Extremadura mantendrá su recurso contra la sentencia que ordena demoler el resort de lujo de Valdecañas

La Junta de Extremadura va a mantener el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que en febrero de 2022 ordenó echar abajo el resort de lujo Marina Isla de Valdecañas. Contra este sentencia también presentaron recursos la comunidad de propietarios de los chalés y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

Como ha publicado elDiario.es, el Constitucional ha abierto ahora un nuevo debate sobre el derribo de la urbanización porque su pleno ha preguntado a las partes si van a continuar con sus recursos, que se presentaron antes de la entrada en vigor de la conocida como ley ZEPA, aprobada en solitario por el PSOE de Guillermo Fernández Vara en 2023, entonces con mayoría absoluta, para salvar de la piqueta a Valdecañas. La decisión puede, como mínimo, retrasar varios años el hipotético derribo.

La portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, ha expresado este miércoles su deseo de que “pueda jugar a favor” de mantener en pie el complejo el hecho de que el Tribunal Constitucional haya preguntado a la Junta, ayuntamientos y propietarios si mantienen los recursos contra el derribo tras la entrada en vigor de la ley ZEPA. El objetivo es evitar el “daño” que la demolición haría a Extremadura, ha agregado la consejera, a la espera de conocer la providencia que dicte el Tribunal Constitucional al respecto. 

Pero la realidad es que el pleno del Constitucional estuvo el martes, una vez más, dividido con este asunto. Hay un sector que considera la posibilidad de que la ley ZEPA deje sin objeto los recursos que tramitan desde hace meses sobre la ejecución del derribo y otro sector que mantiene que una ley autonómica no puede interferir en la ejecución de una resolución judicial, en este caso del Tribunal Supremo ordenando el derribo.

Marina Isla de Valdecañas es una urbanización privada construida en un pantano y en una Zona Especial de Protección de Aves. Ese es el primer motivo de que lleve ya cerca de dos décadas sin salir de los juzgados con sentencias, recursos y leyes hechas a medida para sortear las primeras.

Tras el periplo judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acordó en 2020 la demolición parcial del complejo, es decir, de aquello que estaba en fase de construcción. Pero los ecologistas presentaron un recurso en el Supremo, que en 2022 ordenó echar abajo todo: 200 chalés, campos de golf y el hotel de cuatro estrellas.

Por eso el PSOE diseñó antes de las elecciones autonómicas de 2023 la ley ZEPA, a la que se opusieron el PP, ahora en la Junta, Unidas por Extremadura y Ciudadanos. Esta norma declaraba de forma expresa 55 territorios extremeños como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y que en uno de sus artículos legaliza “los usos del suelo y las transformaciones urbanísticas” levantadas en esos espacios a su entrada en vigor, como es el caso del complejo Isla de Valdecañas.

De forma paralela, el Gobierno extremeño, los propietarios y los ayuntamientos de la zona presentaron, cada uno de ellos, un recurso de amparo en el Constitucional, que fueron admitidos, por lo que se decidió paralizar de manera cautelar la demolición que ordenó el Supremo. Pero aún no se ha pronunciado sobre el fondo de esos recursos.