Aragón presenta el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han presentado este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía en Cataluña, La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha asegurado que el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía en Cataluña que ha interpuesto el Gobierno de Aragón este lunes forma parte del “compromiso” de defender los intereses de los ciudadanos y “parar todas las tropelías e ignominias” que está cometiendo el Ejecutivo central, liderado por Pedro Sánchez.

Así lo ha expresado Vaquero, que ha incidido en la necesidad de “defender los intereses de todos los aragoneses”, porque en el pacto entre el PSOE y Junts per Catalunya, firmado el 9 de noviembre de 2023 en Bruselas, no solamente incluía la aprobación de la Ley de Amnistía a cambio de hacer presidente a Sánchez, “que es la mayor ignominia que se ha cometido contra los principios de igualdad de todos los españoles”, sino que también “el compromiso para celebrar un referéndum de autodeterminación y la modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas”. “Vemos cómo se está llevando a cabo un acuerdo singular de financiación para Cataluña en contra de los intereses, nuevamente, de todos los aragoneses”, ha lamentado la vicepresidenta del Gobierno autonómico.

El recurso presentado por el Gobierno de Aragón se basa en dos ideas fundamentales. Por un lado, “en la vulneración del principio de exclusividad e independencia del Poder Judicial y de la separación de poderes” y, por otro, “en la vulneración de los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, seguridad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que conlleva la infracción de la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”.

El texto presentado por el Gobierno de Aragón considera que se produce “una quiebra total del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 1 de la Constitución, por vulneración del valor superior de la justicia y el principio de separación de poderes, de modo que se excluye del control judicial al poder político”.

De acuerdo con el texto constitucional, corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con independencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo admitiéndose como única excepción el indulto individual. Vaquero ha recordado que el recurso de inconstitucionalidad que se ha interpuesto forma parte del “compromiso que hemos mantenido siempre de salvaguardar y defender los intereses de todos los aragoneses”. Ha indicado que el Consejo Consultivo de Aragón, el órgano supremo de carácter consultivo, reconoce la legitimidad del Gobierno autonómico para interponer el recurso de inconstitucionalidad.

Principio de igualdad

Además, el recurso presentado por el Gobierno de Aragón considera que existe “una flagrante vulneración del principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley, que tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del estado, garantizado en los artículos 14 y 139 de la Constitución, al verse beneficiadas determinadas personas de una impunidad que, como se ha visto, no se encuentra amparada en la Constitución”.

Se excluye la aplicación de Legislación Punitiva --penal, administrativa y contable-- “para unos concretos ciudadanos vinculados a una motivación política en la comisión de los delitos, restringida, además, a una concreta parte del territorio español --Cataluña-- y para un período de tiempo determinado --fijado arbitrariamente o sin razonada motivación--, frente al resto de los ciudadanos españoles”.

Tras el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, el Gobierno de Aragón considera que, tanto su institución como las Cortes de Aragón están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica de Amnistía, una vez que ésta sea aprobada, dado que “afecta a los intereses aragoneses derivados de las relaciones históricas, económicas, sociales y culturales que la Comunidad Autónoma mantiene con la de Cataluña, tal y como se refleja en el Estatuto de Autonomía de Aragón, además de incidir en la unidad de la nación española de la que forman parte Cataluña y Aragón”.