El caso Grúas contra el expresidente canario Fernando Clavijo pasa a manos del Supremo

El caso Grúas, abierto en un juzgado de Tenerife contra el expresidente de Canarias Fernando Clavijo, pasa a manos del Tribunal Supremo. El alto tribunal español ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna la remisión de la causa a Madrid dada la condición de aforado del ahora senador por la Comunidad Autónoma, desde su designación por el Parlamento de Canarias en 2019. Su partido, Coalición Canaria, decidió enviarlo a la Cámara Alta después de que los nacionalistas perdieran las elecciones y el poder en la Comunidad Autónoma tras 26 años.

Una providencia de la jueza instructora, Celia Blanco, fechada el pasado jueves, accede a la petición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo interesándose por el testimonio íntegro de la causa que investiga presuntas irregularidades y tratos de favor de Clavijo en la concesión administrativa de la servicio municipal de recogida de vehículos, cuando era concejal de Seguridad y después alcalde de La Laguna.

La magistrada ha decidido remitir la causa sin haber respondido a las peticiones de las acusaciones y el Ministerio Fiscal de que desglosara lo concerniente a Fernando Clavijo y se remitiera solo su parte al Supremo, dejando en manos de la instructora los hechos delictivos que se investigan en cuanto a otros políticos y técnicos que no son aforados, como el también exalcalde de La Laguna José Alberto Díaz.

La causa, que ha pasado de manos del juzgado instructor al Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuando Fernando Clavijo se convirtió en presidente regional en 2015, y de nuevo al juzgado de La Laguna al entrar en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía canario que eliminó a finales de 2018 el aforamiento a diputados y autoridades autonómicas, se remite ahora al alto tribunal estatal tras el salto político del expresidente hasta el Senado, entendido también como una nueva estrategia de aforamiento.

Así, la Sala Segunda del Tribunal Supremo conocerá a partir de ahora un caso que cuenta con unos penúltimos informes de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, en noviembre pasado, pidiendo ampliar los cargos a Fernando Clavijo por presunta prevaricación continuada y malversación de caudales públicos.

La fiscal Anticorrupción de la provincia occidental canaria, María Farnés Martínez, emitió en ese momento un demoledor informe contra el actual senador de CC, a raíz de los testimonios de en el juzgado instructor de La Laguna del primer dueño de la empresa adjudicataria del servicio, que lo señaló como “el jefe” que ordenó que su empresa pasara a manos de amigos y protegidos del entonces alcalde de La Laguna, para poder continuar de forma rentable y regular con el servicio de grúas.

Al mismo tiempo que se ha venido tomado declaración en el juzgado instructor al antiguo propietario y empleados de Autogrúas Poli, la mercantil objeto de investigación en este presunto caso de corrupción que ha acompañado a Fernando Clavijo desde su salto a la política regional en 2015, el ahora senador ha intentado en vano que no se diera validez a esas testificales, reclamando la remisión de su caso al Supremo, o anteriormente, que volviera a instruirse en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La propia jueza del caso Grúas ha avalado la validez de esos testimonios, dado que en ese momento el Supremo no se había pronunciado, como lo hace ahora, sobre su condición de aforado.

Los testigos que desfilaron ante la instructora del caso Grúas los días 14 y 15 de noviembre apuntalaron la acusación contra Clavijo, al acreditar los vínculos personales entre el entonces alcalde y el grupo de trabajadores que acabó adquiriendo la empresa concesionaria y al que concedió un préstamo y prorrogó el contrato a pesar de que la sociedad se encontraba en situación de insolvencia, acumulaba cuantiosas deudas e incumplía numerosas cláusulas del pliego, entre ellas la de disponer de la tarjeta de transporte, indispensable para poder operar.

Especialmente duro para los intereses del expresidente canario fue el testimonio del primer dueño de Autogrúas Poli, José Padilla, que relató las presiones a las que fue sometido, primero para que contratara a los trabajadores que finalmente se hicieron con el control de la empresa, y después para que vendiera las participaciones, una acción que terminó ejecutando, según sus propias palabras, después de que el Ayuntamiento le ahogara económicamente al retrasar los pagos por la prestación del servicio.