Vamos a contar mentiras...

Ahora que vamos despacio, ahora que el estío nos adormece y la galbana nos posee, vamos a contar mentiras. Tralará. Como ejercicio, como entretenimiento, como transgresión.

Vamos a contar que el atolladero en el que se halla sumido el magistrado Llarena, y el Tribunal Supremo entero con él, no es fruto de ninguna disfunción ni de un funcionamiento anómalo, desleal o inaceptable de ningún sistema. Contemos que es producto directo de la forma en la que se planteó la persecución judicial de la desobediencia catalana y que no podía tener otro final que el que ha tenido. Cada acción tiene su reacción y el forzamiento de las normas penales para conseguir encajar las conductas de los líderes independentistas en los tipos más graves -para lograr no sólo una mayor represión sino para poder llevar a cabo acciones de represalia con claros efectos políticos como el encarcelamiento preventivo y finalmente su inhabilitación como parlamentarios electos tras un procesamiento exprés- sólo podía funcionar en un tribunal que había hecho suyo el alto destino de salvar la unidad de España más allá de esos políticos inoperantes que no estaban dando la respuesta adecuada y en un país cuya opinión pública mayoritaria estuviese dispuesta a comprar de forma acrítica todo ante el atropello máximo que para ellos era la ruptura de su país. Si esto no hubiera sido así, si no hubiera sido obvio que solo con esas circunstancias concretas se podía comulgar con la desmesura jurídica, no hubiera sido posible prever que cualquier tribunal de cualquier otro país que no hubiera sido devorado por la fiebre nacionalista española no iba a tragar con las burdas maniobras para convertir una desobediencia civil de las instituciones catalanas en una rebelión violenta. Cualquiera no abducido por la finalidad de las maniobras era capaz de predecir que los ex miembros de la Generalitat que salieron de España no iban a ser entregados para ser juzgados por rebelión. Todo el que tenía esto claro lo vio desde que se descubrió la estrategia jurídica de las defensas. Lo dijimos. No porque los países sean malos y odien a España sino porque nadie es capaz de taparse las narices con tal ahínco en un tema que ni le va ni le viene. Bélgica no entregó y se dijo a gritos que era un estado fallido protector de terroristas para explicarlo. Alemania no entrega y ni siquiera fue un país elegido por los muñidores legales de los expatriados, sino que lo fue por el propio CNI. Escocia no va a entregar. Suiza tampoco lo hará. Todos antiespañoles, todos malos, todos conspiradores contra nuestros intereses y humilladores del Tribunal Supremo. Tal vez simplemente todos con la vista lo suficientemente limpia y sin ganas de fábulas. 

Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas. Tralará.

Vamos a contar mentiras. Vamos a contar, por ejemplo, que las ambiciones personales también han contado en esta cuestión.  Vamos a especular con el hecho de que el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, llamado a presidir el juicio, tenga sesenta años y tenga en su mira acceder al puesto más alto para un juez en España: la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ que se debería relevar antes de las navidades. Pongamos que el mérito de haber sido capaz de tejer una malla fuerte, implacable y efectiva frente al independentismo fuera un mérito que premiar. Vamos a inventar que quizá el magnificado Llarena no haya estado sólo sino respaldado de forma clara por su sala y por su presidente que, por cierto, es mucho más inteligente y mucho mejor jurista que él. Vamos a inventarnos que el juego empezaba con una querella del FGE Maza que forzaba un relato tan ficcional como este para justificar la violencia y terminaba con un juicio veloz antes de que se renovara el CGPJ y llegaran las elecciones que el partido entonces en el gobierno quería ganar con una baza fuerte en la mano. Vamos a añadir que la investigación prospectiva de la Fiscalía comenzó mucho antes de los sucesos de octubre y que nadie ha sabido explicar por qué hay respuestas de Hacienda a la Fiscalía muy anteriores a la apertura de ninguna diligencia de investigación.

Con el ruido de las nueces, salió el amo del peral. Tralará, tralará.

Vamos a contar mentiras enormes, como que en el núcleo duro de la Fiscalía del Tribunal Supremo hay personas fuertes, puntales que fueron muy potentes, a los que se despojó de su poder pero que tienen ahora en sus manos este asunto. Vamos a inventarnos que, con pocos años ya por delante y con la convicción de que los conservadores seguirían en el poder mucho tiempo, volvieron a utilizar las estrategias que tan bien funcionaron contra el terrorismo. Todo es procès. Fabulemos con que sólo una salida por elevación de estas personas facilitaría una vuelta a la lógica jurídica. Una vuelta al hecho cierto de que no existió violencia o, al menos, no la necesaria para poner en jaque a un estado democrático y a que los delitos que pudieron cometerse no fueron desde luego el de rebelión. Saquémonos de la manga, tralará, que todas las instancias judiciales imbricadas en este asunto han puesto su única mirada en el artículo 2 de las Constitución Española y se han puesto las anteojeras para no ver ni de refilón el artículo 24 y que eso nos ha traído a esta situación puesto que nadie podía pretender, si no están locos, que otros países europeos hicieran lo mismo.

Chiquillos no tiréis piedras, que no es mío el melonar, que no es mío el melonar.

Podemos seguir contando las mentiras más grandes esta noche, como que el auténtico problema para desescalar esta construcción jurídica descabellada son los hechos y no el Derecho. Podemos mentir y anunciar que es cuestión de tiempo que las cosas vayan a peor y que Europa, no ya las justicias de diversos países, deje al descubierto que nada de esto era legal ni justo. Podemos inventarnos que este camino sólo irá a peor y recomendar una vuelta a la Justicia y a los principios del Derecho que han sido pisoteados. Mentir diciendo que existen formas perfectamente legales y profundamente jurídicas de desmontar el andamiaje que la Brigada Supremo ha creado en torno a esta causa y conseguir refrenar esta loca carrera que sólo trae un despropósito jurídico más cada vez que se intenta enmendar el anterior de forma tacticista. Eso mismo sucedería si finalmente Llarena decidiera adscribirse a un inexistente principio de oportunidad del ordenamiento español para rechazar la entrega de Puigdemont en lugar de abrazar y ceñirse al principio de legalidad que le obliga, como a la Fiscalía, a perseguir el delito y, por tanto, a aceptar la entrega de Puigdemont para juzgarlo en España por malversación. Eso les desmonta el chiringuito, pero sucede solo porque el chiringuito era una construcción imposible.

Ahora que vamos despacio, ahora que el verano nos va a dar un espacio de sosiego porque como me decía un anterior presidente del TS “el verano, hija, en España lo cura todo, lo borra todo, lo arregla todo”, ahora vamos pues a contar mentiras. Tralará, tralará.