Isabel Bonig y su campaña contra los salarios del Gobierno valenciano: la líder del PP cobra más que los altos cargos a los que quiere congelar el sueldo

Los sueldos de los diputados y de los altos cargos del Gobierno valenciano han vuelto a tener su ración anual de polémica. Esta semana, la portavoz popular en las Corts Valencianes, Isabel Bonig, acusaba al Consell de subirse los sueldos en plena pandemia, en referencia a una actualización del 2% como la que se ha aplicado en el resto de España, que supone un montante total de 381.000 euros en un territorio de cinco millones de habitantes.

¿Cuál es la realidad de los salarios de cargos públicos valencianos? Este diario ha podido comprobar que la nómina de la líder del PP es de 78.647 euros brutos anuales, muy superior a la de cualquier conseller, que está en unos 61.000 euros de base, y comparable a la del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que cobra 71.937 euros, una cifra a la que hay que sumar 10.000 euros de indemnización por residencia.

Bonig cobra la asignación reglamentaria a los diputados, el complemento como portavoz del grupo -los síndics cobran el doble que los diputados sin responsabilidades-, la indemnización por ejercicio de la función -retribución que compensa a los parlamentarios los gastos en función de la distancia de su lugar de residencia- y la dedicación exclusiva. En la pasada legislatura, la síndica y algunos miembros de la dirección del grupo del PP renunciaron a la dedicación exclusiva porque el partido les abonaba sobresueldos -“indemnizaciones para gastos y dietas”-, como informó elDiario.es, y que según el partido respondían a un reglamento interno. El presidente de la Cámara, Enric Morera, envió al Tribunal de Cuentas esta cuestión. Ser diputado con dedicación exclusiva en las Corts Valencianes impide a los parlamentarios poder ingresar más de 5.000 euros de otras actividades; por ello los parlamentarios que son profesores o abogados en ejercicio de la función renuncian a esta figura.

La retribución de la popular es prácticamente idéntica a la que cobran otros portavoces parlamentarios según figura en sus declaraciones de la renta, publicadas en el Parlamento autonómico. La declaración de la renta de Bonig de este último año refleja una retribución de 50.722 euros de las Corts Valencianes a los que añade 23.150 euros de IRPF, un escrito que aún no refleja el 2% de aumento aprobado en marzo ni el total de la dedicación exclusiva por los plazos de la declaración. La portavoz popular sí ha renunciado al cobro de 0,32 euros por kilometro en asistencias a plenos y reuniones, dado que, aunque está empadronada en su municipio natal, La Vall d'Uixó, hace años que reside en Valencia. Sin embargo, cobra una indemnización por ejercicio de la función que corresponde a parlamentarios que residen a menos de 100 kilómetros de València. Fuentes del grupo parlamentario aseguran que Bonig no ha renunciado a la dedicación exclusiva nunca y que no cobra la indemnización por ejercicio del cargo, pero este diario ha comprobado que sí que dejó de cobrar la exclusiva y que cobra ese esa indemnización.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, es de los dirigentes autonómicos que menos cobra. Su salario bruto, complementos incluidos, es de 71.937,00, más 10.000 euros de indemnización por residencia, dado que el president es natural de Morella (Castellón) pero ejerce su trabajo diario en Valencia. Los presidentes autonómicos que menos cobran son el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) con 69.243 euros de salario, y el asturiano Adrián Barbón (PSOE), con 69.128 euros. Estas cifras contrastan notablemente con los salarios de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), que percibe 103.000 euros anuales, el lehendakari del Gobierno Vasco Íñigo Urkullu, con 105.800 euros, o el presidente con mayor salario, el de la Generalitat de Catalunya, con 153.200 euros anuales.

Bonig ha clamado en las Corts Valencianes contra la subida anual de los sueldos de los diputados y la Junta de Portavoces acordó que las actualizaciones de 2021 no se realizarán de forma automática como marca el Gobierno central -equiparando los aumentos a los de los diputados del Congreso-, sino que se tendrá que formalizar un acuerdo para cada subida. Su grupo ha presentado una enmienda para que el importe vaya destinado a los regantes.

La subida tendría que haberse acordado entre febrero y marzo, como hicieron el resto de autonomías una vez que el Gobierno de coalición, recién constituido, aprobó el decreto. Pero los tiempos parlamentarios y la pandemia han retrasado la actualización de retribuciones, que los funcionarios tendrán que recibir en diciembre con carácter retroactivo y, según el presupuesto presentado, también los altos cargos del Consell. Los diputados autonómicos sí que disfrutan el aumento desde marzo, cuando se produjo un fuerte ajetreo que terminó con el compromiso de los diputados de renunciar a uno de los complementos salariales y donarlo.

Aunque Unides Podem se ha sumado a la postura del PP y ha presentado una enmienda para que la subida al Ejecutivo no se aplique hasta 2022, las otras dos formaciones del Pacto del Botánico, Compromís y PSPV, no están por la labor de renunciar a un 2% que se aprobó antes de la crisis sanitaria. Los socialistas fueron muy críticos con la parlamentaria popular, que tiene una retribución más elevada que la de los miembros del Consell. Por ejemplo, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, percibe una retribución anual de 61.280 euros brutos, la misma cifra que la vicepresidenta Mónica Oltra, como puede comprobarse en el portal de transparencia GVA Oberta.