Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
Peinado multiplica los frentes del ‘caso Begoña’ sin lograr avances significativos
El miedo “sobrenatural” a que el cáncer vuelva: “Sientes que no consigues atraparlo”
OPINIÓN | 'En el límite', por Antón Losada

Una de las ofertas para la gestión privada de la Marina de València tiene vínculos con el consejero del Puerto Vicente Boluda

Marina de València.

Carlos Navarro Castelló / Lucas Marco

7 de junio de 2024 23:25 h

3

La alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de València (APV), Mar Chao, anunciaron el pasado 5 de diciembre la privatización de un 47% de la Marina de València (235.000 metros cuadrados de superficie), en concreto la gestión de casi un millar de amarres y de la Marina sur, mientras el resto del espacio quedará bajo control del ayuntamiento y de la APV, perdiendo así la ciudad el control unitario de la Marina y la autonomía de la que gozaba para planificar los usos y actividades de los espacios.

En virtud de aquel acuerdo se sacó a licitación el concurso público por el cual una empresa privada pasará a explotar durante 35 años, prorrogables a 50, todo el espacio que hasta ahora gestionaba el Consorcio Valencia 2007, integrado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20%), organismo que quedará liquidado en otoño, lo que podría implicar una decena de despidos.

El pasado 31 de mayo la mesa de calificación del concurso para la gestión de la Marina de València, una vez revisada la documentación requerida en el trámite de subsanación, acordó admitir dos de las tres propuestas presentadas. La primera de ellas la conforma un consocio de empresas formado por Ocean Platform Marinas Valencia (OCP Valencia), Puertomenor SA, Grupo Corporativo Fuertes SL, Puerto Picasso Málaga SL y Astilleros de Mallorca SA. Y la segunda oferta admitida la conforman Semar SL y Ocibar SA.

Una de las empresas que está detrás del consorcio, según la información recabada por elDiario.es, es Ocean Capital Partners (OCP), propiedad de Ocean Infraestructures Management SL. El director general y administrador único de la empresa, según los datos que constan en el Registro Mercantil, es José Luis Almazán, a su vez consejero de la empresa de remolcadores Boluda Towage SL, del naviero Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Almazán también figuraba como consejero y apoderado de Boluda Maritime Terminals SL, presidida por uno de los hijos de Vicente Boluda.

El empresario es miembro del consejo de administración de la APV que deberá validar la adjudicación de la concesión una vez concluya el proceso administrativo, previsiblemente en otoño, coincidiendo con la liquidación del Consorcio Valencia 2007.

El Grupo Boluda, a preguntas de este diario, han asegurado que “ninguna de las empresas del grupo tiene participación ni directa ni indirecta dentro del consorcio de empresas Ocean Platform Marinas València” que opta a gestionar los amarres y casi la mitad de la Marina.

En cuanto al resto de empresas que conforman el consorcio, el 45% de la participación la aporta Puertomenor SA, empresa fundada por Tomás Maestre Aznar y actualmente gestionada por uno de sus hijos, además de promotora del proyecto urbanístico y turístico del Mar Menor en Murcia. El 10% corresponde a Astilleros de Mallorca, de Jesús Freire Pichín. El otro 45% está en manos del resto de empresas del consorcio: Grupo Corporativo Fuertes SL, del presidente de El Pozo Alimentación, Tomás Fuertes Fernández, y Puerto Picasso Málaga SL, en la que figuran Ocean Infraestructures Management SL e IGY Gestora Marinas Spain, de la que participa el empresario Abel Matutes, tal y como avanzó Las Provincias.

En cuanto a la otra oferta, Ocibar cuenta con una dilatada trayectoria en la gestión de instalaciones portuarias como Port Adriano, Botafoc Ibiza, Marina Santa Eulalia y Port Tarraco. Sesmar es Serveis Marítims del Port d'Eivissa.

La empresa finalmente concesionaria, según el pliego colgado en la página web de la APV, pagará al organismo en concepto de tasas por la explotación de los espacios un total de cinco millones de euros. También se autorizan los usos hosteleros y los locales comerciales, además de los náuticos y deportivos.

Etiquetas
stats