Los jueces ordenan al Ayuntamiento de Málaga que no expulse a la calzada a todos los usuarios de bicicleta

El Ayuntamiento de Málaga ha sufrido un varapalo judicial a cuenta de la discutida Ordenanza de Movilidad, que expulsa a la calzada por donde discurren los coches a todos los usuarios de bicicletas, incluyendo niños, y en cualquier circunstancia, cualquiera que sea el ancho de la zona peatonal o su ocupación. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha paralizado cautelarmente la aplicación de los dos artículos que prohibían a los usuarios de bicicletas discurrir por aceras, paseos o zonas peatonales. Esto implicaría el regreso de las bicicletas.

Se trata de una resolución sin precedentes en España. Sin embargo, el Ayuntamiento, que ya anunciado que recurrirá, entiende que de momento nada cambia,. La prohibición, según interpreta, estaría recogida también por la norma estatal. Esa es precisamente la clave del contencioso: para las asociaciones ciclistas, la normativa estatal no es tan estricta con las bicicletas como lo ha sido el Ayuntamiento con la nueva ordenanza, que entró en vigor el pasado enero.

Colectivos “especialmente vulnerables expuestos diariamente” a un “riesgo objetivo”

El TSJA ordena la suspensión cautelar de los artículos 23 y 24 de la ordenanza de movilidad, hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto. El artículo 23 recoge que “las bicicletas no pueden circular por las aceras, paseos o cualquier otro espacio peatonal”, mientras que el 24 contempla las condiciones de circulación de las bicicletas, que deben circular por carril bici o, de no existir (como es frecuente en Málaga), por la calzada.

En su primera valoración, los magistrados comparten el criterio de la asociación Ruedas Redondas, que interpuso el recurso. “El hecho de desplazar las bicicletas a la calzada evidencia una situación de riesgo objetivo de los conductores de estos vehículos, que están en absoluta desventaja con los vehículos de motor, lo que provoca un elevado riesgo de accidente”, señala el auto judicial.

En los últimos meses el Ayuntamiento ha limitado a 30 kilómetros hora la velocidad máxima en el carril derecho de gran parte de las vías de la ciudad, otorgando preferencia a los ciclistas. Sin embargo, esto no es suficiente para garantizar la seguridad de los ciclistas, según los jueces.

La ordenanza obliga a circular por la calzada a cualquier ciclista, incluyendo “a las familias que pasean con los niños en bicicleta e incluso personas de edad avanzada”, recuerdan los magistrados. Estos colectivos son “especialmente vulnerables”, “dada la escasa velocidad a la que conducen y la mínima capacidad de reacción ante cualquier eventualidad”. De no suspender la aplicación de los artículos que obligan a todos los ciclistas a circular por la calzada, los usuarios estarían “expuestos diariamente a situaciones de riesgo”, concluyen.

“El auto dice lo que llevamos pidiendo al Ayuntamiento por activa y por pasiva desde octubre de 2020, cuando presentaron el primer proyecto de la ordenanza, y posteriormente en nuestras alegaciones, que rechazaron: que hasta que exista una red segura no nos pueden arrojar a los carriles por donde van los coches”, valora José Luis Martín, presidente de Ruedas Redondas.

El Ayuntamiento esgrime un informe de la DGT

A pesar de la advertencia sobre la inseguridad que hacen los magistrados, el Ayuntamiento mantiene su posición, y esgrime la defensa de “los derechos de los peatones”. Según el consistorio, su ordenanza está en línea con el Reglamento de Circulación estatal, de modo que aplicará esta norma mientras se resuelve el contencioso sobre la ordenanza. Para Martín, este anuncio bordea la prevaricación: “Dicen que respetan el auto, pero que van a seguir aplicando lo que ellos interpretan que dice la ley”.

José del Río, concejal de Movilidad, defiende que la norma estatal considera “vehículos” a las bicicletas vehículos, y “como tal no pueden circular por las aceras”. La consideración o no de las bicicletas como “vehículos” del Reglamento de Circulación es el quid de la cuestión. El Ayuntamiento asegura disponer de un informe de la Dirección General de Tráfico que le da la razón. Según ese informe, parcialmente citado por el consistorio, a las bicicletas les son aplicables las normas previstas para los vehículos, incluyendo “taxativamente” la prohibición de circular por las aceras y demás zonas peatonales.

Expertos consultados por eldiario.es/Andalucía no lo tienen tan claro. La reciente modificación del Reglamento de Circulación prohíbe expresamente la circulación por las aceras de los vehículos de movilidad personal, como los patinetes. En cambio, no recoge disposición específica para las bicicletas, por lo que Ruedas Redondas interpreta que en el espíritu de la norma no está asimilar las bicicletas a los patinetes. Para Benjamí Aguilar, técnico de la Red de Ciudades por la Bicicleta, la norma estatal da margen para permitir la circulación de bicicletas en zonas peatonales bajo ciertos criterios. Así ocurre en Sevilla o Barcelona, donde se permite si la acera o zona peatonal tiene un ancho mínimo de 4,80 metros y no hay alternativa de carril bici o zona pacificada.

En cambio, la prohibición en Málaga afecta a cualquier acera o zona peatonal, con independencia de su ancho, la velocidad de las bicicletas o la afluencia de peatones. Esto supone que las familias que salen a pasear con niños deban hacerlo compartiendo carril con coches y camiones, o arriesgarse a una multa.

“Tan solo pedimos que se delimite una zona para las bicicletas y que donde no hay itinerario seguro, se permita que las bicicletas circulen de esa manera. Que prevalezca la seguridad de los ciclistas”. El pasado fin de semana, el Ayuntamiento cedió en uno de los tramos más polémicos. Después de varios fines de semana animando a las familias a pasear en bici por un carril derecho delimitado con conos en paralelo al Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, el Ayuntamiento trazó por fin un carril bici en el paseo.

Una ordenanza polémica

La nueva ordenanza de movilidad de Málaga comenzó a aplicarse en enero, después de años de retraso. El Ayuntamiento alegaba que esperaba una normativa estatal que aclarase qué debía hacerse con los nuevos vehículos de movilidad personal, singularmente los patinetes, que se habían convertido en ubicuos en las aceras de la ciudad, creando a veces situaciones de abuso e inseguridad. Durante años, el Ayuntamiento toleró esta situación, que originó denuncias de colectivos vecinales.

Cuando promulgó la nueva norma, los ciclistas se llevaron las manos a la cabeza. La principal asociación de la ciudad, Ruedas Redondas, la impugnó, denunciando que mete en el mismo saco de los patinetes eléctricos a ciclistas, que han convivido con los peatones sin problemas durante años. También, que se ha regulado con trazo grueso.

Desde entonces, se han celebrado varias bicifestaciones a las que han acudido hasta 8000 ciclistas para protestar su “expulsión” incondicional de las aceras y paseos de Málaga, y el riesgo que supone para ellos utilizar los mismos carriles que el tráfico pesado. Las asociaciones creen que la nueva norma está limitando ya el uso de la bicicleta, y entre los usuarios de la bicicleta las quejas son generalizadas.