La Junta de Castilla y León no puede acceder a los gastos de funcionamiento del Hospital de Burgos

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha desvelado este lunes que la Junta le ha transmitido que no puede acceder al detalle de los gastos de funcionamiento del Hospital Universitario de Burgos, después de que PSOE y Podemos le hayan criticado por la escasez de información al respecto que ha incluido en un informe sobre la Gerencia Regional de Salud que se centraba en ese hospital.

Ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, donde ha presentado el “Informe de fiscalización financiera de la Gerencia Regional de Salud, con especial referencia a los pagos realizados como consecuencia del contrato para la construcción y gestión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU)”, Amilivia se ha escudado en que sí solicitó información a la Consejería de Sanidad, pero esta le respondió con la imposibilidad de conseguir ese desglose de gastos.

El Hospital de Burgos fue construido mediante la fórmula concesional, según la cual un grupo de empresas asumirían el coste de su construcción a cambio de gestionar los servicios no sanitarios del centro hospitalarios y la recepción de un canon anual que supera ya los 90 millones (2022) y con una rentabilidad garantizada de al menos el 7 por ciento para las empresas, que debe asumir el presupuesto público de la Comunidad. 

Ante las críticas de la oposición, Amilivia ha detallado que fue el 26 de julio de 2023 cuando la Gerencia Regional de Salud respondió a su requerimiento de información detallada con argumentos como que no hay “argumento jurídico para exigir a la concesionaria los datos de contabilidad interna”, ya que las empresas privadas no están obligadas a publicarlos, a la vez que añadía que, de conseguirlos, “no resultarían comparables” a los de otros hospitales de la Comunidad.

“El Consejo ha cumplido con su papel y está trayendo información relevante”, ha resumido Amilivia para responder a la procuradora del PSOE, Rosa Rubio, y al procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ante quienes también ha argumentado que el informe tenía como objeto principal la Gerencia Regional de Salud, al implicar un tercio del presupuesto total de la Comunidad.

La socialista Rosa Rubio ha considerado “vergonzoso” que un informe que lleva en su título la especial atención sobre el HUBU dedique “dos hojas de 137”, sin aportar luz donde no la hay en materia de transparencia sobre el destino final de los recursos públicos, tras 1.700 millones de euros aportados para el HUBU y con los pagos pendientes hasta 2036, a razón de más de 80 millones de euros al año en concepto de canon.

“Con todos mis respetos, estoy bastante abochornada, es una broma de mal gusto, una tomadura de pelo”, ha resumido Rubio, quien ha criticado que Amilivia ni siquiera haya hecho mención al incremento experimentado en el canon del HUBU durante los últimos años, al pasar de 83 millones en 2019, a 82 en 2020, a 88 millones en 2021 y a 91 millones en 2022.

En su réplica, Amilivia ha reconocido que la respuesta dada por la Gerencia resultó “insuficiente”, aunque dentro de un marco contractual al que se refería en su respuesta, a la vez que ha remarcado que recurrir a la fórmula concesional para construir este hospital es una “fórmula jurídicamente aceptable”.

En el caso del representante del PP, Emilio José Berzosa, ha reconocido que en el informe existe “puntos de mejora” pero se da como “correcto” el control financiero de la Gerencia y el propio HUBU, sobre el que ha conminado a la oposición a acudir a los tribunales de justicia para denunciar las irregularidades manifestadas hoy.

Para Berzosa, el HUBU es “un orgullo” para Castilla y León porque ofrece un “servicio de máxima calidad”, aunque no ha analizado lo expresado por Amilivia sobre la imposibilidad de acceder al desglose de los gastos de funcionamiento del hospital.

Por parte de Vox, la procuradora Rebeca Arroyo se ha limitado a pedir que las cuentas estén “claras” para evitar este tipo de dudas sobre el funcionamiento del HUBU, a la vez que ha considerado preocupantes otras circunstancias contables desveladas en el informe, como la disparidad en la contabilidad de los saldos con la Seguridad Social.

El procurador de la UPL José Ramón García ha observado en las cuentas “más oscuros que claros” y, sobre el HUBU, ha considerado que “llama bastante la atención la millonada” que la Junta paga cada año, sin que el resultado sea “tan bueno”, a la vez que ha pedido que se cambie el nombre de la Gerencia para asumir que no es Regional sino autonómica.

El representante del Grupo Mixto por Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha cargado contra la “privatización” del HUBU, que ve como “aberrante” por suponer cada año más de 80 millones de euros transferidos desde las arcas públicas a las empresas privadas que lo construyeron y que prestan los servicios privatizados en esas instalaciones, con hasta 88 millones abonados en 2022, que ha calificado de “latrocinio” favorecido por la Junta y el PP.E