La querella colectiva contra Pujol le cae al juez Pedraz
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz asumirá la querella presentada por Podemos, Guanyem Barcelona y otros partidos y colectivos contra la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en la que se le acusa de no haber declarado a Hacienda los fondos que tuvo en el extranjero durante más de treinta años y haber creado presuntamente un entramado político y empresarial dedicado al cobro de comisiones ilegales, informaron fuentes jurídicas.
La querella ha recaído en el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 en virtud de las normas de reparto de la Audiencia Nacional a pesar de que los dos colectivos se la remitieron al juez Pablo Ruz, que investiga al hijo mayor del exjefe del Gobierno catalán, Jordi Pujol Ferrusola, por los numerosos pagos superiores a 200.000 euros que sus empresas recibieron de empresas adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña.
Según las citadas fuentes, el magistrado tendrá que decidir ahora si admite o no a trámite la querella tras pedir los correspondientes informes a la Fiscalía o si bien se la remite a Pablo Ruz por existir antecedentes en su juzgado sobre este asunto.
La acción legal, que cuenta también con el apoyo de ICV, EUiA, CUP, Partido X, Procés Constituent y otros colectivos sociales, se remonta a la “falta de funcionamiento efectivo de los controles” que propició el cierre de la instrucción del caso Banca Catalana en 1986, y recoge la confesión por escrito que realizó el expresidente catalán el pasado 25 de julio, cuando reconoció que su familia había regularizado los fondos provenientes de una herencia que su padre, Florenci Pujol, le había legado en septiembre de 1980.
También considera “indispensable, por razones de justicia, determinar si este patrimonio oculto, aunque inicialmente fuera un legado del padre del expresidente, procede también del portentoso entramado financiero creado por la familia Pujol y de beneficios obtenidos por actividades económicas ilícitas vinculadas a la obtención de contratos públicos para sus propias empresas o al cobro de comisiones, por parte de la Generalitat, en la celebración de este tipo de contratos”.
Más de una decena de querellados
Los querellantes piden la imputación del expresidente del Ejecutivo catalán; su esposa, Marta Ferrusola; los hijos del matrimonio --Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer--; y empresarios como Jordi Puig i Godes --hermano del conseller Felip Puig-- y Carles Sumarroca, cofundador de CDC y amigo del exmandatario catalán. También se encuentran dos hijos de este último --Carles y Jordi Sumarroca Claverol-- y la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès.
Los promotores de esta iniciativa, que han contado con el asesoramiento del fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, atribuyen a los querellados varios delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento público y omisión de perseguir delitos.
De igual modo, justifican que la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos al tratarse de “defraudaciones o maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.
Reparto de papeles
El abogado Jaume Asens explicó en rueda de prensa que la familia Pujol Ferrusola se repartía los papeles, de tal modo que tres de los hijos --Jordi, Oleguer y Pere-- se dedicaban a los negocios mientras que el padre y su hijo Oriol desarrollaban su actividad política. Además, ha asegurado que CDC estaba al caso de esta situación: “Este entramado no se entiende sin el apoyo implícito del partido o de una parte del partido. No nos creemos que nadie más lo supiese”.
La querella señala que los hermanos Pujol Ferrusola ostentarían la titularidad de más de 50 empresas relacionadas con un amplio abanico de negocios que van “desde la explotación de clubes de golf, puertos francos, tratamientos de residuos, promociones inmobiliarias y sociedades patrimoniales, hasta refinerías petrolíferas o empresas de distribución eléctrica, dentro y fuera de España”.
El texto, el primero contra la familia Pujol Ferrusola que se presenta en la Audiencia Nacional, se suma a la que interpuso Manos Limpias en Barcelona, sobre la que incoó diligencias previas en julio pasado el Juzgado número 31; y la que presentó por la formación Plataforma por Catalunya (PxC) en esta misma sede judicial.
Ruz interrogará el próximo 15 de septiembre a Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironès, a los que imputa indiciariamente un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública.
La Justicia andorrana advirtió el pasado 28 de agosto al juez de que sólo entregará la información bancaria que le ha solicitado si el delito de blanqueo de capitales que se atribuye al investigado va asociado a otros de corrupción como cohecho o tráfico de influencias.
