Dimiten el gerente y el subdirector de Gestión Económica del SCS acusados de irregularidades en la contratación

Las supuestas “irregularidades” en distintos contratos adjudicados por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) a lo largo de la presente legislatura, que viene ocupando la actividad parlamentaria y centrando el debate político en las últimas semanas, se ha cobrado las primeras bajas con la dimisión de los dos responsables sanitarios señalados por las anomalías denunciadas insistentemente por la oposición.

Según ha confirmado a última hora de esta tarde a través de un comunicado de prensa la Consejería de Sanidad, el Gobierno de Cantabria ha aceptado definitivamente la dimisión del gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y del subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez.

Los ceses de ambos responsables de este organismo público serán aprobados por el Consejo de Gobierno en su reunión semanal de este próximo jueves 31 de mayo. Asimismo, el Ejecutivo ha anunciado que también analizará en esa sesión el informe encargado a la Inspección de Servicios Sanitarios sobre las presuntas irregularidades de contratación administrativa en el SCS, un informe que se ha dilatado en el tiempo más de lo previsto y al que se agarraba el bipartito PRC-PSOE antes de tomar ninguna decisión sobre este asunto.

Además, el Gobierno ha confirmado que ya se ha tramitado su envío tanto a la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria como a la Intervención General. Por su parte, la consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), ha solicitado comparecer ante la citada comisión parlamentaria para informar al respecto, aunque ya lo había hecho la pasada semana en una sesión en la que todos los grupos de la oposición fueron muy críticos con sus explicaciones.

Las supuestas irregularidades en el SCS fueron denunciadas por una funcionaria a través de un correo electrónico a sus superiores, un mail que fue ignorado en un primer momento y estuvo durante semanas sin provocar ninguna reacción hasta que se hizo público en los medios de comunicación. A partir de ahí, tanto Izquierda Unida como el Partido Popular llevaron el asunto a la Fiscalía para que investigue y Ciudadanos había comenzado este mismo lunes los trámites para desarrollar una comisión de investigación en el Parlamento de Cantabria.

“Ni ilegalidades ni trato de favor”

Julián Pérez y Francisco Javier González Gómez, que ofrecieron una rueda de prensa nada más conocerse el escándalo y pasaron posteriormente por la Cámara regional para dar sus explicaciones, han defendido insistentemente su gestión y han asegurado que “no ha habido actuaciones ilegales ni trato de favor” a terceros en la gestión del SCS, al tiempo que han reconocido que ha podido “haber incidencias o errores administrativos, pero nunca una ilegalidad”.

Los máximos responsables del Servicio Cántabro de Salud han señalado en sus distintas comparecencias que las acusaciones de irregularidades en las adjudicaciones vertidas por una funcionaria y apoyadas especialmente por el PP son “una campaña política” encabezada por esta formación para “echar sombras sobre la gestión” de este departamento dependiente de la Consejería de Sanidad que dirige María Luisa Real ante la “proximidad de las elecciones”.

Además, el subdirector de este organismo anunció la presentación de una demanda contra la jefa de Contratación por “injurias y calumnias” que atentaban “contra su derecho al honor”. Ahora, sin embargo, ambos dirigentes toman la puerta de salida antes siquiera de que se conozca el contenido concreto de las pesquisas que había comenzado a realizar el Gobierno de Cantabria.

“Situación personal insostenible”

María Luisa Real, que ha atendido a los medios unos minutos después de conocerse la noticia, ha achacado los ceses del director gerente del Servicio Cántabro de Salud y del subdirector de Gestión Económica a que “están viviendo un momento personal muy duro” tras las idenunciadas en los contratos del SCS, que “hace que ambos estén atendiendo continuamente a sospechas” y consideran que esta situación es “insostenible”.

Además, su presencia al frente del servicio “no beneficia en este momento al Servicio Cántabro de Salud”, ha agregado la máxima responsable de la Consejería después de conocerse las dimisiones, a preguntas de los periodistas al finalizar el Pleno del Parlamento.

En esta misma comparecencia, sobre el expediente informativo encargado en el seno de su departamento sobre las supuestas irregularidades en las adjudicaciones, ha asegurado que en el informe “aparecen algunos errores y algunas incidencias contractuales que hay que valorar”. “Pero no van más allá de incidencias contractuales, como en cualquier auditoria”, ha asegurado la consejera, que ha desvinculado las marchas del informe.

Según ha subrayado, las dimisiones presentadas este mismo lunes obedecen a que Pérez Gil y González “en lugar de estar gestionando, tienen que estar continuamente atendiendo a esas situaciones”. “Por eso han pedido cesar en sus cargos”, ha insistido la consejera, para añadir que le ha parecido “razonable” aceptarlo.