El debate político de nuestros días no es ideológico, ni estratégico, ni siquiera demagógico. Es la lucha por el poder descarnada llevada a las tertulias. Sin apenas disimulo, el chantaje es el 'leit motiv' de la mayoría de los discursos, que buscan que el miedo del contrario tuerza su voluntad.
Lo vemos tanto a nivel estatal como en la Región de Murcia. La idea fuerza es que las investiduras saldrán adelante no por estar respaldadas por una mayoría parlamentaria aglutinada en torno a un programa común, sino porque la amenaza de una repetición electoral o de un gobierno alternativa hará que el actor más débil, arrinconado ideológicamente, ceda y entregue sus votos gratis.
En la Asamblea Regional tiene todos los visos de funcionar, al igual que en la Comunidad de Madrid. Vox ya ha renunciado a exigir puestos de Gobierno y se contenta con influir en políticas públicas simbólicas. Sus demandas, basadas en la intolerancia, han hecho ruido, como lo hizo el programa que presentaron al PP andaluz. Pero no han tardado en decir que todo es negociable. No es para menos, pues la mayoría de sus exigencias desbordan el límite competencial autonómica y algunas son tan absurdas que piden derogar leyes inexistentes en nuestra Región.
La clave es que Ciudadanos no tiene miedo al fracaso de la investidura de López Miras. Saben que todo lo que le han sacado a un PP desesperado, se lo sacarán a un PSOE ansioso por recuperar San Esteban un cuarto de siglo después. Los mediocres resultados de los naranjas son lo de menos. Explotan su posición de bisagra para maximizar los cargos a conseguir. Por contra, si Vox da argumentos a Ciudadanos para cruzar hacia la acera del PSOE, previo consentimiento de sus tutores legales en el puente aéreo Madrid-Barcelona, saben que tendrán muy poco espacio político. La oposición a Diego Conesa la acaparará el PP, que además les acusará de haber entregado el poder a los socialistas.
La situación, no obstante, es distinta en el Congreso. Los medios, casi al unísono, trasladan la presión a Unidos Podemos ante la previsible primera investidura fallida y la hipotética repetición electoral. El PSOE pretende que el temor a un nuevo descenso electoral lleve a Pablo Iglesias a conformarse con cargos subordinados a los ministros socialistas y con la política de geometría variable que Pedro Sánchez quiere intentar llevar a cabo, basculando a izquierda y derecha según le convenga.
Se equivocan. Los resultados electorales, como demuestra el caso de Ciudadanos en la Región de Murcia, no son lo más importante. Lo trascendente es el poder. Y quien pondría en riesgo el poder que ocupa, y que podría ejercer durante una larga legislatura en la que no habría opción alguna de moción de censura, es Pedro Sánchez si insiste en no formar Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Dicen los tertulianos que un ejecutivo bipartito restaría apoyos en la investidura, como si Albert Rivera o Pablo Casado se estuvieran pensando la abstención, cuando es al contrario: la presencia de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros facilitaría las abstenciones de ERC y Bildu.
Claro que puede que Pedro Sánchez no quiera gobernar. Que únicamente le interese sacar del cuadrilátero político a Unidas Podemos y ejercer en exclusiva la oposición a un trifachito estatal. Es verdad que no tiene proyecto político. No hay nada en España que anhele cambiar. Ni la precariedad laboral, ni la carestía de la vivienda. Pero seguro que sí quiere el poder. Y si no consigue que el IBEX expulse a Rivera, tendrá que compartirlo con la izquierda transformadora.
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