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Cospedal recula y deroga el cierre de las urgencias nocturnas
Los ciudadanos de Castilla-La Mancha no verán cómo las urgencias médicas cierran por la noche. El Gobierno que dirige María Dolores de Cospedal publica hoy una orden que deroga otra anterior por la que se estableció el cierre de las urgencias nocturnas de 21 Puntos de Atención Continuada (PAC) de la región. En el escrito publicado en el Boletín Oficial de la comunidad, el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, justifica la decisión en las distintas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en las que daba la razón de forma cautelar a los ayuntamientos afectados.
Echániz usa el diario oficial para arremeter precisamente contra los jueces, a quienes acusa de obstaculizar “el logro de una sanidad más eficiente, eficaz, útil, rápida, moderna, racional y efectiva”. El Gobierno de Castilla-La Mancha argumenta que los pronunciamientos que sobre dicha orden se han realizado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha hacen “prácticamente imposible la consecución y objetivos de mejora que se pretendían obtener con la misma”. Además, fundamenta la derogación de la orden en “la constatación del escaso uso de estos recursos”. Asimismo, plantea que la suspensión cautelar de las medidas dictadas por el Tribunal Superior de Justicia provoca la “desamornización” del sistema global de la comunidad autónoma.
Por ello, de acuerdo con “los principios de eficacia y coordinación” en la prestación sanitaria de urgencia, el Gobierno castellanomanchego considera necesario dictar esta nueva orden, que deroga la anterior y que entra en vigor hoy mismo.
Esta decisión se toma “sin perjuicio de la ulterior necesidad de proceder a racionalizar la atención sanitaria urgente que se presta en las zonas básicas de salud, con el fin de optimizar la utilización de los recursos físicos, humanos y materiales, sin que por ello se comprometa la calidad de la asistencia sanitaria de la población y siempre persiguiendo el interés general y la máxima protección del bien jurídico que constituye la salud como bien constitucionalmente protegido”.
La Consejería de Sanidad recalca en cualquier caso que la reorganización territorial y funcional del servicio de urgencias se basó en estudios técnicos y agilizaba la asistencia urgente y emergente en las zonas básicas afectadas mediante la ubicación de unidades de soporte vital con personal sanitario, “respondiendo a criterios de racionalidad de los recursos públicos, inmediatez y continuidad en la atención sanitaria urgente y emergente”.
La orden que hoy queda derogada entró en vigor el 14 de enero y sólo tres días después el Tribunal Superior de Justicia dictó un primer auto de medidas cautelarísimas para suspender sus efectos.
El 29 de enero dictó otro auto de medidas cautelares en el que mantenía la suspensión de la orden en Tembleque (Toledo), cuyo ayuntamiento fue el primero que recurrió y al que en fechas posteriores se fueron sumando los demás.
El Gobierno de Castilla-La Mancha presentó un recurso de reposición ante esa decisión, pero fue desestimado el 5 de marzo por el Tribunal Superior con cinco votos a favor y dos votos particulares.
