Vivienda

Una mujer inicia una huelga de hambre en Málaga ante el próximo desahucio de ella y sus cuatro hijos

Una y otra vez, María Luisa Heredia explica que tiene 38 años, cuatro hijos (de 18, 11, 8 -esta con un grave problema de salud: espina bífida- y 4 años), que cobra el Ingreso Mínimo Vital, y que nadie (ni el Ayuntamiento, ni el propietario, ni ella misma) ha encontrado aún una alternativa para evitar que ella y los cuatro niños se vean en la calle el próximo 8 de mayo. Y cada vez que lo repite, a la mujer se le escapan las lágrimas por verse así.

Ese día, a las 9.30, todos deberán abandonar la casa que habitan desde hace 13 años, localizada en una humildísima barriada malagueña y propiedad de un fondo de inversión inmobiliaria de capital extranjero (coloquialmente, un fondo buitre). Ante la inminencia del desahucio y la falta de soluciones, la mujer se ha plantado este martes a las puertas del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y ha anunciado su intención de iniciar allí una huelga de hambre. “Yo voy adelante, así me cueste mi salud”, ha advertido.

Heredia, que cuenta con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios, ya logró parar in extremis el lanzamiento previsto para el pasado 7 de marzo. Pero desde entonces no ha encontrado alternativa a la vivienda que ocupa, sin ningún título legal, desde hace tanto tiempo. La mujer explica que la ayuda al alquiler que concede el Ayuntamiento de Málaga es insuficiente para los caseros con los que ha contactado, ya que el mercado ofrece para ellos oportunidades más golosas.

La otra opción es la asignación de una de las viviendas propiedad del Ayuntamiento. Luisa lleva diez años inscrita en las listas municipales para participar en un sorteo, pero nunca la han llamado. “No sabemos cómo se hace, y hemos visto familias con muchas más urgencias que las personas que sí la han obtenido”, denuncia Isabel Jiménez, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que pide más transparencia en los criterios de adjudicación de la escasa vivienda pública para garantizarla a quienes más las necesitan.

Ayuda municipal al alquiler, insuficiente para los arrendadores

Con su protesta, Luis Heredia pretende que la propietaria, BTL Spain Residential Acquisitions, un fondo de inversión de capital irlandés, acceda a negociar un alquiler social que le permita mantenerse en el inmueble abonando una renta. Esta fue también la solución sugerida por el director del IMV, que esta mañana salió a atender a la mujer para explicarle que estaba intentando contactar con la propietaria para mediar.

La vivienda está ubicada en Los Palomares, una barriada alejada del centro, con viviendas de escaso valor, algunas de ellas okupadas o en mal estado. BTL adquirió la vivienda de Gramina Homes, la filial inmobiliaria de Caixabank donde acabó gran parte del ladrillo heredado de Bankia. Ninguna de las dos entidades tiene un teléfono al que contactar.

Pero la protesta de Luisa Heredia es también una llamada de atención al Ayuntamiento de Málaga y a otras instituciones con competencias en materia de vivienda. Para facilitar el acceso a familias en situación de exclusión social y necesidad urgente de vivienda, el plan de alquiler social del consistorio contempla la aportación de una cuantía decreciente (empezando por 550 euros mensuales) a quien acredite determinados requisitos. En total, el Ayuntamiento presupuestó 1.095.600 euros para esta actuación en el periodo 2020-2023.

El problema es que la ayuda se abona directamente a los propietarios, pero estos suelen descartar a los potenciales inquilinos que se presentan con la ayuda, según denuncian reiteradamente los posibles beneficiarios de la ayuda. “Yo tengo esa ayuda concedida y no sirve para nada”, dice Saray Mesa, que lleva un año buscando piso para ella y sus dos hijos menores. “La inmobiliaria me dijo que no me cogían porque el Ayuntamiento tarda seis meses en pagarla”, comenta, mientras muestra decenas de conversaciones a través de la aplicación de Idealista o Whatsapp. “Lo reviso”, le dice una inmobiliaria en relación con los papeles de la ayuda. Hasta hoy.

El mercado de alquiler, en máximos

A la falta de efectividad de la ayuda contribuye también el encarecimiento de los precios del alquiler, particularmente acusado en Málaga, donde han subido un 19,4% en el último año, según los datos de Idealista. Alcanzó el pico de la anterior burbuja inmobiliaria en noviembre, según Fotocasa, y desde entonces ha seguido subiendo. El tema está en cualquier conversación de calle: apenas se ofertan pisos por menos de 900 euros y cualquier anuncio acumula decenas de solicitudes en apenas minutos.

En el recalentamiento del mercado inmobiliario en la capital de la Costa del Sol juegan factores diversos: el posicionamiento de la ciudad como destino para trabajadores pudientes (nómadas digitales, trabajadores tecnológicos), la escasez de obra nueva asequible o la detracción de un gran número de viviendas para el alquiler turístico: 9.006 a 18 de abril, según el Registro de la Junta de Andalucía. Son unas 800 viviendas turísticas más que en noviembre, lo que significa que cada semana 37 viviendas salen del alquiler residencial para incorporarse al turístico en Málaga capital.

Asunto electoral

La situación del mercado inmobiliario es el principal tema de la precampaña de las próximas elecciones municipales. El Ayuntamiento, liderado por Francisco de la Torre (PP), cifra en 8.600 el número de solicitantes de vivienda pública, y ha dado el primer paso para aprobar un nuevo plan municipal que contempla la construcción de 8.900 nuevas en los próximos cinco años: 4.100 protegidas (2.700 en alquiler y 1.400 en venta) y 4.800 libres. Se han construido 412 en los últimos diez.

Por su parte, el PSOE calificó este plan de “bluf”, y promete que el consistorio construirá 10.000 V.P.O. a precio asequible si Daniel Pérez se convierte en alcalde. Pérez, que acusa a De la Torre de “primar la especulación” facilitando la construcción de grandes torres “que solo pueden pagar fondos de inversión y millonarios”, lleva tiempo alertando del “éxodo” de malagueños que no pueden afrontar el precio de la vivienda.

“Estamos en una emergencia habitacional, porque los fondos buitre están aterrizando en barrios populares para especular”, alerta Rosa Galindo, de Verdes Equo. En este contexto, el plan anunciado por el Gobierno central para ofrecer las viviendas de la SAREB apenas serviría para paliar la situación en Málaga, pues el “banco malo” apenas tiene 102 viviendas en la capital. Tiene también 50 unidades de suelo donde podría construir.

“Me veo en esta situación desesperada, y no tengo más remedio que hacer una huelga de hambre y llegar hasta el final”, dice Luisa Heredia, segundos antes de unirse, de nuevo con lágrimas en los ojos, a la protesta que clama frente al Instituto Municipal de la Vivienda: “¡Sí se puede, pero no quieren!”.