaba ayuda para todo. Al avanzar la esclerosis múltiple, se le redujo la movilidad progresivamente y creció el dolor hasta un punto en el que no podía mitigarlo con la medicación. Ella pidió consciente y reiteradamente, incluso en los medios de comunicación, poder acabar con su vida. Ante el retraso que acumulaba la ley de eutanasia y sus múltiples tropiezos legislativos en el año 2017, ella tomó la decisión y puso fin a su vida, asistida por su marido, ante una cámara que lo registró todo. “Tuve que ayudarla porque la situación era insostenible para ella”, recuerda.

“Esto no lo voy a olvidar”, recalca Hernández, en referencia a la oposición del Partido Popular a la ley de eutanasia, que Ángel celebra que se haya aprobado al fin, una promesa que le había hecho a su compañera. “María José y yo siempre hemos estado a favor de la eutanasia, como derecho. Lo estábamos incluso aunque ella hubiera vivido y no hubiese estado entre los supuestos de la ley”, explica.

Ángel es consciente de que si no hubiera habido “un Gobierno progresista” y “un apoyo de otros políticos progresistas en el Congreso” la ley no se hubiera aprobado y él habría pasado por un juicio y, probablemente, hubiera sido condenado. 

Al fin, el derecho a la muerte digna se ha abierto paso en España e ineludiblemente la ley viene acompañada de unos rostros cuya historia ha acompañado la tramitación, el de María José y el de su marido son dos de ellos. A partir de ahora, Ángel podrá pasar página.