Si preguntamos a un político, del color que sea, sobre los pilares de la sociedad y los motores de la economía mencionará sin duda la salud, la educación y la investigación. No serán los únicos, pero éstos no faltarán en la respuesta. Sin embargo, en tiempos de crisis son estos motores de riqueza y bienestar los primeros que sufren los hachazos de los recortes.
El motivo por el que la investigación no recibe sino las sobras de los presupuestos, migajas que se reparte con otros sectores como educación y sanidad, es que nuestros gobernantes no creen realmente que la investigación sea el motor de la economía (con la educación y sanidad el tema es distinto: no ven la necesidad de que estén al alcance de todos). Para convencerse de esta dura realidad basta con escuchar la carrera de obstáculos en que se ha convertido la reforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de los labios de alguien nada sospechoso de buscar la confrontación con el gobierno actual: Emilio Lora-Tamayo, actual presidente del CSIC. En su intervención en la reunión de directores de centros que se celebró en junio de este año – y que puede encontrarse en la página institucional del CSIC o a través de YouTube– Lora-Tamayo relata el vía crucis que supone cambiar la estructura de uno de los principales pilares de la investigación española sin contar con el interés de sus responsables políticos.
Uno de los puntos principales tratados en esta reunión fue el tema del “contrato de gestión” del CSIC. Para entender la relevancia de este punto, es preciso explicar al lector de qué se trata. Con más de 100 centros de investigación, unos 10.500 empleados (15.000 antes de la crisis) y alrededor del 20% de la productividad científica nacional, el CSIC es una pieza clave en la I+D española. Sin embargo, como hemos explicado en varios artículos anteriores, sufre severos lastres organizativos y administrativos que dificultan su buen funcionamiento.
Para paliar algunas de sus deficiencias estructurales, el CSIC se constituyó en Agencia Estatal en 2007. Sin embargo, para culminar el proceso, esta reforma debía contar con la firma de un contrato de gestión entre el CSIC y el gobierno, que dote de contenido al cambio estructural. Este contrato sigue pendiente de firma nueve años más tarde – tras los gobiernos sucesivos del PSOE y el PP. En la recta final de la última legislatura (1 de octubre de 2015), el gobierno promulgó la Ley 40/2015 que suprime las Agencias Estatales. Esta ley entra en vigor el 2 de octubre de 2016 y, en la práctica, contempla la permanencia de aquellas Agencias que cuenten con un contrato de gestión cuando la ley entre en vigor y la desaparición de las demás. De ahí la carrera contra reloj para firmar el dichoso contrato.
Emilio Lora-Tamayo describe en su intervención (a partir del minuto 57:37) los últimos episodios de esta carrera de obstáculos. Resumiendo, en enero de 2016 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) rechazó el contrato de gestión propuesto por el CSIC y el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) en base a 117 puntos. En febrero, el CSIC envió al MINHAP su respuesta, aceptando 72 de los 117 puntos, rechazando (y explicando por qué) 29 y aportando información adicional sobre los 16 restantes.
Tras ser presionado por el CSIC y el MINECO, el MINHAP organizó una reunión el 16 de junio para discutir el contrato de gestión del CSIC. En esa reunión, los participantes del MINHAP dejaron claro (en palabras de Lora-Tamayo) que “lo que no querían era perder cuota de poder” (01:03:50). El 20 de junio, el CSIC recibió el informe con el segundo rechazo del MINHAP en base a razones de oportunidad, forma y contenido. Nos limitamos a detallar las críticas que consideramos más esclarecedoras.
Entre las razones de oportunidad destacan dos. Primero, que dado que las Agencias Estatales van a desaparecer en octubre, no tiene sentido aceptar el contrato de gestión (01:05:18). Además, si el CSIC lleva funcionando desde 1939 sin contrato de gestión, ¿para qué necesita uno? (01:05:37). La primera observación obvia el hecho de que las Agencias Estatales que desaparecerán en octubre son las que no tengan todavía un contrato de gestión. La segunda pone de manifiesto que no hay el más mínimo interés por mejorar el CSIC: se puede quedar como está, ya que su buen o mal funcionamiento es irrelevante.
Entre las razones de forma, la más pintoresca es sin duda ésta: “la especificidad de la actividad y el volumen de los recursos del consejo no justifican que el contrato de gestión sea más complejo que el de otras Agencias Estatales” (01:06:25). Para apreciar el absurdo de esta observación hay que saber que sólo dos Agencias Estatales cuentan a día de hoy con un contrato de gestión: el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL), que suman menos de 400 empleados. Es decir, el CSIC es más de 50 veces mayor que cualquiera de las Agencias Estatales con contrato de gestión. Que eso requiera o no un contrato más complejo es un problema que puede valorar el lector.
Finalmente, y estas son las más importantes, tenemos las razones de contenido. Entre ellas tenemos que destacar ésta: “los compromisos están excesivamente vinculados a la organización interna del consejo y tienen poco impacto en la sociedad” (01:08:05). ¿Qué significa esto? En un contrato de gestión, el CSIC solicita unos recursos y se compromete a cumplir una serie de objetivos si el gobierno le proporciona los recursos. Entre los objetivos se contempla captar recursos en convocatorias competitivas (muchas de ellas internacionales), publicar artículos en revistas científicas (incluyendo un determinado porcentaje en las revistas más prestigiosas), colaborar con la empresa privada y producir patentes, y desarrollar actividades de educación y divulgación que acerquen los resultados de su actividad a la sociedad.
Cuando el MINHAP mantiene que los compromisos del CSIC tienen poco impacto en la sociedad, lo que está diciendo llanamente es que la investigación no sirve para nada. Digan lo que digan después nuestros gobernantes cuando les preguntan ante las cámaras, sobre todo en periodo electoral, el avance de la ciencia ni lo entienden ni les preocupa. Nuestra economía se mueve al ritmo del ladrillo y el turismo. Mientras tengamos costas que explotar, sol y vino, ¿quién teme a la I+D?
Sobre este blog
Ciencia Crítica pretende ser una plataforma para revisar y analizar la Ciencia, su propio funcionamiento, las circunstancias que la hacen posible, la interfaz con la sociedad y los temas históricos o actuales que le plantean desafíos. Escribimos aquí Fernando Valladares, Raquel Pérez Gómez, Joaquín Hortal, Adrián Escudero, Miguel Ángel Rodríguez-Gironés, Luis Santamaría, Silvia Pérez Espona, Ana Campos y Astrid Wagner.
