El Gobierno admite que los rescates de pateras se producen gracias a una ONG hostigada desde hace años por Marruecos y España
El ministro de Fomento ha reconocido el papel de la ONG Caminando Fronteras en la función de Salvamento Marítimo de rescatar personas en peligro en el mar. Sin sus llamadas de alerta, por las que su fundadora ha sido procesada en Marruecos e investigada en España, sus efectivos no habrían salido a buscar la mayoría de las vidas salvadas en el Mar de Alborán. Según las cifras de Ábalos, el “70%” de los avisos de pateras en riesgo recibidas por Salvamento Marítimo en este punto proceden de la activista Helena Maleno, hostigada desde hace años.
Para justificar la ausencia de radares en los aviones de Salvamento Marítimo, revelada por eldiario.es, el titular de Fomento ha respondido que la función de la institución de salvamento no “es avistar” sino rescatar embarcaciones en peligro tras recibir una alerta en su torre de control. “En el Mar de Alborán, el 70% [de los avisos] se dan desde territorio marroquí, por una ONG, avisando de que van a salir. Y por responsabilidad humanitaria, Salvamento acude, muchas veces fuera de la zona”, ha enfatizado Ábalos.
La organización Caminando Fronteras cuenta con un sistema de alertas a través de un número de teléfono al que los migrantes en peligro en el mar llaman para avisar de su situación de riesgo. “Llaman cuando están en el agua en peligro y cuando se están ahogando”, responde la activista Helena Maleno, quien lee las declaraciones de Ábalos como un “ataque encubierto” hacia su labor.
La causa en Marruecos
Un ataque más, dice, que se suma al hostigamiento sufrida desde hace años desde España y Marruecos. En diciembre de 2017, la oficina de instrucción del Tribunal de Apelación de Tánger llamó a declarar a Maleno, la principal defensora de derechos de los migrantes en la frontera sur española, en el marco de una investigación penal. Estaba acusada de un supuesto delito de tráfico de personas por las llamadas a Salvamento Marítimo con las que trata de alertar de vidas en peligro en el mar.
El pasado 30 de enero, el juez marroquí encargado de la instrucción de la causa dio por finalizada la investigación. Desde entonces, continúa pendiente la difusión de su pronunciamiento.
La investigación de la Policía española
El proceso judicial marroquí se basa en una investigación iniciada por la Policía Nacional española durante el Gobierno del Partido Popular, a través de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF). En abril de 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española archivó de forma provisional las diligencia policiales que relacionaban la labor de Helena Maleno con el tráfico de personas.
Fuentes del actual Ministerio del Interior confirmaron la existencia de esa investigación, pero aclararon que en la actualidad “no hay” ningún expediente contra Helena Maleno abierto por la Policía Nacional.
El Gobierno de Mariano Rajoy había asegurado hasta en dos ocasiones “no tener constancia” del informe policial que derivó en la causa judicial marroquí que mantiene en vilo a Maleno. “Ni a Marruecos, ni a las autoridades marroquíes, la Policía Nacional ni el Gobierno de España ha enviado ningún informe que vincule a Helena Maleno con nada, ni uno, ni cuatro”, afirmó el exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Senado. Meses después, el Ejecutivo del PP reconoció en una respuesta parlamentaria la existencia del expediente.
Desde el colectivo Caminando Fronteras , Helena Maleno y su equipo reciben numerosas llamadas desde las propias pateras. El trato cercano mantenido con las comunidades migrantes residentes en Marruecos impulsa a los pasajeros a llamarles a ellos cuando se encuentran en peligro. No saben si saldrán embarcaciones o no, indican siempre desde el colectivo.
Cuando el móvil de Helena Maleno suena, ese mismo teléfono que aparece intervenido en el expediente judicial, la activista trata de obtener toda la información posible de quienes piden auxilio con un objetivo: trasladársela a Salvamento Marítimo, el organismo dependiente del Ministerio de Fomento español encargado del rescate de personas en riesgo. También a las autoridades marroquíes, con menos recursos y menor capacidad de reacción.
La ONU cuestiona la “criminalización” a Helena Maleno
El caso de la activista Helena Maleno ha llegado a la ONU. El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Frost, expresó su preocupación por la “criminalización” y la “estigmatización” de los activistas por los derechos de migrantes y refugiados el pasado mes de marzo.
En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Forst especifica el caso de la activista española. “La situación irregular de algunas personas en movimiento puede provocar que los defensores que trabajan con ellos sean acusados de facilitar su presencia irregular. Algunos defensores, como Helena Maleno Garzón, incluso han sido acusados del delito internacional de tráfico de personas como resultado de su lucha contra prácticas ilegales, como las 'devoluciones en caliente', y la solidaridad con las personas en movimiento”, señala el documento.
En una entrevista con eldiario.es, Forst explicó que la criminalización de estos defensores es “un fenómeno global que tiene que ver con el cierre de las fronteras”. Del mismo modo, en su informe recalcó la misma idea. “Con el aumento del número de personas que se desplazan, cada vez más defensores tratan de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan”. Unos ataques que, dice, sufren en mayor medida que la sociedad civil en general.
Amenazada a través de redes sociales
En agosto de 2017, la defensora de los derechos de los migrantes denunció haber recibido amenazas tras criticar en televisión el intento de la Policía de frenar a patadas y porrazos a 187 personas que entraron en la ciudad de Ceuta de forma irregular. “Le sugiero el silencio o va a morir. Está incomodando a las autoridades”, indicaba el mensaje privado recibido, acompañado de una fotografía de una pistola y una bala.
A través de un comunicado, la ONG Caminando Fronteras explicó que, aunque estas intimidaciones “vienen marcando” actividad “desde hace años”, las amenazas se han agravado en las últimas semanas, sobre todo a raíz de la entrevista que la Sexta realizó a Maleno la pasada semana con motivo de una actuación policial en la frontera de Ceuta durante la entrada de 187 migrantes, a los que intentaron frenar con patadas y porrazos.
Fue también la fundadora de Caminando Fronteras quien dio la voz de alarma sobre el uso de pelotas de goma y botes de humo hacia un grupo de migrantes en la frontera del Tarajal el 6 de febrero de 2014. Murieron 14 personas. A través del testimonio de los supervivientes los medios de comunicación conocieron el uso de material antidisturbios en el operativo de la Guardia Civil, negado por el Ejecutivo de Rajoy en un primer momento.
El día después de los hechos, el entonces director de la Guardia Civil anunció querellarse contra las ONG que “difaman” a los agentes o que “presentasen denuncias falsas”. Finalmente la Guardia Civil no denunció a estas organizaciones, mientras que la causa que investiga el operativo del Instituto Armado llevado a cabo el día de las muertes del Tarajal continúa abierta en un tribunal ceutí.
