El Gobierno valenciano recupera la gestión pública de las resonancias privatizadas por Zaplana que han causado sobrecostes de hasta 160 millones

La privatización de servicios públicos esenciales que se convierten en millonarios negocios a riesgo cero para las empresas que los gestionan fue una de las señas de identidad del expresidente del Gobierno valenciano del PP Eduardo Zaplana, un modelo que el actual Gobierno del Pacto del Botánico va desmantelando a medida que vencen los contratos adjudicados hace años por los populares.

El que fuera también ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno impulsó el primer caso de hospital público de gestión privada en Alzira, un modelo que el PP extendió a Torrevieja, Dénia, Elche y Manises, y que ha supuesto un coste no previsto de 118 millones de euros para las arcas públicas. El Consell que preside Ximo Puig ya ha recuperado la gestión de los departamentos de Alzira y Torrevieja.

El Gobierno valenciano, a través de la Conselleria de Economía, ha iniciado también la recuperación de la gestión de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehiculos (ITV), al vencer el contrato de 25 años otorgado en 1997 por el propio Zaplana y por el que está imputado en el marco del caso Erial.

Ahora, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se dispone a recuperar otro de los pelotazos propiciados por el expresidente en el año 2000, cuando decidió ceder al sector privado los diagnósticos de resonancia magnética en los hospitales públicos.

Aunque con tres años de retrasos con respecto a la finalización del contrado (año 2018) por la falta de formación del personal, el departamento que dirige Ana Barceló recuperará la gestión directa de este servicio a mediados de diciembre, así como a los 120 empleados de la unión de empresas que actualmente dan el servicio, en concreto el Grupo Ascires (Eresa e Iberdiagnosis), Clínica Benidorm, y Ribera Salud.

El modelo impulsado por Zaplana ha supuesto un importante quebranto para las arcas públicas. En concreto, según un informe de la Sindicatura de Comptes del año 2013, con el PP al frente del Consell, el “ahorro potencial anual” del servicio entre 2008, año en que se adjudicó, y 2018, cuando vencía, oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones de euros si la Sanidad pública valenciana prestara el servicio “con medios propios”. Es decir, el sobrecoste en los 10 años de contrato habría oscilado entre los 30,3 millones y los 160,7 millones en un contrato que de inicio se adjudicó por un importe de 497 millones. El coste medio por exploración fue de 257,1 euros en 2012 y se reduciría a 108,3 euros si fuera de gestión directa.

El informe aborda también los controles que la conselleria ejerce sobre la prestación concertada, detecta “numerosas incidencias relacionadas con una incorrecta valoración de las pruebas realizadas” y concluye que “no se dispone de información suficiente para evaluar si la empresa concertada ha cumplido los plazos establecidos en los pliegos para la realización de exploraciones”.

En los siete años anteriores en los que el servicio también fue de gestión privada practicamente por las mismas empresas, también se produjeron sobrecostes millonarios. En el año 2008, el diputado socialista Ignacio Subías puso números a estas valoraciones y denunció el sobrecoste de 100 millones de euros -un 60% respecto al dinero inicialmente estimado- que había supuesto a las arcas públicas privatizar las resonancias magnéticas.

El primer concierto, que expiraba en septiembre de 2008 y que se puso en marcha en enero de 2001, contemplaba un gasto de 167 millones de euros. Cada año se había ido sobrepasando el gasto previsto, y por ello los ingresos de las concesionarias, hasta el punto de que en 2006 ya se habían rebasado los 167 millones.

Subías justificó esta circunstancia en la falta de control en las exploraciones. Mientras las recomendadas por la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) son 30 por 1.000 habitantes, en la Comunidad Valenciana se realizan 70, más del doble.