Bruselas da los primeros pasos para sancionar a Italia por su deuda mientras saca a España del expediente por déficit excesivo
“La Comisión Europea recomienda que se derogue el procedimiento de déficit excesivo (EDP) para España”. Así reza la comunicación de Bruselas presentada este miércoles por la que pide a los Estados miembros el cierre del procedimiento por déficit excesivo a España diez años después de haberlo abierto. España es, así, el último país en pasar del brazo correctivo al brazo preventivo... y deja la puerta para que entre a Italia en las próximas semanas, en tanto que la Comisión ha dado este miércoles los primeros pasos para sancionar a Italia por su deuda excesiva –135% del PIB–. “En el caso de Italia, el análisis sugiere que el criterio de deuda debe considerarse como no cumplido y que, por lo tanto, se justifica un Procedimiento de Déficit Excesivo basado en la deuda”, dice la comunicación de Bruselas.
La recomendación llega después de que España haya reducido el desvío desde el 11% de 2009 hasta bajar del 3% como establecen las normas comunitarias. La decisión final tendrán que tomarla los ministros de Economía y Finanzas en su reunión de la próxima semana en Luxemburgo.
Bruselas abrió este expediente a España el 18 de febrero de 2009 –tras haber registrado un desfase presupuestario el año anterior del 4,4%– y propone cerrarlo ahora, más de diez años después y tras cuatro prórrogas: una concedida al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y tres al Ejecutivo popular de Mariano Rajoy. El cierre del expediente llegará después de que las administraciones públicas cerraran el año pasado con un déficit del 2,48%, más de medio punto por debajo del umbral del 3% aunque es casi tres puntos superior al objetivo pactado con Bruselas, que era del 2,2%, recuerda Europa Press.
Recomendaciones
España pasa ahora al brazo preventivo, en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales: los que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico, explica Europa Press. En este contexto, el informe de recomendaciones advierte al Gobierno español de que “existe un riesgo de desviación significativa con respecto al ajuste presupuestario requerido en 2020” si no se producen “cambios en las políticas fiscales”. Por ello, reclama a las autoridades españolas 7.800 millones en ajustes, ya sea con recortes del gasto o aumentando los ingresos.
La Comisión Europea, por otro lado, considera que “todavía hay divergencias considerables” en el ámbito laboral dentro de la UE. Y le pide a España –junto a Bélgica, Bulgaria, Chipre, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda y Eslovenia– “intervenciones específicas para fortalecer la efectividad de las políticas activas del mercado laboral y / o para reforzar la capacidad de los servicios de empleo”.
Bruselas también reclama a España, junto a Polonia y Portugal, “abordar la alta proporción de trabajadores con contratos temporales y promover la transición hacia empleos de duración indefinida”.
La Comisión también ha dirigido recomendaciones a Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Grecia, Lituania, Portugal, Rumania y España para mejorar la importancia del mercado laboral en sus sistemas de educación y formación. Además, recomienda que España reduzca el abandono escolar prematuro.
Bruselas también pide a España –y a Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Portugal, y Rumania– medidas para mejorar la cobertura, la adecuación y la eficacia de la red de seguridad social. Además, reclama medidas “para reducir la carga y mejorar diversos aspectos de la eficiencia y la calidad de la administración pública, en particular para mejorar la eficiencia de la contratación pública”.
¿Multa a Italia?
La Comisión Europea también ha activado este miércoles el procedimiento para sancionar a Italia por no haber adoptado medidas suficientes para reducir el peso de su deuda pública, que en 2018 cerró en el 132,2% del PIB y crecerá hasta el 133,7% este año y al 135,2% en 2020.
Bruselas abrió la puerta a este procedimiento el pasado miércoles, tras enviar una carta a Roma en la que avisaba de que las autoridades italianas “no han hecho suficientes progresos” para reducir el nivel de deuda pública.
Al constatar la Comisión Europea que Italia se ha relajado en sus esfuerzos para reducir su deuda pública, se abre ahora un periodo de 15 días para que este hecho sea confirmado por los Estados miembros. Bruselas dispondría entonces de un plazo de 20 días para proponer una multa equivalente al 0,2% del PIB, unos 3.500 millones de euros, apunta Europa Press.
