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Venezuela, la 51ª provincia de España

Ana Pastor conversa con diputados del PP antes de la Diputación Permanente del Congreso.

Iñigo Sáenz de Ugarte

Venezuela tiene dos de cada en cuanto a las principales instituciones del país. Ahora cuenta con dos presidentes y dos parlamentos. Lo que no tiene es un legislativo en que Gobierno y oposición debatan sobre la situación. La Asamblea Nacional está controlada por la oposición, pero fue despojada de sus competencias por el Tribunal Supremo, controlado por los chavistas. La Asamblea Constituyente –que es prácticamente monocolor porque la oposición boicoteó su elección en las urnas– fue convocada por Maduro en una decisión que se produjo al año siguiente de la victoria opositora en las elecciones legislativas de 2016.

Ahí es donde entra el Parlamento español que debate sobre Venezuela con una dedicación que poco tiene que ver con el interés esporádico que diputados y senadores suelen prestar a la política exterior. Pero con Venezuela se desata una mutación y todos tienen opiniones sólidas al respecto, todos reprochan al rival su impresentable conducta y todos se presentan como defensores del pueblo venezolano.

A todo ello hay que unir dos expresidentes españoles alineados con la oposición y un tercero que protagonizó un intento de mediación sin resultado entre chavistas y antichavistas. Una parte de la izquierda defiende al chavismo a muerte y la derecha lo considera un ejemplo de dictadura parecido al de Cuba. Un observador extranjero diría que los españoles se dividen en dos tipos: los que tienen una opinión sobre Venezuela y la cuentan, y los que la tienen, pero aún no la han revelado.

En la Diputación Permanente del Congreso –el equipo de guardia de los diputados en enero, mes con poca/nula actividad parlamentaria–, hubo el lunes una avalancha de peticiones del PP para que comparezcan ministros de forma extraordinaria. Algunos ya han aceptado hacerlo en comisión la próxima semana. Por razones de actualidad, había dos temas que destacaban sobre el resto: las protestas de los taxistas y, cómo no, Venezuela.

“Fuera de juego”

En la línea expresada en los últimos días por Pablo Casado, el diputado del PP José Ramón García Hernández acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de estar “dando oxígeno” a Nicolás Maduro, por tanto de estar sosteniendo a una “dictadura con todas las letras”. Sánchez “es el único que está fuera de juego”. Dijo que Sánchez está solo, aunque el sábado el presidente español envió a Caracas un mensaje idéntico al de los gobiernos de Francia y Alemania con los que había pactado el contenido: un ultimátum de ocho días para que se convoquen elecciones. Además, Sánchez reconoció la legitimidad de la Asamblea Nacional venezolana, cuyo presidente Juan Guaidó se ha proclamado presidente en funciones.

García Hernández sostuvo que Sánchez tiene “un divorcio” con los socios de la UE con el argumento de que “Finlandia, Dinamarca y Reino Unido se han desmarcado”. Pero la posición de la UE está más cerca de la de Sánchez que de la de esos tres países. No estás muy solo en la UE si estás en el mismo grupo que incluye a Merkel y Macron.

El PP no acepta que Maduro convoque elecciones –este no parece muy interesado de momento– y considera a Guaidó presidente legítimo del país. Donde sí quiere elecciones es en España. Eso ya lo sabíamos, pero García Hernández se tomó la molestia de recordárnoslo.

El chiste de las elecciones

Su referencia final a las urnas en España provocó las risas de Aitor Esteban, del PNV, en el comienzo de su intervención: “Ah, así que esto era para pedir elecciones en España. Me ha sorprendido. Ha sido un final apoteósico”. García Hernández también se reía con ganas. Pedir elecciones anticipadas, aunque antes se haya estado hablando de Venezuela, el paro juvenil o el sexo entre ornitorrincos, forma parte ya del folclore de la Cámara.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, también se refirió a las elecciones de aquí, no las de allí, al preguntarse qué credibilidad tiene Sánchez para exigir una convocatoria electoral por Caracas en ocho días cuando no las ha convocado en España. La relación causa-efecto es algo tenue.

La crisis de ese país permite a todo el mundo entrar en una competición de reproches sobre lo que hacen o han hecho los demás. El PP reprocha a Sánchez que no sea lo bastante duro. Ciudadanos reprocha al PP que no fuera lo bastante duro cuando estaba en el Gobierno (“el Partido Popular, con el señor Rajoy, también fue rehén de lo que disponía el señor Zapatero”, dijo Rodríguez). El PSOE reprocha al PP que antes no se pusiera tan gallito (“cuando gobernaban, no vi en ningún momento que rompieran relaciones con Maduro o con Venezuela”, comentó Patxi López). Joan Baldoví reprocha al PP la foto de Aznar con Gadafi.

El PSOE acarrea además una dosis amarga de fuego amigo procedente de la vieja guardia del partido. Felipe González lleva mucho tiempo reclamando mano dura con el Gobierno de Caracas y ahora ha pedido que se reconozca como presidente a Guaidó. Opina lo mismo Alfonso Guerra, para quien Maduro es peor que Pinochet, porque el chileno era un dictador eficaz.

Las cifras son reales

Hablar de Venezuela en España no es una excentricidad. Hay como mínimo 160.000 españoles viviendo en el país latinoamericano, según la última cifra dada por el ministro Borrell (muchos han huido del país para escapar del hambre). En España residen 109.880 venezolanos, según los datos del INE de julio de 2018 (ahora serán muchos más). Esta última, por cierto, no es una inmigración que moleste al PP y Ciudadanos, y en su mayor parte es por razones económicas muy comprensibles. En este caso, sí hay efecto llamada, pero no se le llama así.

El debate en España sobre Venezuela está completamente nacionalizado con la intención de que sirva para los intereses propios. Se utiliza para hacer profesión de fe liberal o socialista. Para atacar al adversario por no ser lo bastante pro o antichavista. Pocas veces se emplea para decir en concreto qué se podría hacer allí para encontrar una solución, excepto el socorrido 'que gobiernen los míos' o bien 'hagamos algo con la UE', no precisamente una institución con una política exterior común y decidida.

Los políticos españoles no cuentan con un remedio infalible para revertir el hundimiento económico y político de Venezuela –y eso no es reprochable–, pero algunos hablan de ese país como si no tuviera secretos para ellos. En términos de retórica política, es como si toda la vida hubiéramos estado pendientes de Venezuela, lo que todos sabemos que no es cierto.

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