Moreno alardea del pacto por Doñana en la cumbre del clima tras dos años impulsando la ley para amnistiar regadíos ilegales

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha sacado pecho del “pacto por Doñana” suscrito con el Gobierno de España, destacándolo como un “ejemplo de protección de la biodiversiudad” ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP28, que se clausura esta semana en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

El pasado 27 de noviembre, la Junta de Andalucía y el Ejecutivo central sellaron un acuerdo para la primera retirase la proposición de ley para regularizar cultivos de regadío ilegales en la corona norte de Doñana, a cambio de un plan socioeconómico para la comarca onubense dotado con 350 millones de euros [más otros 350 millones ya comprometidos para inversiones hídricas]. El pacto contempla el pago de hasta 100.000 euros por hectárea para los agricultores que eliminen sus invernaderos, y algo menos para quienes reconviertan sus cultivos de frutos rojos en cultivo de secano o forestal.

El pacto puso fin a dos años de enfrentamientos entre el Gobierno socialista y la Junta, desde que Moreno respaldó la ley registrada en el Parlamento por PP y Vox que implicaba ampliar la superficie de regadío en el entorno de Doñana, pese a la crisis de sequía que afecta a la zona. La iniciativa fue protestada y combatida duramente, no sólo por el Gobierno de Pedro Sánchez, sino por la Comisión Europea, que amenazó con sanciones millonarias a España, por la Unesco, que advirtió del riesgo de que Doñana perdiese el sello de Patrimonio de la Humanidad, y por gran parte de la comunidad científica, que firmó un manifiesto en contra de la ley.

Dos años después -y tres procesos electorales, todos beneficiosos para el PP andaluz- Moreno selló la paz con la vicepresidenta y ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, en el arranque de una legislatura que la dirección nacional de su partido considera “fallida”, en tanto cuestiona la legitimidad de la ley de amnistía y otros acuerdos pactados por Sánchez con los independentistas catalanes a cambio de su investidura.

Descrédito internacional

En este tiempo, el presidente andaluz ha visto cómo su ley de regadíos en el entorno de Doñana desacreditaba internacionalmente su discurso ambiental, su “revolución verde”, y le presentaba como un dirigente más preocupado por que la ultraderecha le comiese el terreno en el voto rural y de los agricultores. PP y Vox fueron de la mano con una ley que permitía recalificar terrenos -de secano a regadío- de unos agricultores que vienen desde hace años esquilmando de forma ilegal el ya sobreexplotado acuífero de Doñana. Una zona que, a juicio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir -responsable de autorizar los permisos de riego- “ni siquiera tiene agua ya para los cultivos legales”

Durante su intervención en un acto organizado por la COP28 del Comité de las Regiones de la Unión Europea, organismo del que es vicepresidente, Moreno ha puesto en valor ese acuerdo y ha hablado de Doñana como una “joya medioambiental”. Ha recordado que, desde hace bastantes años, había un problema entre la protección de Doñana y el legítimo desarrollo de municipios que rodean el parque, aunque no ha mencionado el Plan de la Fresa que estaba en vigor.

Ante ello, el Gobierno central y la Junta, según ha añadido, en un objetivo de interés general se han entendido y han firmado un acuerdo por Doñana “que es histórico” y ante el que los distintos signos políticos de ambas administraciones no han sido un “obstáculo”. Se trata, según ha explicado, de un acuerdo que hará posible un futuro progreso social de los municipios de la zona, pero siempre protegiendo esa joya natural que es el parque de Doñana. “Este es el camino; con voluntad, con diálogo, con audacia y con enorme dosis de generosidad. Querer es poder”, ha apuntado, informa Europa Press desde Dubai.

El PSOE de Andalucía ha acusado este lunes al presidente andaluz de “hacer el ridículo” durante su participación en la cumbre del clima y ha criticado que reclame más recursos al Gobierno de España cuando deja sin ejecutar parte de la “ingente cantidad” de fondos de los que ya dispone la administración andaluza para hacer frente al “desafío climático”.