Plantas de purines de Castellón: el hedor de un fiasco que dura 20 años

Un conejo huye a toda prisa cuando un coche entra en la carretera de acceso a la planta de purines de Vall d’Alba (Castellón). El ruido del vehículo ha perturbado el silencio que rodea las instalaciones, en las que hace años que no hay actividad. La verja está rota y una de las puertas metálicas está en el suelo, invadida por la vegetación. Las plantas han ocupado también la explanada que, según una señal oxidada, estaba destinada a “carga y descarga”.

Este es el aspecto de una de las cinco plantas de tratamiento de purines que la Diputación de Castellón construyó con fondos europeos entre 1999 y 2000, cuando Carlos Fabra -actualmente condenado por delito fiscal- gobernaba la institución. En total, se gastaron 11,5 millones de euros de dinero público, a los que se sumó 7,6 que la empresa adjudicataria debía aportar.

Sin embargo, en la actualidad sólo una de las plantas funciona, aunque a menos de la mitad de su capacidad y con una denuncia por riesgos mediambientales. Otras tres lo hicieron apenas unos meses y la restante, durante tres o cuatro años, según Santiago Pérez, diputado provincial del PSOE.

Lejos de las previsiones 

Estos datos contrastan con las previsiones que la Diputación mantiene colgadas en su web, que establecen que las plantas debían tratar 500.000 m3 de estiércol al año. Esta cifra no se alcanzó en ningún momento, según Iñaki Vallejo, diputado de Castelló en Moviment en la institución provincial. Las cifras muestran que la empresa adjudicataria -una unión temporal de empresas formada por Tecma y Urbaser- no cumplió los objetivos.

Sin embargo, en 2014 la Diputación decidió pagar una indemnización para recuperar las instalaciones a Escomat, la empresa en la que recayó la gestión de las plantas, según explica Vallejo. “A esta cantidad hay que sumar la de 1,1 millón de euros de fianza que la empresa ha recuperado, pese a no haber cumplido el contrato”. El diputado añade que ambas mercantiles pertenecen al grupo Lubasa, supuestamente relacionado con la financiación irregular del PP.

“Socializar las pérdidas” 

Tanto la indemnización como la devolución de la fianza suponen “socializar las pérdidas” y “premiar a empresas amigas a costa de las arcas públicas”, concluye Vallejo. Parecida opinión tienen desde el PSPV, que el pasado miércoles emitió  una nota de prensa en la que criticó que “la construcción de estas instalaciones (...) no era más que una forma de contentar y hacer ganar dinero a empresas de los amigos, ya que no se ha acabado con el problema que generan los purines”.

Al fracaso en la actividad y las correspondientes críticas acerca de la indemnización a la empresa, se unen las dudas sobre los trámites burocráticos que rodearon a las expropiaciones de los terrenos. Según Vallejo, la Diputación todavía no ha podido recuperar las plantas de purines porque no se inscribieron debidamente en el Registro de la Propiedad. Una de las consecuencias es que estas instalaciones “han estado años sin pagar el correspondiente IBI”.

Fincas casuales  

Vallejo señala que hay también sospechas de irregularidades en torno a las expropiaciones. En el caso de la planta de Vall d’Alba, el diputado relata que la empresa adjudicataria compró los terrenos en los que finalmente estaría situada la planta un año antes de resultar elegida en el concurso público. Respecto a la instalación de Todolella, el terreno elegido resultó ser de la propiedad del que entonces era el alcalde de la localidad, Alfredo Querol.

A este respecto, Querol explicó a eldiario.es que su finca fue expropiada forzosamente por la Diputación “junto a las de otros propietarios, porque estaba en un llano y cumplía las condiciones de accesibilidad”. Fue algo “casual”, añadió Querol. El precio de la expropiación fue “bajo, de dos euros por metro cuadrado”, afirmó. Aseguró que él hubiera preferido no resultar elegido pero aceptó la situación para conseguir que el municipio se beneficiara de la planta.

Años de preguntas sin contestar 

Casi veinte años después, el problema sigue ardiendo en las manos de la Diputación, que ha tenido que pagar 15.000 euros a un bufete de abogados para intentar aclarar la titularidad de las fincas y poder hacerse cargo de las ya ruinosas instalaciones. El Gobierno provincial rendirá cuentas ante la oposición en una comisión a la que acudirán técnicos que participaron en el proceso de expropiaciones.

El PP, que desde que Fabra fue condenado insiste que la regeneración y la transparencia son sus prioridades, ha accedido a celebrar esta comisión después de que Castelló en Moviment amenazara con pedir una comisión de investigación en el Pleno. Por su parte, el PSPV ha formulado al menos diez preguntas sobre el tema desde 2014 que no han sido contestadas, según denuncia el diputado Santiago Pérez.

eldiario.es se dirigió también a la Diputación para recabar su versión sobre lo sucedido dos días antes de la publicación de este artículo, pero no hubo contestación. Los portavoces de la institución afirmaron que necesitaban más tiempo para reunir los datos necesarios. 

Un futuro incierto 

Además de los problemas contractuales y burocráticos, una de las instalaciones arrastra también posibles riesgos ambientales. La única planta en funcionamiento, en Todolella, fue denunciada ante la Generalitat Valenciana por la Asociación Arca Ibérica porque el estiércol depositado allí “no se trata, ni sigue proceso alguno ni se lleva a ningún lugar para comercializarse”.

El resultado es que los residuos se desbordan cuando llueve, “pudiendo afectar al acuífero [del Maestrat]”. Según el colectivo, la denuncia se realizó en enero pero ni el Gobierno autonómico ni el provincial han contestado.

En cuanto al futuro, la función que asumirán estas plantas de coste millonario se desconoce. Un documento publicado en la web de la Diputación en 2014 sugiere que parte de ellas podrían aprovecharse para el almacenamiento y transformación de biomasa forestal.

Por su parte, los ganaderos de la zona de Els Ports tienen especiales problemas para la gestión de sus purines. Por ello, han solicitado que la planta de Todolella, situada en esta comarca, funcione debidamente, explican desde la Unió de Llauradors y Ramaders. Una tercera opción que contempla la institución provincial sería dedicar al menos una de estas plantas a la gestión de lodos de depuradoras, según explica el diario Levante.

Sea cual sea la opción elegida, habrá que esperar a que los abogados contratados por la Diputación deshagan la madeja de la titularidad de las fincas. Después, habrá que invertir una gran cantidad de dinero en reformar las plantas. Casi veinte años después de haber gastado casi veinte millones de euros, los conejos que habitan los alrededores de las instalaciones de Vall d’Alba todavía vivirán tranquilos una buena temporada.