El Gobierno formaliza su recurso contra el decreto antidesahucios y Bruselas le sigue viendo riesgo
Mientras la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, viajaba este miércoles a Bruselas para defender el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, se ha conocido que el Gobierno de la Nación ha presentado ya un recurso contra la norma en el Tribunal Constitucional (TC), 72 horas antes de que expirara el plazo tope. Si el TC lo admite a trámite en su pleno de este jueves, supondrá la paralización durante cinco meses del decreto. En este contexto, IU ha llamado a la movilización el viernes a las 12 horas en las subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, protesta que se acompañará de la recogida de firmas.
De todas maneras, a día de hoy, la norma sigue vigente y este miércoles, de hecho, Fomento y Vivienda ha iniciado la expropiación del uso de dos inmuebles en Málaga para evitar sendos desahucios de personas en riesgo de exclusión social. Se trata de un decreto que ha marcado diferencia en Andalucía para dar respuesta a una ciudadanía agobiada por la situación económica y donde cada día nuevas familias se enfrentan al drama de ser expulsadas de sus viviendas. Eso, en una comunidad autónoma con unos 700.000 inmuebles vacíos, frente a unos 195.000 demandantes de un techo y unas 80.000 familias desahuciadas desde que empezó la crisis, según datos de Fomento y Vivienda.
Desde su entrada en vigor el pasado 12 de abril se han iniciado 12 expedientes de expropiación para evitar desahucios de otras tantas viviendas embargadas por la banca. Si el decreto fuera suspendido, dichas expropiaciones no culminarían. Tampoco podrían acogerse el resto de solicitantes. También en estos casi tres meses de vida del decreto, se ha empezado a inspeccionar el parque de vivienda de Andalucía al objeto de detectar aquellas que estén vacías e incorporarlas al registro de inmuebles deshabitados, pudiendo sancionar a las personas jurídicas que los posean. Por último, se ha recabado información sobre las viviendas protegidas que los bancos tienen en sus balances. Una veintena de ellos ya han contestado y todos muestran ánimo colaborador.
La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), pilares de la 'troika' junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), han insistido en que el decreto tendrá un “impacto negativo” en la estabilidad financiera en España, y en eso se apoya Madrid. Lo recoge así en su tercer informe sobre la marcha del rescate bancario de España. “El decreto adoptado por Andalucía puede tener consecuencias negativas para el sistema financiero en su conjunto”, reitera.
“Los efectos indirectos pueden incluir una reducción del apetito de los inversores por los activos inmobiliarios españoles, así como un deterioro en el valor de las carteras de activos inmobiliarios de los bancos y de la capacidad de los bancos de colocar en los mercados cédulas hipotecarias”, subraya el informe procedente de Bruselas.
También este miércoles se ha conocido la oferta de Madrid de mantener una negociación “informal” con la Junta de Andalucía sobre este decreto, según información de la agencia Europa Press. Este encuentro se podría desarrollar a través de una comisión de seguimiento de conflictividad. Insiste el Gobierno de la Nación que no tiene sentido otro tipo de marco -como la comisión bilateral reclamada por Andalucía- cuando la Abogacía del Estado ya ha presentado el recurso.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha explicado que la consejera pretende demostrar al conjunto de la Comisión Europa y de las autoridades de Bruselas que se trata de una propuesta “constitucional y estatutaria”, al tiempo que ha rechazado los argumentos de que vaya a desequilibrar el sistema financiero el hecho de que sean expropiadas temporalmente las viviendas vacías de la banca que no se pongan en venta o alquiler, una de las medidas más llamativas del decreto. En opinión del también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, el Gobierno de la Nación “se parapeta tras la Unión Europea, que no tiene ninguna competencia en este asunto, para recurrir en el TC un decreto que persigue defender la función social de la vivienda”.
Desde la Junta de Andalucía insisten en su constitucionalidad y recuerdan que hay jurisprudencia al respecto. Como referencia, la sentencia de 1987 del TC que defendió la reforma agraria de Andalucía que contemplaba la expropiación de fincas que no estuvieran explotadas. “Reconoce un derecho a la propiedad privada pero también unos deberes para garantizar la función social de la misma en defensa de los valores constitucionales, por lo que es un calco de lo que persigue el decreto antidesahucios”, ha defendido esta semana el portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez.
Paralelamente, el Parlamento de Andalucía tramita su proyecto de ley, donde intentarán corregir el texto con enmiendas que impidan un posible nuevo recurso. En este sentido, el recurso anunciado por Madrid se refiere al decreto. Con el proyecto de ley se buscarán alternativas para protegerlo de un posible el recurso de inconstitucionalidad, y además, matizar aspectos de forma que pudieran darle motivos al Gobierno de la Nación en esta intención.
