La auditoría a Correos carga contra una adjudicación en la etapa del PP a la consultora de un directivo de FAES

La auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que ha destapado “incumplimientos graves” de la normativa de contratación por parte de Correos durante la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa es especialmente crítica con un contrato de 649.000 euros adjudicado en 2014 por la empresa postal a Eneas Sector Público SL, consultora fundada en 2009 por Miguel Marín, entonces directivo de FAES, la fundación de José María Aznar.

El informe de la IGAE al que ha tenido acceso elDiario.es dedica amplio espacio a un “servicio de asesoramiento técnico para el análisis, diagnóstico y propuesta de actuación para la optimización de los gastos ocasionados por el servicio de limpieza de los Centros de Trabajo del Grupo Correos”.

Se trata de un contrato adjudicado por el procedimiento negociado con publicidad por un importe de 649.000 euros más IVA en febrero de 2014, cuando Miguel Marín era director de Economía de FAES y “ya había dejado Eneas”, recalca, en conversación telefónica con elDiario.es

Esa firma, que ya no presta servicios, y que tenía como socio único a una sociedad radicada en Holanda, Eneas Corporate BV (ya inactiva), se impuso a gigantes como KPMG o PwC y se comprometió a ayudar a Correos a recortar sus gastos de limpieza más de un 10% por un periodo de cuatro años.

El criterio de adjudicación era “la oferta económicamente más ventajosa”. Pero la IGAE cuestiona que eso fuera así. Considera que “no se garantiza que el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa” y señala que “no hay constancia de que se hayan cumplido los objetivos de ahorro ofertados”.

Según los auditores de Hacienda, en los pliegos se daba “una mayor puntuación a los menores porcentajes de ahorro ofrecidos por los licitadores que a los mayores”. Así, cuanto mayor era el ahorro ofrecido, “menor es la puntuación máxima posible; por tanto, no se garantiza que el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa”.

“La consecuencia práctica es que el contrato se adjudica al licitador que ofrece la peor oferta económica para el mayor porcentaje de ahorro”, resume el informe.

Parece el mundo al revés, y de hecho, en el expediente “hay constancia documental de la existencia de empresas que solicitaron aclaración respecto de los criterios de valoración de las ofertas económicas”. La puntuación variable se asignaba en función de cinco tramos de ahorro: del 0% a un 10% o más. Y los tramos que más puntos podían proporcionar en la valoración final eran los que menos ahorros prometían. Ahí Eneas ofreció trabajar gratis, logrando la máxima puntuación en esos tramos, y se llevó el contrato aunque presentó la oferta más cara en el tramo de ahorro superior al 10% (los citados 649.000 euros).

El informe destaca que, al licitar este servicio, Correos calculó que podía llegar a conseguir un ahorro máximo del 15%. Si la propia empresa consideraba factible ese recorte de gastos, “no se aprecia qué sentido tiene valorar ofertas que ni siquiera ofrecen ese máximo posible estimado, ni tampoco se aprecia qué sentido tiene dar mayor puntuación máxima a las ofertas económicas que ofrecen un menor porcentaje de ahorro frente a las que ofrecen un porcentaje de ahorro que alcanza el estimado como posible”, dice el informe.

“El único tramo relevante, el menor puntuado, sería el que ofrece al menos un porcentaje de ahorro de más del 10%. Si Correos estima que se puede conseguir un 15% de ahorro máximo, no se entiende porqué admite y da mayor puntuación a las ofertas inferiores a ese porcentaje”, dicen los auditores.

“La consecuencia práctica de la aplicación del criterio anterior ha sido adjudicar el contrato al licitador que ha ofrecido el precio más alto para un porcentaje de ahorro inferior a 5 puntos al ahorro máximo estimado por Correos”, dice la IGAE, que destaca que “en el tramo relevante, el que ofrece un ahorro superior al 10%, el adjudicatario ha sido el que ha obtenido menor puntuación de todas las ofertas presentadas”.

Sin “constancia” del ahorro logrado

La IGAE señala que Correos “abonó el precio del contrato al adjudicatario”, pero “no hay constancia de que se hayan cumplido los objetivos de ahorro ofertados por el mismo. Las comprobaciones hechas al respecto por Correos no han tenido reflejo en ningún documento formal de constancia del ahorro efectivamente logrado”.

“Correos se ha manifestado incapaz de proporcionar documentación e información que permita a esta auditoría asegurarse de la consecución del objetivo de ahorro establecido en el contrato”.

Durante las alegaciones al informe, la empresa estatal aportó “certificado emitido el 7 de junio de 2018 por los responsables de gestión del expediente, señalando que el ahorro que se produjo en el contrato fue superior al 10%”. En concreto, del 15,6%. Pero la IGAE señala en su informe que ese certificado “ha sido emitido durante el proceso de alegaciones y no tiene reflejo en ningún documento formal y fehaciente de constancia del ahorro logrado”.

También destaca la IGAE que Eneas se encontraba en “baja temeraria”, ya que se comprometía “a obtener más de un 10% de ahorro y a no cobrar nada” si no lo conseguía. “Del literal de la alegación de la Sociedad Estatal Correos parece resultar que un licitador puede estar en baja temeraria en una parte de su oferta económica y no estarlo en otra u otras”.

Esto va “en contra de lo dispuesto en la norma contractual que exige que la oferta económica presentada por cada licitador debe valorarse como un todo”. Además, Eneas prestó una garantía inferior al 20% del importe de adjudicación que figuraba en los pliegos para casos de baja temeraria.

El informe también destaca que se valoraban con hasta 8 puntos (sobre un total de 30 para la oferta técnica) las características y conocimientos del equipo de trabajo y los recursos asociados a la prestación del servicio. “Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales, este criterio valorable debería estar incluido en los requisitos de solvencia técnica o profesional de los licitadores y no debería ser objeto de valoración por separado”, puesto que “si el licitador no tiene unos determinados conocimientos no puede realizar el objeto del contrato”.

Casi 2 millones por “ahorrar”

En 2015, elDiario.es ya contó que administraciones del PP habían adjudicado casi 2 millones de euros a Eneas para ayudarles “a ahorrar”. Entre ellos estaba este contrato de Correos, que era el mayor de todos y entonces estaba ejecutándose.

La firma fue fundada en 2009 a partir de Eneas, consultora financiera creada en 2003 por Germán Rovira y Juan Carlos Smith, exconsultores de PwC, y por Marín, que definía así la oportunidad de sus servicios en mayo de 2010: “Si las arcas municipales están al borde de la quiebra, ahora más que nunca debemos pedirles a nuestros gobernantes honestidad, voluntad política y determinación para hacer bien las cosas. Es ahora o nunca”.

El economista dirigió el área de Economía y Políticas Públicas de FAES hasta que dejó de formar parte del staff tras una reestructuración, aunque sigue colaborando con la fundación de Aznar mientras asesora a diversas empresas.

Marín es una persona muy cercana al expresidente. Fue su asesor en el departamento de Economía de Presidencia del Gobierno (2001-2004). Posteriormente, fue asesor jurídico del PP en el Congreso (entre 2005 y 2008). Su fichaje por FAES se anunció en febrero de 2012 y su cese como administrador de Eneas se formalizó en octubre de ese año, aunque no se inscribió en el Registro Mercantil hasta el 3 de junio de 2014.

En julio de 2013, Marín se convirtió en accionista de Sirga XXI Consultores, la empresa con la que ya colaboraba desde hacía años, utilizada por el entonces diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte para facturar a por asesorías “verbales” a una constructora.

El informe de la IGAE analiza los contratos de Correos en el ejercicio 2016, cuando la empresa postal celebró su 300 aniversario con las mayores pérdidas registradas hasta entonces por los recortes de la asignación del Ministerio de Fomento para prestar servicio en todos los rincones del país. Su máximo responsable entonces era Javier Cuesta, nombrado en 2012. Cuesta fue el directivo del sector público que más cobró durante los años de Rajoy en Moncloa. Recibió cerca de 1,2 millones de euros de sueldo acumulado.