Podemos busca el apoyo de ayuntamientos para “desbloquear” su Ley de Garantía de Ingresos

Hay mucho malestar en Podemos por el portazo que el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, ha dado a las dos leyes que la formación morada ha elaborado dentro del Gobierno autonómico. Tras confirmar este último que ni la Ley de Garantía de Ingresos, ni la de Participación Ciudadana, se tramitarán en la presente legislatura, la formación morada ha decidido llevar a cabo una acción conjunta mediante el registro de mociones en varios ayuntamientos castellano-manchegos donde pide que estas corporaciones insten a la tramitación de la normativa de renta garantizada.

En el texto enviado a los ayuntamientos, al que ha tenido acceso eldiarioclm.es, Podemos hace referencia en primer lugar al artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se recogen los derechos económicos, sociales y culturales de toda persona “indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Ahí es donde se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y “en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Igualmente, refiere la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea donde se defiende el derecho a las ayudas sociales y de vivienda; así como la Constitución Española en cuanto a las prestaciones económicas que “aminoren los efectos de la exclusión en los más desfavorecidos”; y el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha en la misma forma.

Bajo este contexto, argumenta así que con la futura Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas se regula, en el ámbito de Castilla-La Mancha, un conjunto de derechos que se destinan a cubrir las necesidades básicas de las personas ante situaciones de carencia o insuficiencia de recursos económicos y con ello garantizar el ejercicio de los derechos de ciudadanía de las familias reforzando la inclusión social y económica.

“Modelo de inclusión activa”

La moción incluye que esta nueva Ley se constituirá como un nuevo modelo de protección social, “capaz de dar respuestas a las necesidades de las personas en los momentos críticos, proponiendo un modelo de inclusión activa, basado en una garantía de ingresos, en un acceso a servicios públicos de calidad y asequibles, así como desde el fomento de las acciones de empleo”.

Concretamente, Podemos recuerda que esta ley beneficiará a 23.379 hogares en el caso de la garantía de ingresos, lo que supone ayudar a 92.160 personas, de las cuales 37.900 son menores de edad; y un total de 100.000 familias que podrán acceder a las prestaciones complementarias, esto es, el acceso priorizado a los servicios públicos de educación, vivienda, transporte y acompañamiento para la inclusión social y laboral.

“Más de 23.000 hogares se encuentran en espera de poder vivir con dignidad ante la decisión por parte del Gobierno de Emiliano García Page de la paralización de la tramitación de esta importante y necesaria ley. Condicionamientos e intereses personales que dejan sin coberturas esenciales y básicas a miles de personas y familias”, advierte.

Por la “autoestima y crecimiento de nuestra tierra”

Por todo lo expuesto, por la “paralización” del curso de esta ley, “desfavorable para la mayoría social”, por la “necesidad económica y social urgente de miles de familias castellano manchegas”, y por “la autoestima y crecimiento de nuestra tierra”, en la moción se pide que el Ayuntamiento en cuestión que debata la moción reconozca esta ley como “norma necesaria y vital” para el desarrollo positivo de la región.

Asimismo, insta al Ejecutivo a que “desbloquee el curso normal” de tramitación del Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, y por ende sea llevado con la mayor brevedad a su procedimiento en las Cortes de Castilla-La Mancha.

De momento, esta moción ya se ha registrado en los ayuntamientos de capitales provinciales como Toledo y Ciudad Real, así como en los municipios de Pioz, Villanueva de la Torre, Villarrobledo, Palomeque, Cabanillas del Campo, Casasimarro, Beteta, El Viso de San Juan, Chozas de Canales, Burguillos de Toledo o Puebla de Don Rodrigo, aunque de manera progresiva el objetivo de Podemos es que se debata (y a ser posible, se apruebe) en decenas de corporaciones locales de la comunidad autónoma.