El largo camino hacia la “paz total” en Colombia, siete años después

Hace siete años, el apretón de manos entre el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, marcaba el final de más de 50 años de guerra con la guerrilla más antigua de América Latina.

Fuera de Colombia muchos lo interpretaron como el final del conflicto armado, pero solo era el principio del fin. En 2022, Gustavo Petro fue elegido presidente con el objetivo de lograr la “paz total”: conseguir que abandonen la violencia los numerosos grupos armados ilegales que siguen activos y acabar con el conflicto que desangra Colombia desde mediados del siglo XX. Año y medio después de la elección de Petro, ¿cuánto ha avanzado Colombia en ese camino a la paz? 

Voluntad política

El acuerdo de 2016 no implicaba solo el desarme de las FARC, sino también crear una estructura de justicia transicional, de búsqueda de personas desaparecidas y reparación de víctimas, así como medidas sociales como la siempre aplazada reforma agraria o ayudas para que los exguerrilleros inicien proyectos productivos.

La derecha liderada por el expresidente Álvaro Uribe consiguió una estrecha victoria del “no” en el plebiscito celebrado para validar el acuerdo, lo que obligó a renegociar algunos elementos. El siguiente escollo fue la llegada en 2018 a la presidencia del uribista Iván Duque, que “no tuvo la voluntad de hacer una implementación efectiva del acuerdo”, explica Fernando Danza, coordinador de Paz Territorial de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES).

Uno de los aspectos que Duque no aplicó correctamente, según Danza, fue el de las “garantías de seguridad para excombatientes”. Más de 300 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del acuerdo. El gobierno izquierdista de Petro sí tiene la “voluntad” de implementar el acuerdo, según dice el politólogo de la Universidad Nacional Alejandro Mantilla, pero existen “problemas de coordinación y limitación presupuestaria”. El goteo de asesinatos a manos de disidentes de las FARC u otros grupos armados continúa.

Una maraña de grupos armados

El acuerdo negociado en La Habana consiguió la desmovilización del grueso de las FARC, pero entonces se crearon dos grupos disidentes, autodenominados Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia. También sigue alzado en armas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal guerrilla del país después de la extinción de las FARC.

Además, grupos de paramilitares –bandas promovidas por el Estado para combatir las guerrillas, responsables de numerosos crímenes de guerra– se han unido a narcotraficantes para formar organizaciones como el llamado Clan del Golfo, que ahora es el cartel más poderoso del país.

Para completar el panorama, ciudades como Buenaventura o regiones como Antioquia sufren la violencia de bandas criminales urbanas, con las que el Gobierno también quiere negociar. “Hemos visto un crecimiento de grupos armados organizados desde 2016”, señala Danza, “las FARC dejaron espacios que no ocupó de forma efectiva el Estado y los ocuparon otros grupos” que se financian con el narcotráfico, la extorsión y otros negocios ilícitos como la minería ilegal, el tráfico y la explotación sexual de personas.

En el caso del Clan del Golfo, por ejemplo, controla la mortífera ruta migratoria del Darién, la selva que separa Colombia de Panamá. La falta de implementación del acuerdo con las FARC durante el Gobierno de Duque permitió la expansión y el reforzamiento de otros actores armados.

Negociaciones a siete bandas

Colombia ha vivido numerosos procesos de paz entre el Estado y los grupos armados –algunos exitosos, como el que llevó en 1990 a la disolución de la guerrilla M-19, a la que perteneció Gustavo Petro–. Sin embargo, ningún gobierno había intentado antes negociar con todos los grupos ilegales simultáneamente, como pretende el presidente.

“Buscar siete procesos a la vez es muy difícil”, señala Alejandro Mantilla. “Creo que hay optimismo y poco conocimiento [por parte del Gobierno] de las capacidades reales del Estado colombiano”. Una complejidad extra de la “paz total” es que “no se hacen las mismas concesiones a los distintos grupos”, señala Sandra Borda, politóloga de la Universidad de Los Andes.

“Al ELN [se le ofrece] un arreglo similar al de las FARC, a los grupos criminales se les pide sometimiento a la justicia con reducción de penas”, dice Borda. “La idea [de negociar simultáneamente con todos] es muy loable, pero la ejecución tiene muchos retos”. Entre otros, los enfrentamientos entre los diversos grupos, que dibujan realidades diferentes en cada territorio, como reflejan los mapas.

Tímidos avances hacia la paz

“La negociación con el ELN va por buen camino”, destaca Danza, “vamos por el quinto ciclo [de conversaciones], están cumpliendo”, pero se ven amenazadas por “la naturaleza federada del ELN”, menos jerárquico que las FARC. En octubre el proceso estuvo cerca de descarrilar por el secuestro durante 12 días del padre del futbolista Luis Díaz.

Con el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC, se logró un alto el fuego hasta mediados de enero. Sin embargo, las negociaciones con los grupos criminales y las bandas urbanas están paralizadas.

Se han creado mesas de negociación, pero son “estériles”, en palabras de Danza, porque el Congreso –donde la izquierda del Pacto Histórico no tiene mayoría– todavía no ha aprobado la ley de sometimiento que autorizaría al Gobierno a ofrecer rebajas de penas a los grupos que se desarmen e incluso “que se puedan quedar con el 10% de sus bienes”, como explica Danza.

A pesar de las críticas, la “paz total” ha recibido el aval de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), creada por el Acuerdo de 2016. Un reciente informe señala que durante 2023 se han reducido las muertes de civiles y militares, el desplazamiento forzado y los asesinatos de líderes sociales.

Además, explica Danza, el Gobierno ha abandonado prácticas militares como “los bombardeos, contrarios al Derecho Internacional Humanitario”. “La lógica ahora es darle a la economía de los grupos armados, más que a sus hombres”. La muerte de civiles en bombardeos fue uno de los numerosos escándalos durante el Gobierno de Duque.

Un camino de más de cuatro años

“El Gobierno está llamado a revisar su estrategia de negociación porque se le puede acabar el tiempo para llegar a algún tipo de acuerdo”, afirma Mantilla, “llegar a agosto de 2026 sin ningún acuerdo sería catastrófico para el Gobierno y para la sociedad”. “Menos es más”, coincide Danza, “hacer tantos procesos en simultáneo no funciona”.

Todos los expertos consultados coinciden en que la paz no se logrará en cuatro años y cuestionan la estrategia de negociación a múltiples bandas. Tanto Mantilla como Danza consideran que un acuerdo con el ELN, alzado en armas desde 1964, ya sería un éxito para el primer Gobierno de izquierdas de la historia de Colombia.

El futuro de la “paz total” dependerá mucho de la orientación del próximo Gobierno. Aunque representantes de la derecha se han incorporado a los equipos negociadores del ejecutivo, un giro conservador en las próximas elecciones podría devolver al primer plano la estrategia militar, que durante el mandato de Duque solo consiguió incrementar la insoportable cifra de víctimas del conflicto, que se cuentan por centenares de miles de fallecidos y millones de personas desplazadas.