La UE renuncia a legislar sobre noticias falsas y pide “estimular el periodismo de calidad”
La UE no impulsará ningún tipo de ley o regulación específica sobre noticias falsas o desinformación a nivel comunitario. Lo ha confirmado este jueves la Comisión Europea, que en lugar de ello ha hecho una serie de propuestas basadas en la colaboración entre los diferentes actores afectados para combatir este problema. De esta forma, llama las plataformas digitales a establecer un “Código de prácticas sobre desinformación”, se compromete a trabajar para fortalecer la red europea de verificadores de noticias o cazabulos y pide la “alfabetización” de los ciudadanos sobre la realidad del panorama mediático, buscando que se aproximen a él con “ojo crítico”.
“La Comisión pide a los Estados miembros aumentar su apoyo al periodismo de calidad para asegurar un entorno mediático plural, diverso y sostenible”, reafirma el Ejecutivo comunitario en su comunicado. Sobre la desinformación en periodos electorales, Bruselas se propone “apoyar” a los Estados miembros para “asegurar la resiliencia de las elecciones” y su capacidad para salir airosos de las “cada vez más complejas ciberamenazas”.
Hasta tres comisarios (encargados de Mercado Único Digital, de Seguridad y de Economía y Sociedad digitales) se han involucrado en la decisión de promover una salida al problema de la desinformación basada en fortalecer los derechos fundamentales. La UE ha dado la espalda a la posibilidad de promover una mayor regulación de los medios de comunicación o su discurso, posibilidad por la que han abogado determinados sectores políticos y mediáticos españoles y europeos, favorables a aumentar la vigilancia gubernamental sobre las noticias.
Académicos, organizaciones por la libertad de información y asociaciones y sindicatos de periodistas denunciaron los peligros que derivaban de este extremo, al dar pie a establecer una censura del discurso disidente. Este martes, el Washington Post informaba de que ya se han dado varios casos en los que las unidades dedicadas a identificar propaganda rusa de EEUU y la UE han listado como “desinformación” publicaciones que, tras la denuncia de sus respectivos editores, han retirado de la lista alegando que fueron incluidas por “problemas de traducción”.
El pasado mes de marzo, el grupo de expertos multidisciplinar convocado por la UE para elaborar un informe que delimitara la amenaza de la desinformación y las posibles respuestas ante ella aconsejó a Bruselas “no legislar en caliente”. En el texto con las conclusiones del grupo, en el que participó Maldito Bulo, alertaron de que la desinformación es un proceso complejo que aún no ha sido desentrañado. Por ello, pidieron a las plataformas digitales y redes sociales que compartieran más información sobre cómo ésta se reproduce. A los políticos les aconsejaron no usar el término fake news por la asociación que este produce con el periodismo.
La UE ha seguido estas recomendaciones. Ramus Kleis Nielsen, director del Instituto Reuters de investigación (Universidad de Oxford) y miembro de aquel grupo, ha agradecido a los comisarios su posicionamiento. “Ahora las partes interesadas tienen que dar un paso al frente, y las autoridades públicas, invertir en esfuerzos independientes”, ha manifestado.
Con el ojo puesto en las plataformas digitales
“La confianza online es fácil de romper pero difícil de reconstruir”, ha manifestado el vicepresidente de la Comisión y encargado de la cartera de Mercado Único Digital, Andrus Ansip. “Las plataformas en línea tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra las campañas de desinformación organizadas por personas y países que pretenden amenazar nuestra democracia”, ha aseverado.
En su paquete de medidas, Bruselas ha dado las órdenes más detalladas a las redes sociales. En “Código de prácticas sobre desinformación” les insta a hacer más transparentes sus algoritmos y permitir la fiscalización de su funcionamiento por parte de terceros, estipular métodos para asegurar la transparencia del contenido patrocinado (“en particular la propaganda política”) o reducir los beneficios que los proveedores de información obtienen a través de sus plataformas.
También las reconoce como vía clave en el proceso informativo. Por ello les solicita que “faciliten a los usuarios el descubrimiento y acceso a nuevas fuentes de noticias que representen puntos de vista alternativos” y que “permitan a los cazabulos, investigadores y autoridades públicas monitorizar la desinformación online”.
