Sepulcros blanqueados
Los estrategas jurídico-cortesanos han sacado a SAR la infanta Cristina de las brasas del evanescente tráfico de influencias para lanzarla al fuego del blanqueo de capitales. Y ahí le espera, con paseíllo o sin él, una larga y dura declaración como imputada que ni el bálsamo del amor ni la sombra paterna van a ahorrarle ya. El juez José Castro, al final, ha puesto el dedo en la llaga. La declaración llegará por unos delitos, por los que Manos Limpias la solicitó ya en marzo de 2012, y que él denegó, y que luego le fueron remitidos casi por encargo en un auto de sus superiores de la Audiencia.
De Aizoon a Nóos, sociedades diseñadas ambas para blanquear y disfrutar de dinero de origen ilícito y ocultado al fisco. Un camino que quizá se hubiera podido evitar con una declaración, esa sí, voluntaria, al principio del procedimiento, pero tiralevitas tiene el Estado que han puesto las cosas en el lugar en el que ahora están para martirio de Zarzuela y satisfacción –en este caso, nada malsana– de los que aún queremos tener una chispa de fe en el Estado de derecho.
De los dos delitos a los que ahora se enfrenta la infanta, hay uno en el que le han cubierto ya enormemente las espaldas. Las interpretaciones realizadas por la Agencia Tributaria, los escritos de la Fiscalía, le dan un más que amplio colchón para rebotar mullidamente sobre esta acusación. Cuestión distinta es el blanqueo de capitales. La cosa se le pone mucho más difícil en este campo, a pesar de los intentos de su catedrático metido a letrado por intentar exonerarla atendiendo a su no conocimiento de la actividad.
Obvia el abogado de la infanta Jesús Silva, asiduo asistente teórico a simposios sobre el blanqueo de capitales, la existencia del delito de blanqueo por imprudencia que castiga al que simplemente hubiera omitido las más mínimas normas de cautela y precaución respecto al mismo. Un delito no doloso, un delito cometido por imprudencia y, ¡ay!... ¡Qué hay más imprudente que el amor ciego!
Es cierto que estas sendas del delito no le gustan a Silva, que ha considerado en trabajos teóricos que son una “manifestación paradigmática del proceso de expansión del Derecho Penal”. Olvida, quizás, que no hay nada más necesario, frente a la ingeniería jurídica desplegada para lograr la impunidad de los poderosos, que las sociedades se defiendan expandiendo el derecho sancionador básico para castigar conductas que agreden gravemente la sensibilidad social de la mente democrática. Pero ese es otro tema.
Consideran los expertos que el auto del juez Castro contiene una falla al no considerar también responsable del delito de blanqueo de capitales a Iñaki Urdangarin. Este vacío sería debido a la exclusión del “autoblanqueo” como figura autónoma y punible. Antes de la reforma de 2010 algunos penalistas, vinculados generalmente a la defensa procesal de adinerados clientes, sostenían que no podían ser sujetos activos del blanqueo aquellos que hubieran intervenido en el delito previo.
Esta reforma legal incorporó expresamente esta situación, respaldando así la jurisprudencia del Tribunal Supremo que venía entendiendo de forma casi unánime que las conductas de autoblanqueo también estaban castigadas en el tipo penal del blanqueo de capitales en su redacción anterior. Este agujero negro del auto de Castro puede ser cubierto esta misma semana con la petición de imputación por este delito que será presentada por Manos Limpias al juez instructor.
Las cosas se ponen feas. La única posibilidad de la infanta pasa por una asunción en exclusiva de la culpa por parte de su duque. Urdangarin se come el marrón –ya comenzó con un escrito al juez antes de Navidades– y asume la responsabilidad del blanqueo de forma que, cuando el juez incoe el procedimiento abreviado, en su auto de transformación (equivalente al procesamiento, para que se entienda) deje fuera a la infanta. Podríamos avanzar que también a la esposa de Diego Torres. Y luego ya vendrán las estrategias paliativas que, sin duda, las habrá y estarán siendo estudiadas.
Las grietas del sistema siempre han sido usadas para procurar la impunidad de los poderosos. Este caso es un paradigma, así que todo resquicio será seguramente arañado.
Ya se ha lanzado, de hecho, el globo sonda de la posible utilización de la 'doctrina Botín' para impedir el procesamiento de la infanta. Para cualquiera que conozca la esencia de la doctrina, queda claro que un delito de blanqueo de capitales difícilmente puede considerarse un delito que afecta a bienes jurídicos individuales, y, si no hay particulares perjudicados por el delito, no habrá en consecuencia acusación particular que pueda renunciar a su persecución, esencia última de la referida elaboración jurídica.
En todo caso, tal posibilidad sería algo a plantear en las cuestiones previas de un futuro juicio oral, pero no parece factible como forma de impedir la culminación de la instrucción en el caso de que el juez concluyera, tras la declaración de Cristina de Borbón, que la acusación debe seguir adelante.
No hay que cantar victoria. Aunque la declaración en calidad de imputada de la infanta –recordemos que se trata sólo de preguntarle por los indicios incriminatorios– haya sido un triunfo del Estado de derecho, que ha generado en el camino un inmenso desgaste y un profundo descrédito para las instituciones, no es el final. Habrá más. Más maniobras, más presiones, más desgaste. Los cortesanos, no obstante, debieran ser conscientes de que los ojos de la sociedad española escrutan ese camino, y evaluar cuán alto puede ser el coste para el bien común sin que tenga consecuencias irreversibles.
