90.000 funcionarios vascos, pendientes de una posible devolución del 3% de EPSV no abonado desde 2012
Mientras el Gobierno valora cómo regular las condiciones laborales de los funcionarios en un 2019 con presupuestos prorrogados, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidirá el próximo martes si han de abonarse a los alrededor de 90.000 empleados públicos vascos los complementos de pensiones a la EPSV Itzarri que o no se pagaron o se abonaron en menor medida desde el año 2012 hasta la actualidad y también los que han de aplicarse en el futuro.
Fue Erne, el sindicato mayoritario en la Ertzaintza, el que presentó una reclamación judicial en 2017 en este sentido. Posteriormente, se adhirió a ella la principal central vasca, ELA. Ambas organizaciones defienden que los funcionarios tenían derecho a percibir un equivalente al 3% de su salario de manera diferida a través de Itzarri, una herramienta creada en 2004. Subsidiariamente, se plantea que al menos se recupere el porcentaje correspondiente a contingencias no salariales, incapacidad y fallecimiento -el resto es para jubilación-.
Fue en 2012 cuando, en plena crisis, el Gobierno de Mariano Rajoy prohibió estas aportaciones dentro de su política de recortes en la Administración. 2011 fue el último año en que se ingresó ese 3% en Itzarri. Sin embargo, en 2013 el PNV anunció públicamente que había pactado con el PP en las Cortes Generales el levantamiento de ese veto. Aún así, el Gobierno vasco no hizo uso de esa posibilidad en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.
En paralelo, en 2014 435 de los 474 contribuyentes de Elkarkidetza -la EPSV de las entidades locales vascas similar a Itzarri- sí estaban cumpliendo sus convenios con los trabajadores públicos, incluidas las Diputaciones de Álava (PP), Bizkaia (PNV) y Gipuzkoa (EH Bildu). Incluso el propio Tribunal Superior ha emitido sentencias en relación a Elkarkidetza. A nivel autonómico, sólo en los últimos años se ha retomado el pago de Itzarri. El 13 de noviembre de 2018 el Gobierno vasco acordó dejarla en el 1%.
Desde el sindicato Erne, su secretario general, Roberto Seijo, reclama “justicia” a los magistrados Ana Isabel Rodrigo, Ángel Ruiz y José Antonio Alberdi y que escapen de las “presiones” políticas que puede implicar fallar contra la Administración. Fueron 93 millones de euros, aproximadamente, los que supuso esta partida en el último año en que se aplicó. Sin embargo, hace solamente unos meses el pago del 1% del salario a Itzarri fue cuantificado por el Gobierno en 20,8 millones, lo que haría un total de 61,4 anuales en caso de aceptarse el 3%. Sea como fuere, si la sentencia tiene efecto retroactivo, su impacto será millonario para las arcas públicas. “Queremos que se devuelva un dinero que es salario de todos los funcionarios y que fue injustamente quitado”, insiste Seijo.
