El PP amplía a seis meses el plazo previsto para eliminar la Oficina Anticorrupción balear y la oposición censura este cierre

El PP ha propuesto ampliar a seis meses el plazo previsto para eliminar la Oficina Anticorrupción, en una de las enmiendas presentadas a la Proposición de Ley Transparencia y Control de los Cargos Públicos de Balears, que quiere acabar con la misma, al considerarla “un ente completamente politizado creado y usado como máquina de barro al servicio de los intereses del PSOE”.

Así se ha pronunciado este lunes, en rueda de prensa, el diputado 'popular' Mauricio Rovira, quien ha explicado que el paquete de enmiendas registrado por el PP a la Proposición de Ley de Transparencia tiene como único objetivo mejorar el control a los cargos públicos de Balears y la independencia del Registro de intereses y actividades y el Registro de patrimonio de los miembros del Govern y de los cargos públicos de la comunidad autónoma.

“En ningún caso queremos evitar la transparencia ni el control necesario de los cargos públicos, sino evitar duplicidades y dualidades con otros organismos, el elevado coste de la Oficina Anticorrupción y la politización que se ha hecho de la misma”, ha añadido Rovira, destacando que “no va a dejar de verse lo que es obligado por ley que se vea”, como las declaraciones patrimoniales.

“Siempre hemos estado a favor del buen gobierno y la transparencia, por ello enmendamos el texto para que los altos cargos deban presentar una declaración de actividades de dos años antes de ser cargo público”, ha expuesto Rovira, quien ha además ha destacado que “el nuevo registro dependerá del Parlament y todos los expedientes actuales serán resueltos por el órgano más adecuado”.

El texto establece la obligatoriedad de todos los cargos a seguir presentando sus declaraciones de bienes, de renta y de incompatibilidades y la Policía, Fiscalía y los órganos judiciales seguirán teniendo acceso a ellas.

La Oficina Anticorrupción “se creó con un presupuesto anual inicial de 500.000 euros y ahora alcanza los 1,5 millones de euros que prácticamente se destinan en su totalidad a los sueldos de los altos cargos como el director que cobra 95.000 euros al año”, ha lamentado Rovira. Además, ha insistido, “no podemos obviar que la Oficina Anticorrupción tiene duplicidad de funciones”.

“Este organismo acomete funciones que ya ejercen la Sindicatura de Cuentas, la Intervención General o la Fiscalía”, ha señalado al respecto el diputado 'popular', quien, en cuanto a los expedientes que permanecen abiertos en tramitación, ha recordado que estos “van a pasar a la Inspección General de Servicios adscrita a la dirección general de Función Pública que se encargará de remitirlos a los órganos competentes”.

El PSIB critica el “retroceso en calidad democrática”

Por su parte, el PSIB-PSOE ha criticado el “retroceso en calidad democrática, transparencia y buen gobierno” que supone la Proposición de Ley de Transparencia y Control de los Cargos Públicos de Balears presentada por el PP.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, se ha pronunciado así este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha denunciado que con esta Proposición de Ley “no solo se suprime la Oficina Anticorrupción y, por tanto, la capacidad de poder ejercer medidas preventivas, sino que además restringe a los ciudadanos poder acceder a información, en el momento en que las declaraciones de bienes dejarán de ser públicas, también para los medios, elimina el anonimato de las denuncias que un ciudadano puede presentar y los conflictos de intereses, en este caso de incompatibilidades, los resolverá el Consell de Govern que, además se atribuye la resolución de los expedientes actualmente abiertos”.

Todo esto que, ha lamentado Pons, “no forma parte del programa de gobierno del PP, ni de los acuerdos de éste con Vox” y “es contrario a la normativa europea y estatal, que protege a las personas informantes en casos de lucha contra la corrupción”, supone “volver a un marco jurídico de 15 años atrás” que “permitió el peor gobierno en Balears, el de la corrupción campando a sus anchas y provocando consecuencias que, aún a día de hoy, se están pagando”.

Por todo ello, el portavoz adjunto del Grupo Socialista ha anunciado una enmienda a la totalidad a la Proposición de Ley de Transparencia y Control de Cargos Públicos de Balears, presentada por el PP, además de una serie de enmiendas parciales de supresión de todos los artículos, acompañadas de enmiendas de sustitución, de mínimos, que “garanticen la calidad democrática” en esta Comunidad Autónoma frente a la “inestabilidad e inoperatividad” que está teniendo lugar en administraciones como los consells insulares de Formentera y Menorca y, también, según Pons, en el propio Govern.

Así, las enmiendas presentadas por los socialistas persiguen “garantizar que todas las declaraciones patrimoniales sean públicas y estén al alcance de los ciudadanos y de los medios de comunicación, y que además puedan ser examinadas en cualquier momento”. Las enmiendas presentadas por los socialistas también plantean que si hay elementos que suponen algún tipo de incompatibilidad con la legislación vigente, esta sea remitida a las administraciones que tienen responsabilidad, sea Fiscalía o la Sindicatura de Comptes.

Además, los socialistas proponen que los expedientes en tramitación no sean resueltos por parte de la Conselleria de Presidencia, tal como prevé la ley del Govern, sino que sean remitidos al Parlament y custodiados por la Oficialía Mayor, mientras que en el Gobierno de España no se cree la oficina de lucha contra la corrupción. Cuando esta esté creada, los socialistas plantean que estos expedientes en tramitación le sean remitidos en un plazo máximo de 60 días para que puedan continuar.

“No queremos que los expedientes que afecten miembros del Govern sean resueltos por el mismo Ejecutivo”, teniendo en cuenta que “se está investigando en Campos una posible situación de corrupción que afectaría a miembros del Govern y a algunos familiares de miembros del Ejecutivo”, ha recordado Pons.

El portavoz adjunto también ha explicado que no puede ser el Consell de Govern quien resuelva las cuestiones de incompatibilidad, porque “a día de hoy la consellera Marta Vidal todavía no ha demostrado ni aportado ninguna documentación que demuestre que ella no administra dos sociedades, una de ellas inmobiliaria, y que, por lo tanto, es incompatible con su cargo de consellera”. La propuesta socialista, en consecuencia, define que las incompatibilidades sean resueltas por la Comisión de Ética del Govern, formada por tres miembros independientes.

Finalmente, Pons ha reivindicado que “las denuncias han de poder continuar siendo anónimas y el ciudadano ha de seguir siendo protegido a la hora de plantear cualquier denuncia que pueda afectar a cualquier miembro del Govern, de los consells insulares o de los diferentes ayuntamientos”.

MÉS acusa al PP de “opacidad”

Por otro lado, MÉS per Mallorca ha acusado al PP de “opacidad”. En rueda de prensa, acompañada del portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, la diputada Maria Ramon ha anunciado que la formación ha presentado una cuarentena de enmiendas a una Proposición de Ley que “pese a decirse de transparencia y control, elimina trabas a la corrupción, al legislar, por primera vez, en sentido contrario a la transparencia y lucha contra la corrupción”.

El partido ecosoberanista ha reiterado así su oposición a la supresión de la Oficina Anticorrupción y a que las declaraciones de bienes de los cargos tengan “carácter reservado”.

“En el momento que el partido del Bon Sosec, Palma Arena o el Caso Over --con el que fue condenado como formación-- vuelve al Govern su propuesta en cuanto a transparencia es eliminar la Oficina Anticorrupción y que la declaración de bienes de los cargos tengan carácter reservado”, ha denunciado la diputada de MÉS.

Ramon ha considerado que “con una de las historias más oscuras en materia de corrupción, el PP tendría que tener presente qué mensaje lanza con esta Ley de Transparencia” y este, en su opinión, es “el de que la ciudadanía no puede fiarse de las instituciones”.

Por este motivo, MÉS ha registrado 44 enmiendas a la Proposición de Ley de Transparencia del PP. Algunas de supresión de parte del articulado y otros para garantizar la transparencia, reducir los plazos, velar por investigar y por su cumplimiento. De hecho, y en este sentido, los ecosoberanistas han alertado que la Proposición de Ley de Transparencia del PP no incluye ningún régimen sancionador en caso de incumplimiento.

“El PP ha escogido el camino de la opacidad, el hermetismo y la reserva”, ha criticado Ramon, y, esto, ha concluido, “no es lo que quiere la ciudadanía, la ciudadanía lo quiere es avanzar en democracia, en transparencia y en buen gobierno”.