Una concejala de Colau, a un paso de ir a juicio por acusar a una inmobiliaria de “coaccionar y asustar” a los vecinos
La concejala del distrito de Ciutat Vella de Barcelona, Gala Pin (que no aspira a la reelección), ha quedado a un paso de ir a juicio por un presunto delito de calumnias contra la inmobiliaria MK Premium. La titular del juzgado de instrucción 4 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha considerado que existen suficientes indicios para que Pin se siente en el banquillo.
La decisión de la jueza supone un nuevo capítulo en el contencioso que mantienen la empresa y el consistorio a cuenta de las operaciones de la inmobiliaria. MK Premium es una de las empresas que compra edificios enteros en Barcelona con vecinos que todavía viven allí pero a quienes se les está a punto de terminar el contrato de alquiler, práctica que en algunos casos se ha topado con la resistencia de inquilinos y la oposición del Ayuntamiento.
Uno de estos casos, el de la calle Lancaster, motivó un agrio enfrentamiento en TV3 entre Pin y el administrador de MK Premium, Daniel Leiva. Pin acusó a los responsables de la compañía de “mentir deliberadamente” para ocultar sus prácticas y de ejercer “coacciones” para que los vecinos abandonaran sus casas. En un post de Facebook, reiteró sus críticas señalando a la empresa por fomentar la “violencia inmobiliaria”.
En un auto, al que ha tenido acceso este diario, la jueza no ve delictivas las consideraciones de Pin en Facebook, pero sí ve indicios de calumnias en su aparición en TV3. En concreto, las palabras de Pin en televisión en las que afirmó que la empresa realizaba obras en el edificio de Lancaster para “coaccionar y asustar a los vecinos”. “Esta es una práctica absolutamente reiterada por parte de MK Premium, que es la empresa más flagrante en estos casos. Están vulnerando de manera sistemática los derechos de arrendatarios e inquilinos de la calle Lancaster”, agregó Pin.
Las opiniones de Pin, a criterio de la jueza, “suponen atribuir a la empresa inmobiliaria la comisión de delitos de coacciones y acoso inmobiliario sobre los inquilinos de la finca”, así como “achacar a la mercantil una imputación clara de hechos constitutivos de un delito”. Por contra, argumenta la instructora, los escritos en Facebook de Pin no muestran “una intención de menoscabar el honor sino de criticar”, por lo que descarta el delito de injurias por el que también se querelló MK Premium.
La concejala ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona. En su recurso, recuerda que sus manifestaciones en TV3 se enmarcan “en el estricto ejercicio de la libertad ideológica y de expresión, sin que quepa limitar tales derechos porque el destinatario de las críticas se sienta ofendido”.
Asimismo, en un escrito en Facebook, Pin ha confiado en que su causa judicial sirva para que todos los vecinos que sufren acoso inmobiliario acudan a las oficinas municipales de vivienda “para garantizar el derecho a la vivienda”. Por su lado, la empresa tiene intención de presentar escrito de acusación contra Pin una vez los magistrados de la Audiencia confirmen el auto de la jueza de instrucción.
