Los contratos de la Generalitat con los empresarios de la Púnica tienen “todas las garantías”
La diputada de EUPV en las Corts Valencianes Marga Sanz ha exigido a la consellera de Educación, María José Català, que detalle el importe de 20 adjudicaciones de barracones en colegios de la Comunitat a empresarios investigados en la Operación Púnica.
La diputada y coordinadora general de la formación ha hecho esta petición en un comunicado ya que asegura que “la gran mayoría” de las 20 adjudicaciones “no aparece ni siquiera en el Diario Oficial ni en la Plataforma de Contratación de la Generalitat”.
Sanz ha mostrado su “preocupación” por el “destino de estos fondos públicos” y ha acusado al Consell del PP de “crear un negocio alrededor de las infraestructuras educativas públicas”.
Según denunció Sanz, la empresa Estructuras Metálicas Normalizadas SA “recibió un total de 20 contratos entre 2007 y 2014 por parte de la Conselleria de Educación para la instalación de barracones escolares en centros educativos valencianos”.
La formación de izquierdas destaca que esta empresa, actualmente en proceso de liquidación, “contó en aquellas fechas con Francisco Colado Sánchez Camacho y Julián Giménez de los Galenos, alias El Tachuela, ambos empresarios investigados en el marco de la Operación Púnica, como presidente y consejero respectivamente de la mercantil Normetal SA, en la cual también figura Alberto Alonso Poza, exasesor del Ministerio de Fomento durante el Gobierno de Aznar y exdirector general de Aguas de Valencia”.
Además, añade que las empresas Geexpark SL e Inversión y Gestión Urbamadrid SL, “también investigadas por la Operación Púnica, fueron accionistas de Normetal SA”. La parlamentaria autonómica ha subrayado que Alfedel, otra empresa investigada en el marco de la Operación Púnica, “concurrió a la construcción de dos colegios privados sobre suelo público licitados por la Generalitat Valenciana en Elche y Calpe”.
Sanz ha detallado que la Conselleria de Educación “ha gastado 53.888.527,34 euros entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013 en barracones escolares” --lo que equivale a lo que cuesta construir “siete institutos o 11 colegios”--, según apunta que reconoció Català en una respuesta a una pregunta parlamentaria de la formación de izquierdas.
“No es correcta”
Por su parte, la consellera de Educación y también portavoz del Consell, ha señalado, preguntada por este asunto durante la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, que “la información que se ha dado por parte de EU no es correcta”. Así, ha explicado que “se habla de 20 contratos entre 2007 y 2014” cuando“ los contratos con esta empresa fueron a través de un acuerdo marco hecho entre 2010 y 2011”.
Igualmente, Mª José Català ha apuntado que “tampoco es cierto que en este momento” esta firma “esté trabajando para la Generalitat” y ha señalado, a este respecto, que la empresa “solicitó la cesión de sus contratos a otra , Modular Normalizada S.L.”.
La responsable autonómica ha agregado que el hecho de que “los directivos de esa empresa sean investigados por una presunta relación con los cabecillas de la trama Púnica no quiere decir que los contratos que se hicieron con todas las garantías con la Generalitat estén mal hechos, ni mucho menos que el dinero público haya estado dirigido a intereses privados”.
“Los contratos se hicieron con todas las garantías. Fue un acuerdo marco, con total publicidad. Se publicó, incluso, en el Boletín Oficial de la Unión Europea. Se han cumplido todos los contratos y, por tanto, pensamos que los intereses públicos de la Generalitat han estado salvaguardados”, ha manifestado Català.
La consellera ha agregado que el precio de aquellos trabajos se recogía en el acuerdo marco y ha insistido en que “el trabajo está bien hecho” y adecuado a lo establecido en dicho acuerdo.
Por lo que respecta a la existencia de aulas prefabricadas en los centros educativos de la Comunitat Valenciana, Català ha reconocido que quedan “aunque el compromiso de la Generalitat ha sido su eliminación y la construcción de nuevos” colegios. En este sentido, ha afirmado que “con el compromiso del presidente de la Generalitat se van a eliminar el 75 por ciento de las aulas prefabricadas”.
