Las cifras de la vacunación de “otros profesionales” en el grupo 3 de Andalucía por delante de personas mayores o cuidadores: 69.000 vacunas sin precisar

¿Se están vacunando en Andalucía a altos cargos y directivos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de otras agencias de la Consejería de Salud y Familias, como ha denunciado el PSOE y algunos sindicatos? ¿Se está vacunando a administrativos, por ejemplo, de estos servicios que no salen de la oficina antes que a mayores de 75 años -donde se concentra el 70% de las muertes por Covid- no internados y a sus cuidadores?

El protocolo de la Junta de Andalucía, tal y como se ha redactado, lo permite. Desde distintos hospitales públicos han confirmado a este medio que la pasada semana se completó la primera dosis a todas sus plantillas. Desde la Junta de Andalucía corroboran que se ha hecho también con el personal de subcontratas, por ejemplo, de limpieza, para reducir riesgos. Pero evitan detallar por colectivos y centros sanitarios y sociosanitarios, o responder a si se ha incluido también a personal de las delegaciones territoriales de Salud y Familias, dedicado a la gestión y burocracia.

Después de semanas preguntas sin respuesta, desde la Junta de Andalucía están empezando a llegar confirmaciones, como desde la Delegación Territorial de Salud y Familias de Huelva, que ha defendido la vacunación llevada a cabo en todo el equipo directivo del Hospital de Riotinto remitiéndose a ese protocolo. Y subrayan que estos equipos directivos, dada la pandemia, están facultados para desarrollar “labores asistenciales y de atención directa a los pacientes, no solo de gestión”.

La falta de transparencia y la descontextualización de los datos es la que está originando desinformación en torno a una pregunta: ¿a quién se está vacunando en plena cadena de reproches desde el ejecutivo de Juan Manuel Moreno hacia el Gobierno de España porque no hay vacunas suficientes? Limitémonos a ver las cifras que da la Consejería de Salud y Familias este lunes: se han puesto de 300.031 vacunas hasta el 31 de enero. Se traducen en las primeras dosis para 43.504 usuarios de residencias de mayores y grandes dependientes y 34.714 profesionales de los mismos, y en las segundas dosis para 28.250 y 22.053, respectivamente. Por tanto, en el lugar más vulnerable, con casi un tercio de las muertes, y denominado como grupo 1 en el protocolo de vacunación, se han empleado 128.521 dosis.

Si las restamos a las 300.031, resultan 171.510 que se han puesto, primero, en el grupo 2 (profesionales sanitarios de primera línea en la lucha contra la pandemia), para los que la Junta de Andalucía confirmó 68.176 profesionales en la sanidad pública y 5.458 en la sanidad privada. Restados estos, quedarían otras 97.876 dosis inoculadas hasta el 31 de enero. ¿Todas ellas puestas en población del grupo 3 (personal sanitario y sociosanitario que no está en primera línea de COVID-19) en el que, según la Consejería, “se está avanzando de forma rápida”? No: hay 28.271 personas fuera del grupo 1 que ya han recibido también la segunda dosis, según los datos del mismo comunicado, hasta hacer un total de 78.574 “inmunizados” en la comunidad autónoma, menos del 1% de la población.

Quedarían, pues, 69.605 dosis que se habrían puesto a gente del grupo 3, y como ya se había metido en el grupo 2 a la mayor parte de los profesionales sanitarios, empiezan a entrar otras personas. El anexo de personal de los presupuestos de 2021 da idea de las dimensiones del sistema sanitario público de Andalucía: suman 104.272 profesionales sanitarios y resto (una quinta parte), incluyéndose el SAS, las agencias y hasta el consorcio del Aljarafe. Desde la Consejería de Salud y Familias elevan a “unos 120.000” el total por la contratación de “refuerzos”. Según ese protocolo, todos entrarían en este grupo 3, salvo más de la mitad que estaban en el grupo 2. Pero no aclara hasta qué escalafón en el organigrama de estas entidades se vacuna ni qué número de personas fuera del sistema sanitario público de Andalucía ha entrado en este grupo 3.

Clínicas y consultas privadas, institutos de investigación, odontólogos

El pasado día 12, el ejecutivo cifró en 95.547 las “personas estimadas” que iba a vacunar en este grupo 3, porque no solo mete a todo el personal del sistema sanitario público de Andalucía. Entra la sanidad privada, porque tiene “personal sanitario y sociosanitario que no está en primera línea de COVID-19”. También, desde el pasado 25 de enero, el grupo 3 se ha ampliado a “personal de odontología e higiene dental”, y a sanitarios que “atienden a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos”, como prevé la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, actualizada el 21 de enero y que a su vez derivó en una segunda actualización del protocolo de la Junta de Andalucía el 25 de enero. Pero el estado de vacunación en este ámbito no se detalla como en los dos primeros grupos y esto alimenta las dudas.

Según fuentes de la Junta, en Andalucía la vacunación de los grupos 1 y 2 “está muy avanzada” y, de hecho, “se continúa ya vacunando al Grupo 3, relativo a otro personal sanitario y sociosanitario, que incluiría al personal que no es de primera línea de COVID”, y que “en la gran mayoría de casos, realizan asistencia sanitaria” y “algunos incluso visitan residencias”. Las mismas fuentes apuntan que en el grupo 3 encajarían también “profesionales en general de institutos de investigación, 061, personal de pequeñas consultas privadas de odontología y logopedia...”. Pero rehúsan detallas cuántos en cada caso y si se ha incluido a todo, todo, el personal de la Consejería de Salud y entidades de adscripción, y a sus altos cargos.

Esa indefinición es la que posibilita que cuando trasciende la vacunación por parte del director gerente de EPES, José Luis Pastrana, inoculado según fuentes sindicales el pasado 18 de enero, la agencia alegue que ha seguido “en todo momento” lo establecido en el protocolo. Tanto él como la directora provincia de EPES en Málaga, según las fuentes sindicales, “se cuelan en la vacunación, no ha llegado su turno, son directivos y no se pueden considerar personal sanitario, ni personal de primera línea, como pueden ser limpiadoras o administrativos”. Recuerdan que se está priorizando “a quienes están en contacto estrecho y directo con el coronavirus, y el personal directivo no lo está y, por tanto, no debería haberse vacunado”. Otras fuentes sindicales, apostillan: “Queda mucho por vacunar antes de un cargo político como el gerente de 061”.

¿Se han vacunado altos cargos?

El portavoz del Gobierno de Andalucía y los cargos del PP han respondido con evasivas cuando en rueda de prensa se les ha preguntado por ello, y se han limitado a señalar a “los alcaldes del PSOE” que lo han hecho “sin tocarles”, y a los que el partido ha dado de baja. Pero este martes Elías Bendodo ha sido tajante en el Consejo de Gobierno a la enésima pregunta en este sentido de la prensa: “En Andalucía no se ha vacunado a ningún alto cargo. Basta ya de bulos”. Según el organigrama de la Junta de Andalucía, gerentes como el del EPES es alto cargo, pero desgraciadamente no se admiten repreguntas en estas ruedas de prensa. y nos hemos quedado sin saber su respuesta.

Lo cierto es que las vacunaciones se han cobrado ya alguna dimisión en España al extenderse su administración a colectivos distintos a los grupos designados en la primera fase, como es el caso de Euskadi. Es el caso de la Región de Murcia, donde el PP ha anunciado que publicará una lista son el registro de vacunación de sus altos cargos para acabar con las dudas.

Según el Ministerio de Sanidad en esta primera etapa “debe priorizarse al personal de ámbito hospitalario y de atención primaria no considerado en la primera línea, en función del riesgo de exposición de la actividad laboral y la posibilidad de adoptar las medidas de protección adecuadas”. La Junta de Andalucía, a su vez, apunta que lo siguiente será el grupo 4: grandes dependientes que viven en sus casas para los que se prevé la primera dosis entre el 8 y el 28 de febrero. Más tendrá que esperar el grupo 5: las 412.869 personas de 80 años o más que no estén institucionalizadas, es decir, que no vivan en residencias.