El Supremo levanta el último obstáculo para la exhumación de Franco y advierte al prior de su obligación de cumplir la ley
El Tribunal Supremo ya ha resuelto los últimos flecos que quedaban para sacar los restos de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha levantando la suspensión cautelar sobre los acuerdos del Consejo de Ministros que autorizaban el traslado del cadáver del dictador al cementerio de Mingorrubio, en el barrio madrileño de El Pardo. Solventado el expediente judicial, el Gobierno puede ejecutar ya la decisión del Alto Tribunal y llevar a cabo la exhumación.
De hecho, a través de una providencia, los magistrados explican que la sentencia de hace una semana que rechazaba el recurso de la familia Franco es por sí misma “título legítimo bastante” para llevar a cabo las actuaciones previstas por el Consejo de Ministros y por tanto acceder a la basílica del Valle de los Caídos y exhumar los restos. El Alto Tribunal responde así a la petición de la Abogacía del Estado de entrar ya a la abadía a pesar de la negativa del prior. La providencia recuerda además que el artículo 118 de la Constitución Española “obliga a todos a cumplir las sentencias firmes”.
Hace dos semanas, el Alto Tribunal ya desestimó de manera íntegra el recurso presentado por sus descendientes contra los acuerdos del Consejo de Ministros que autorizaban el traslado al cementerio de Mingorrubio. El Supremo resolvió en primer lugar el recurso presentado por la familia porque era el más complejo y su fallo debía incluir a dónde era trasladado el cadáver.
Sin embargo, la resolución de los tres recursos que la Sala ha analizado este jueves -los presentados por el prior Santiago Cantera, la Fundación Francisco Franco y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos- era necesaria para realizar la exhumación porque su presentación conllevó la medida cautelar de suspensión de los citados acuerdos. Aunque se trata de un trámite meramente formal, sin su cumplimiento no se podía llevar a cabo el traslado de los restos.
Sin la autorización del prior
Además, este miércoles los jueces del Tribunal Supremo reiteraron que el Gobierno puede exhumar los restos aunque no cuente con el visto bueno del prior, que ha amenazado con desacatar la sentencia del Alto Tribunal. Los descendientes de Franco habían pedido al Alto Tribunal que clarificara si en caso de que la Comunidad Benedictina no permitiera la entrada a la basílica, ese permiso podía ser suplido por una “autorización judicial”. En un auto fechado este miércoles, los jueces reiteran que la sentencia es “clara”. Añade, además, que el único órgano que puede revisar decisiones del Consejo de Ministros es el Tribunal Supremo.
Los magistrados ya resolvieron en la sentencia hecha pública la semana pasada que la negativa de Cantera a la autorización solicitada por el Consejo de Ministros para sacar el cadáver de Franco de la basílica decaía con ese fallo. Y lo justificaron en que el religioso amparó su decisión en la oposición de los descendientes de Franco que, según el Supremo, “ni tienen capacidad de disposición absoluta o ilimitada sobre un bien de titularidad pública” y a los que “ni sus derechos a la intimidad personal y familiar y a la libertad religiosa les confieren la facultad de impedir la exhumación legalmente acordada”.
En esa misma sentencia, los jueces del Alto Tribunal también establecieron que los acuerdos del Consejo de Ministros sobre la exhumación de Franco “no infringen la inviolabilidad de la basílica del Valle de los Caídos ni el derecho fundamental a la libertad religiosa” que invocaron los recurrentes en este proceso.
El aval definitivo del Tribunal Supremo da vía libre al Gobierno para cumplir una de las promesas que hizo Pedro Sánchez al ganar la moción de censura y pone fin a quince meses de enfrentamientos legales en los que los Franco han intentado truncar los planes de sacar el cadáver de Franco del conjunto monumental. La decisión del Ejecutivo parte de una moción aprobada en mayo de 2017 a propuesta del PSOE con el respaldo de todos los partidos a excepción del PP y ERC, que se abstuvieron. En el caso de los republicanos catalanes, veían insuficiente la proposición no de ley.
El Valle de los Caídos está financiado por el Estado, es de titularidad y pública y, hasta ahora, aloja al dictador junto a miles de sus víctimas. La ley de Memoria Histórica prevé que ese monumento se convierta en un espacio de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, algo que parece estar más cerca tras esta última decisión del Tribunal Supremo.
