La presunta caja B de la Complutense llega a juicio con una petición de seis años de cárcel al exgerente de la Universidad

Han pasado 16 años desde que la justicia comenzó a investigar la presunta desviación de dinero público de la Universidad Complutense de Madrid a una supuesta caja B. La mayor parte de los fondos provenían de la gestión de varios colegios mayores vinculados al campus madrileño y, según el cálculo realizado por la Fiscalía de Madrid, la cantidad que se podría haber malversado supera los cuatro millones de euros. En el centro de esa gestión el Ministerio Público sitúa al exgerente de la Complutense, Dionisio Ramos, al que solicita seis años de prisión y quince de inhabilitación por malversar 1,4 millones de euros, según el escrito del fiscal.

Con un procedimiento que se ha ido alargando más de una década, finalmente el juicio arranca este lunes. Ramos no es el único acusado. Junto a él se sientan también en el banquillo otras seis personas: cargos de la universidad, administradores de colegios mayores y tres antiguos alumnos que en el momento de los hechos eran subdirectores de la residencia universitaria. Se enfrentan a peticiones de penas que oscilan entre cuatro a seis años de cárcel. 

La Audiencia Provincial de Madrid será la encargada de analizar los hechos con un jurado popular. La Complutense ejerce la acusación particular con letrados de la Abogacía del Estado, aunque desde el gabinete de prensa del Rectorado no detallan la “calificación jurídica de los hechos” al defender que “forma parte” de su “estrategia procesal”.

Ramos, compañero del máster de Cifuentes

El nombre de Dionisio Ramos ha estado relacionado con distintas polémicas, como publicó elDiario.es. Ramos fue secretario general técnico en la Consejería madrileña de Educación durante la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón y ha mantenido una relación de amistad con la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. De hecho, la idea de inscribirse en el máster de la Rey Juan Carlos que acabó con su carrera política fue de Ramos, tal y como reconoció Cifuentes a la jueza que investigó la falsificación documental que permitió a la ex política obtener ese posgrado. El ex gerente de la Complutense también figuraba entre los alumnos que se matricularon en el máster y que aprobaron asignaturas con actas falsificadas, según desveló esta redacción. 

Ante este nuevo juicio por una presunta irregularidad en la Universidad, la Fiscalía explica en una nota de prensa que Ramos “era el encargado de controlar y gestionar todos los fondos que ingresaba la universidad”. Esa situación “le permitió que se fueran recibiendo fondos en una cuenta corriente –desconocida para la intervención de la Complutense y creada años antes para gestionar las actividades culturales de un colegio mayor– cuya finalidad” era “un manejo ‘injustificado” y un destino “para fines ‘ajenos’ a los propios del centro”. 

Entre las cantidades analizadas por la Fiscalía, han detectado ingresos en la cuenta investigada que respondían a varios conceptos: fondos procedentes de la ocupación de los colegios mayores en los cursos de verano, talones al portador, transferencias de la Fundación General de la Universidad Complutense, así como dinero en efectivo o mediante giro postal procedentes de la reserva de plaza de colegios mayores. 

Uno de los ejemplos que utiliza el Ministerio Público para explicar la desviación de ingresos se produjo en el curso 2002/03. En ese momento 846 alumnos se habían inscrito en las residencias universitarias de la zona oeste. Antes del comienzo del curso cada estudiante tenía que abonar 50.000 pesetas (300,5 euros) “en concepto de reserva de plaza”. El destino de esas cantidades “no era contabilizado en los presupuestos de la universidad, ni controlado y supervisado por la inspección” de la Complutense. De esta forma se desviaron de las arcas públicas 254.223 euros en el periodo escolar 2002/03 y 279.164 euros en el 2003/04. 

Según el relato de la Fiscalía, esa decisión fue tomada “conscientemente” por varios acusados: dos administradores de colegios mayores, “entre cuyas funciones estaban el control de los ingresos y gastos” de estos centros; la administradora general de los colegios mayores y por Ramos. 

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía exige a los acusados que abonen a la Complutense 4,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. El Ministerio Público propone que Ramos y dos administradores de colegios mayores –A.L. y J.T.– paguen 1,4 millones de euros de forma conjunta; a la ex administradora general de las residencias universitarias –M.I.R.– le solicitan 950.495 euros y a los alumnos denunciados que en el momento de los hechos eran subdirectores de los centros –A.S., A.G. y F.J.S.– les requieren respectivamente 914.320 euros, 359.682 euros y 490.125 euros.