Unidas Podemos lleva al Congreso la polémica por la falta de informes ambientales en la ampliación del Puerto de Valencia

El debate sobre la polémica ampliación del Puerto de València se trasladará a Madrid en las próximas semanas con la idea de que los diferentes grupos del Congreso y sobre todo el Gobierno conozcan las presuntas irreguldaridades que envuelven al proyecto.

Según ha informado a elDiario.es la diputada de Unidas Podemos, Marisa Saavedra, la formación se reunirá la semana que viene en Madrid con miembros de la  Comissió Ciutat-Port con el objetivo de preparar el procedimiento para elevar al pleno y debatir en el Congreso la proposición no de ley presentada el pasado mes de octubre presentada por la mencionada plataforma ciudadana, junto a Joventut pel Clima.

La PNL solicita el desistimiento del proyecto, el desmontaje del dique norte existente y la recuperación de la ZAL (Zona de Actividades Logísticas) para espacio verde de la ciudad de València.

La Comissió Ciutat-Port trabajó para que la PNL fuera consensuada con el máximo de partidos que dicen estar comprometidos con la lucha contra el cambio climático, incluyendo el PSOE, que finalmente no la suscribió. Entre los partidos que la apoyaron están Compromís, Unidas Podemos, Más País-Verdes Equo, Nueva Canarias, ERC y la CUP.

Además, Unidas Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al Gobierno para conocer por qué el ejecutivo considera que no es necesario realizar un nuevo informe de impacto ambiental en el proyecto de ampliación del Puerto de València.

En la pregunta, suscrita por Juan López de Uralde, Txema Guijarro, Marisa Saavedra, Rosa Medel y Roser Maestro, se recuerda que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) comunicó el pasado viernes que el Organismo Público Puertos del Estado, dependiente del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha resuelto emitir informe favorable sobre el proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de València.

Los diputados y las diputadas recuerdan que la ampliación “se ha autorizado sin acometer una nueva declaración de impacto ambiental adicional a la realizada en 2007” y critican que la APV mantenga que no es necesario un nuevo estudio de impacto ambiental y que se defienda que la nueva terminal será “verde”, cuando “tiene impactos globales que van mucho más allá del impacto medioambiental de la obra y supone optar por un concreto modelo de comercio, ciudad y desarrollo con implicaciones profundas en todo su entorno”. Además, remarcan que el proyecto actual es diferente al aprobado en 2007 y que “por tanto, no ha sido evaluado a efectos medioambientales”.

Por ello, este grupo parlamentario pregunta al Gobierno en qué se basa para considerar que no es necesario un nuevo estudio de impacto ambiental y por qué se deja en manos de la autoridad portuaria de Valencia dicha decisión “cuando ellos son la parte que promueve la ampliación”, al tiempo que le interpela respecto a por qué no se plantea la repetición del estudio de impacto ambiental, tal y como recomienda el Informe Técnico sobre el Anteproyecto de 2018.

Igualmente, le inquieren sobre cómo es posible afirmar que la nueva terminal será verde, “teniendo en cuenta sus altos impactos ambientales sobre el litoral y las playas, sobre el parque natural de la Albufera, en materia de contaminación, tráficos y movilidad de camiones, de ruido y de los consiguientes impactos estéticos y visuales en todas las playas de la ciudad, que se van a producir, según diversas organizaciones ecologistas y expertos de diferentes ámbitos profesionales y universitarios”. También quieren conocer si existen estudios que evalúen el impacto sobre la movilidad y el tráfico de camiones en el área metropolitana de la ciudad.

La coordinadora de Podem y síndica de Unides Podem en las Corts Valencianes, Pilar Lima, ha destacado que “en un contexto de emergencia climática no tiene cabida un proyecto que perjudica gravemente al parque natural de la Albufera y a las playas del sur” y que incrementará el tráfico de camiones y la contaminación. La ampliación, ha señalado, supone “jugarse el modelo de ciudad”.

Por su parte, la diputada Marisa Saavedra ha calificado de “temeridad” el informe emitido por Puertos del Estado, que descarga sobre la Autoridad Portuaria de València (APV) la responsabilidad del cumplimiento de la ley, la decisión sobre la necesidad o no de realizar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), adicional a la de 2007.

En este sentido, ha lamentado que con esta decisión, tanto Puertos del Estado como el Ministerio de Transición Ecológica “se desentienden de las consecuencias ambientales y también judiciales que se puedan derivar de este proyecto, incompatible con las políticas que requiere la lucha contra el cambio climático, y que supondrá además invertir ingentes cantidades de dinero público, sin ninguna visión estratégica y de modelo de desarrollo, ni debate ni participación de la ciudadanía”.

Unidas Podemos, que ha mostrado desde el inicio, en el Congreso y en las Corts Valencianes, su oposición a esta ampliación, ha reiterado su apoyo a la importante movilización ciudadana que cuestiona este proyecto y ha exigido al ministerio de Transición Ecológica y a la Autoridad Portuaria “que rectifiquen y renuncien a este proyecto que hoy no tiene absolutamente ningún sentido”, ha concluido la parlamentaria.