El PSOE-A retira la proposición de ley de educación gratuita de 0 a 3 años para presentarla “con la impronta de la nueva dirección”

La eliminación del debate final de la proposición de ley para tramitar en la Mesa del Congreso de los Diputados para la implantación de la educación gratuita de 0 a 3 años es la primera consecuencia de la acción de la nueva dirección del grupo del PSOE en el Parlamento de Andalucía. Era el punto tercero del orden del día en el pleno que ha empezado este miércoles, pero ha sido retirado por los propios proponentes con el objetivo de darle la impronta de la nueva dirección tras la toma de las riendas por Juan Espadas, con quien han cambiado todos los portavoces del grupo para estrenarse ya en este pleno y ratificar el fin de la era Susana Díaz.

Pero a su vez supone posponer un debate incómodo para el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien el pasado mes de octubre reconocía que el primer ciclo de educación infantil “es una de las asignaturas pendientes en nuestro país”. Como se trata de reformar la Ley Orgánica de Educación, se ha recurrido a la vía de proposición de ley para la Mesa del Congreso, en un contexto en el que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha elevado a más de 2.000 millones de euros la inversión necesaria para la escolarización gratuita y universal a esa edad.

Fuentes del grupo del PSOE han explicado que han pedido la retirada porque quieren renegociarla “con la nueva directriz de búsqueda de diálogo y máximo consenso” en la “oposición constructiva” que quiere implantar el recientemente elegido candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía y, a falta de la renovación en la secretaría general del partido, la persona que ejerce el liderazgo en la formación. Las mismas fuentes han confirmado que se volverá a elevar para su debate, pero tras abordar más a fondo “las enmiendas hechas desde los distintos grupos”, pero sin dar más detalles.

Lleva más de dos años de tramitación

Esta propuesta lleva ya más de dos años de tramitación (incluido el año de pandemia), toda vez que fue elevada para su toma en consideración en marzo de 2019. El trámite de este miércoles era el último para enviarla a la Mesa del Congreso, donde, de cumplir los requisitos para ser considerada, debe ser defendida por una delegación de un máximo de tres miembros del Parlamento de Andalucía. Su aprobación obligaría a la transferencia a las comunidades autónomas del “crédito suficiente para garantizar la gratuidad del servicio de atención socioeducativa, incluido el comedor escolar”, de los matriculados “en el primer ciclo de la educación infantil, tanto en centros públicos como en privados”.

En la propuesta se recuerda que las comunidades autónomas vienen fomentando la educación infantil de primer ciclo y, aunque esta enseñanza no forme parte de las declaradas obligatorias y gratuitas, se han fijado como objetivo promover la oferta de plazas de 0 a 3 años, de manera que el servicio pueda extenderse y prestarse a más niños cada año. Se trata de una medida de conciliación, pero también se alega que “la escolarización a una edad temprana estimula las habilidades cognitivas y favorece el rendimiento escolar posterior”. Sin embargo, en la actualidad resulta inaccesible a muchas familias por su precio, lo que “imposibilita la consecución de los objetivos de igualdad entre hombres y mujeres de la Estrategia Europa 2020”.

La Junta de Andalucía lo ha prometido para la próxima legislatura

El Gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía, de hecho, han prometido ir incrementando cada año las partidas para subvencionar esta escolarización y estima que la autonomía llegará a todos los niños en el curso 2023-2024, pero es un compromiso, no una obligación, y en cualquier caso para la próxima legislatura. En este sentido, el Consejo de Gobierno manifestó su criterio favorable para la tramitación de la proposición de ley del PSOE porque “va en consonancia con las medidas que se están llevando a cabo en esta materia en el ámbito de las competencias autonómicas”.

De hecho, el PP en el Congreso de los Diputados ya registró una proposición de ley en este sentido. Es más, existe un consenso generalizado sobre la necesidad de esta garantía pero que se enfrenta a la necesidad de presupuesto y de tener en cuenta posibles consecuencias, empezando por su impacto en las actuales guarderías que ofrecen este servicio previo pago de las familias o mediante conciertos. En esta línea, la secretaria general del PP-A, Loles López, ha afirmado que su formación extendería la gratuidad a la etapa “contando para ello con las escuelas infantiles” existentes, de manera que no suponga un varapalo para las mismas.