Carrera contra el BOE en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se ha embarcado en una carrera contrarreloj contra el Boletín Oficial del Estado (BOE) para intentar resolver la posible imputación penal del presidente del Gobierno autonómico antes de que se publique el nuevo Estatuto de Autonomía y queden suprimidos los aforamientos para los miembros del Ejecutivo y los parlamentarios regionales. Fernando Clavijo se encuentra en manos del TSJC desde agosto pasado, cuando una jueza de instrucción de la ciudad de La Laguna elevó una exposición razonada al encontrar indicios de delito en su actuación durante el tiempo que fue concejal y alcalde de la ciudad en el llamado caso Grúas.
Clavijo y dos de sus concejales, uno de ellos su sustituto al frente de la alcaldía (todos ellos de Coalición Canaria), fueron denunciados por varios concejales de la oposición por las gestiones que realizaron con la empresa municipal de retirada de vehículos de La Laguna, primero privatizándola, luego presionando para que quedara en manos de sus empleados (algunos de ellos amigos de Clavijo), luego concediéndole un préstamo con fondos municipales y finalmente ampliándole la concesión en lugar de rescatarla cuando presentaba ruina. Todo ello de espaldas a los informes del interventor del Ayuntamiento. El actual alcalde y el portavoz de Coalición Canaria se encuentran ya imputados.
El presidente de Canarias siempre ha defendido su inocencia, incluso cuando la causa llegó al TSJC. Pero la aprobación la semana pasada en el Senado del nuevo Estatuto de Autonomía, el primero de España que acaba con los aforamientos, ha provocado que en Presidencia del Gobierno haya cundido el pánico. La posibilidad de que la causa regrese a los juzgados de La Laguna, y por extensión, a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde habrán de dilucidarse los recursos y, en su caso, celebrarse el juicio, ha activado los mecanismos de ataque y de defensa.
El ataque de los abogados de Clavijo se ha dirigido a la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, que ha recibido durísimas críticas en un escrito presentado el pasado lunes. En él, el presidente reprocha al Ministerio Público no haberse pronunciado aún respecto a la competencia del tribunal y al contenido de los posibles delitos cometidos. En ese escrito se habla claramente de “irregularidades” que habrían desembocado en “una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, no solo por retardo injustificado de las actuaciones, sino también para una injustificada alteración del órgano competente para conocer el asunto”. Lo que viene a significar que Clavijo señala a la Fiscalía como responsable de una acción encaminada a que la causa regrese a los tribunales ordinarios de justicia, ajenos a los aforados.
Precisamente aprovechando que todavía goza de esta condición, el presidente de Canarias reclama del TSJC el sobreseimiento total de la causa en un segundo escrito que tuvo entrada este miércoles en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello indica que los hechos que motivaron la denuncia, la imputación de otras dos personas y la exposición razonada “son falsos” y por lo tanto, no pueden ser delictivos.
La defensa de Clavijo quiere que la decisión del tribunal vaya en la única dirección del archivo porque la otra opción, la de que se abran contra él diligencias penales, supondría la inmediata remisión a los juzgados de La Laguna en cuanto entre en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía en cuestión de unos pocos días en cuanto se publique en el BOE. Solo le vale al presidente un sobreseimiento, y de ahí las prisas, porque ninguna causa viva contra un aforado podrá mantenerse en un alto tribunal a no ser que ya estuviera decretada apertura de juicio oral, y no es el caso.
Hasta este miércoles todo hacía pensar que el TSJC pretendía desentenderse de este asunto y devolverlo a La Laguna, pero la presión ejercida por el presidente del Gobierno ha motivado un cambio de opinión. De inmediato, la Sala de lo Civil y Penal ha dictado una providencia ordenando a la Fiscalía un pronunciamiento sobre Clavijo en el plazo improrrogable de cinco días, y todo el mundo da por hecho en ese tribunal que habrá una resolución en breves fechas.
La respuesta de los denunciantes
El giro dado este miércoles por el TSJC, que la semana pasada había anunciado que no tomaría ninguna decisión respecto al caso Grúas ante la inminencia del nuevo Estatuto de Autonomía, provocó la inmediata reacción de algunos de los denunciantes. La asistencia letrada de varios de ellos confirmó a este periódico que este mismo viernes, a primera hora de la mañana, tendrá entrada en el TSJC un escrito con varios puntos. El primero de ellos consistirá “en recordarle al señor Clavijo y al TSJ que la entrada en vigor de un nuevo Estatuto de Autonomía no es una plaga bíblica sino la manifestación de un mecanismo de participación democrática popular que se ha traducido en una nueva ley orgánica” que entrará en vigor los próximos días, “y que acaba con los aforamientos, que en este caso parece querer ser usado por el presidente Clavijo como si fuera un privilegio del que no se quiere desprender”. A su juicio, el tribunal que se ocupa de las causas de los aforados “no debe entrar en el fondo de este asunto, que todavía tiene mucho recorrido y muchas cosas pendientes de investigar”.
“Es el propio TSJC el que en su nota de prensa [emitida este miércoles] retrata lo que Clavijo reclama: antes de que entre en vigor el Estatuto de Autonomía, y por lo tanto perder el aforamiento, lo que pretende es que archive globalmente la causa”, sostienen.
Los denunciantes se opondrán a las peticiones expresadas por Clavijo en su escrito, recordando al TSJC que el presidente de Canarias, exalcalde de La Laguna, no está bajo sospecha solamente por concederle un préstamo sospechoso a la empresa concesionaria de las grúas, sino “por un tráfico de influencias y por haber levantado los reparos del interventor a la prórroga a la ampliación de la concesión”, en manos de unos trabajadores entre los que se encontraban varios amigos del presidente.
Además, los denunciantes afirman que están estudiando “muy en serio” presentar a primeras horas del viernes un escrito de recusación contra el presidente del TSJC, Antonio Doreste, “no solo porque fue consejero [de Industria] en un Gobierno de Coalición Canaria, sino también porque Coalición Canaria lo promovió, primero para que fuera presidente del Consejo Consultivo de Canarias (2002-2005) y luego para presidir el TSJC frente a otros candidatos (2014 hasta la actualidad). Por lo tanto, su garantía de imparcialidad está en entredicho”, ha declarado Santiago Pérez, uno de los denunciantes.
