PSOE y Cambiemos exigen que sea la popular Eva Ortiz, y no el Ayuntamiento de Orihuela, quien pague los 5 millones de la sentencia de Brugal

El PSOE de Orihuela y el grupo Cambiemos han acordado presentar conjuntamente en el pleno de octubre una petición para exigir responsabilidades a los concejales y concejalas del Partido Popular que, con su voto favorable, declararon desierto el concurso público de licitación del servicio de limpieza en 2007, entre los que se encuentra la actual número dos regional de la formación, Eva Ortiz, quien es a su vez la única de aquel grupo municipal que sigue en la política activa.

Los hechos se remontan al mandato de la popular Mónica Lorente cuando aprobó en el pleno declarar desierto el concurso del que, un año antes, había sido elegida la mercantil Urbaser como adjudicataria de la contrata de la limpieza de la ciudad. La adjudicación en sí había dado origen en 2006 a la investigación policial y posteriormente judicial conocida como el caso Brugal. Las pesquisas partían de las grabaciones realizadas por el empresario Ángel Fenoll para denunciar el amaño del concurso. En junio de este año, la Audiencia de Alicante absolvió a los 34 acusados por declarar nulas las escuchas, pero obligaba al consistorio a indemnizar Urbaser con 4,7 millones de euros, como habían dictaminado los tribunales en 2011 cuando sentenciaron que el desierto del concurso había sido arbitrario e injusto.

Tras esta sentencia, el pleno de Orihuela acordó en septiembre con el voto favorable del PP, que gobierna en el municipio junto con Cs, así como Vox, y con la abstención del PSOE y el voto en contra de Cambiemos aprobar un crédito extraordinario para pagar a la empresa de limpieza. Ahora, la portavoz socialista en el consistorio, Carolina Gracia, ha adelantado que, tras las conversaciones con el grupo Cambiemos Orihuela, propondrán de forma conjunta al pleno que se inicie por los servicios jurídicos del consistorio la solicitud formal de responsabilidad por el voto de los concejales y concejalas del Partido Popular por el quese declaró desierto ese proceso de licitación del servicio de limpieza del municipio en el año 2007.

Desde las filas socialistas, con su portavoz a la cabeza, aseguran que “es responsabilidad de la corporación el velar por los intereses generales de todos los vecinos y por eso esperamos que el resto de grupos acepte que quienes deben costear los más de 4,7 millones no sea el pueblo de Orihuela sino los que políticamente y con su voto tomaron una mala decisión, entre ellos la señora Eva Ortiz”.

Los socialistas proponen que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Orihuela inicien los trámites para que en el caso de que, una vez examinada la información, documentación y la sentencia, el consistorio pida en los juzgados esa responsabilidad con el objetivo de que los ediles del PP, entre ellos Eva Ortiz, “paguen de su bolsillo aquella gestión”. “Es una buena noticia que ambos grupos estemos de acuerdo en exigir lo que entendemos es lo más justo para con la ciudadanía que nada tuvo que ver en la decisión política que el consistorio mantuvo y que claramente atenta contra el interés general”, concluye Carolina Gracia.