El Gobierno valenciano recurre la sentencia que declara ilegal la ZAL del Puerto de València

El Gobierno valenciano ha confirmado la presentación de un recurso contra la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el Plan Especial aprobado por la Generalitat en el año 2018 para tratar de poner en marcha la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), paralizada 23 años por irregularidades urbanísticas. También la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha presentado recurso ante el Supremo.

Como informó elDiario.es, el TSJCV fundamenta la anulación de la aprobación del Plan Especial en que “el suelo del ámbito de la ZAL pasó a tener la clasificación de suelo no urbanizable que le otorgaba el plan general del municipio” como resultado de la nulidad de los planes anteriores y estima que la Evaluación Ambiental Estatégica (EAE) no debió realizarse por procedimiento simplificado tal y como se hizo, sino por procedimiento ordinario.

Fuentes de la Conselleria de Política Territorial han informado de que el recurso se basa en un informe de la Abogacía de la Generalitat el cual ha determinado un interés casacional claro a la sentencia que reclamaba declarar nulo el Plan Especial de la ZAL. Por tanto, “la administración valenciana, de acuerdo a la legalidad, tiene que hacer lo que corresponde a nivel administrativo; ante un interés casacional en un proceso jurídico, la Administración no puede mirar hacia otro lado”, reza el informe.

Las mismas fuentes han explicado que el interés casacional se ha declarado por los siguientes motivos: en primer lugar, “es necesario un pronunciamiento del Supremo para determinar si, cuando se realiza una evaluación ambiental por el procedimiento simplificado por considerar que es válida y suficiente, porque los informes ambientales concluyen que no tiene efectos significativos para el medio ambiente, puede equiparse a la ausencia total de evaluación ambiental, en caso de que se considere que debería haberse acudido a la ordinaria”.

En segundo lugar, entiende la Abogacía que “es necesario el pronunciamiento que aclare si corresponde la evaluación ordinaria o simplificada en las modificaciones menores de planeamiento y que se pronuncie qué debe entenderse como una modificación menor” ya que “la superficie del plan especial de la ZAL respecto de todos los ámbitos es inferior al 1%”. El recurso de casación pretende que se esclarezca “si el valor superficie se debe considerar de forma aislada o por relación a todo el entorno que debe regular”.

Por último, “en el caso de la ZAL el suelo ya está urbanizado”. En el recurso se plantea que, “puesto que las evaluaciones ambientales estratégicas tienen una vocación preventiva, acudir a una evaluación ambiental ordinaria tiene sentido solo cuando el suelo no está transformado” y “la situación real del suelo de la ZAL es que está completamente urbanizado”.

çIndependientemente de lo que jurídicamente le corresponde hacer a la administración valenciana, desde el departamento que dirige Rebeca Torró han comentado que la Generalitat tiene claro que no quiere el modelo de la ZAL planteado originariamente: “Esta no es la ZAL que hubiera planteado la Administración valenciana. Por eso, en el punto en el que nos encontramos vamos a seguir trabajando con todas las herramientas posibles para buscar consensos con el Ayuntamiento de València y los vecinos de la zona para integrar la ZAL en la ciudad de València y combinar una solución que combine protección del medio ambiente y crecimiento económico”.

En este sentido, han recordado que “ya se han planteado soluciones por parte del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de València para que se recupere parte de la ZAL para convertirla en una zona verde que una río y Albufera que puede servir como punto de partida para avanzar en un desarrollo sostenible de la zona”, una solución que en todo caso solo sería viable si el Supremo diera la razón a la administración, puesto que de lo contrario, toda la ZAL seguiría siendo ilegal y por lo tanto no se podría poner en marcha.