El Tribunal Supremo confirma que la Junta de Castilla y León debe elaborar planes de calidad del aire

El Tribunal Superior de Justicia obligó a la Junta de Castilla y León a elaborar planes de calidad del aire para zonas específicas en las que “supere cualquier límite o valor objetivo”. El Ejecutivo autonómico recurrió al Tribunal Supremo, que confirma esta obligación de elaborar y aprobar planes de calidad del aire para las zonas de Salamanca, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, Sur y Este de Castilla y León, en las que se superaron los límites de ozono troposférico entre los años 2010 y 2014. Estas zonas suman una superficie de 75.500 kilómetros cuadrados y una población de 1,7 millones de habitantes.

La Junta aprobó en junio una nueva Estrategia para la Mejora de la Calidad del Aire para la próxima década que “no sustituye al plan o planes de calidad que la Comunidad deba aprobar cuando se supere cualquier límite o valor objetivo”, auguraba hace meses el Consejo Económico y Social. Una Estrategia que los ecologistas rechazaron porque la consideran “vacía de contenido”, elaborada para “aparentar ante la población y ante los tribunales que la Junta está haciendo algo”.

A partir de ahora, la Junta deberá elaborar estos planes de calidad del aire en cumplimiento con la ley, que obliga a las autonomías a aprobar planes de calidad del aire para esas zonas en las que los niveles de contaminantes superen cualquier valor límite u objetivo. En esta ocasión, la Junta no ha remitido a los medios un comunicado para informar de este asunto, como sí ha hecho en ocasiones anteriores en las que la Justicia le ha dado la razón.

Los planes no están vinculados al Gobierno

El Tribunal Supremo desestima el recurso de la Junta y ratifica la obligación de la Junta. Estos planes de calidad del aire no están vinculados a la elaboración previa de planes estatales. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dirigida por Juan Carlos Suárez Quiñones, recurrió al Supremo porque entendía que antes de elaborar planes, el Gobierno nacional debía elaborar los suyos. La Junta creía que no tenía obligación de elaborar y aprobar los planes de calidad del aire de modo autónomo y al margen de las iniciativas estatales.

El Alto Tribunal no coincide con la Junta y señala que en este aspecto se trabaja en base a los principios de “cooperación y colaboración” entre Administraciones y no de manera “subordinada y jerárquica”. “Cada una de las Administraciones viene obligada por la norma a su elaboración, en la medida que en al ámbito de sus competencias concurren las circunstancias, mediciones y valoraciones que imponen y hacen necesaria su adopción”, agregan los magistrados del Tribunal Supremo.

En su justificación, la Junta de Castilla y León señala que la problemática del ozono -que motiva la necesidad de elaborar planes de calidad- es una cuestión “muy compleja” donde la comunidad científica se encuentra “lejos de comprender su fenomenología” de manera que permita a las Administraciones adoptar “decisiones eficaces sobre la actividad humana generadora de emisiones contaminantes”. “Dado el carácter trasfronterizo de este contaminante, las medidas locales tienen muy poca incidencia sobre la presencia de esta sustancia en la atmósfera”, defiende el Gobierno autonómico, según figura en la sentencia.

El Supremo rechaza que haya “inactividad” por parte del Gobierno en este asunto y destaca que autonomías y administraciones locales han elaborado “los correspondientes planes y programas en el ámbito de sus competencias”. El Alto Tribunal apunta a los planes Nacional de Caldiad del Aire 2013-2016 y del Aire II 2017-2019, en los que se valora y adopta medidas respecto a diversos contaminantes, incluido el ozono.

La Junta acudió al Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia estimara un recurso de Ecologistas en Acción. Esta ha sido la primera vez que un Juzgado ha obligado a una Administración a elaborar planes de calidad del aire para el ozono en base al derecho nacional.