La Junta de Andalucía empieza a trabajar en una nueva Ley de Vivienda, que busca impulsar su construcción a precio asequible

El Consejo de Gobierno ha instado este martes a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a desarrollar las medidas necesarias para la redacción de la Ley de Vivienda de Andalucía, que se aprobará en esta legislatura y entre cuyos objetivos fundamentales serán impulsar y favorecer el derecho a la vivienda en Andalucía, especialmente, de los jóvenes.

El Gobierno andaluz ha asegurado que la futura Ley promoverá la construcción de viviendas a precio asequible, tanto en venta como en alquiler, la rehabilitación del parque inmobiliario, que se encuentra envejecido, además de promover nuevas soluciones residenciales.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que “la nueva normativa nos debe ayudar” con el argumento de que propicia “un camino más sencillo, claro” para propiciar el acceso a la vivienda, que la Junta de Andalucía concibe como un única vía por cuanto ha planteado que “favorecer el acceso supone incrementar la oferta de vivienda”, de manera que seguidamente ha expuesto que “no creemos en las medidas intervencionistas que ha planteado el Estado: intervenir en los precios de los alquileres”.

“Andalucía marca su propio camino”, ha sostenido Carazo, quien ha explicado que el paso adelante que ha dado el Consejo de Gobierno con la futura Ley de Vivienda responde a que “seguimos esperando esa ley estatal que no llega, no se aprueba”.

Tras advertir de que el Estado “no regula el problema de la ocupación ilegal” y que la intención del Gobierno andaluz es ahondar sobre ese problema, Carazo ha esgrimido que “llevamos cuatro años esperando esa norma estatal básica que no llega, hemos decidido no esperar más, dar un paso adelante en nuestro propio camino”.

Con la futura norma reguladora de la vivienda en Andalucía la consejera de Fomento ha planteado que “el objetivo es simplificar, aclarar la norma” autonómica, de la que ha planteado que “es dispersa, vacía” tras recordar que “hasta cinco normas regulan la política de vivienda”, momento en que ha recordado que “en 2005 con la Ley de Vivienda Protegida de Andalucía nos dijeron que se podía reclamar la vivienda ante un juez”.

La futura norma, ha explicado el Gobierno andaluz por medio de una nota, preve actualizar la regulación de la vivienda protegida en Andalucía y establecer los requisitos de habitabilidad y calidad de las viviendas con la aspiración de impulsar el consumo casi nulo de energía y la instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo en el sector residencial en Andalucía, ante la necesidad de que sean más saludables, con más espacios libres y más inclusivas.

El texto legal también tendrá como cometido proteger a los propietarios frente a las ocupaciones ilegales, blindar el derecho de los propietarios a alquilar sus viviendas incentivando la rehabilitación para su puesta en alquiler, promover la constitución del Parque Público de viviendas de Andalucía, incluyendo las viviendas de titularidad de las distintas administraciones públicas, así como de privados que actúen en el marco de los programas del plan de vivienda.

La ley buscará impulsar la aprobación de los Planes Municipales de Vivienda.

El nuevo texto legislativo planteará activar la regeneración de barriadas y zonas de infravivienda, garantizar medidas alternativas contra los desahucios e impulsar la colaboración público-privada, así como la colaboración con entidades locales, para garantizar una oferta de vivienda adecuada.

Para su redacción, la Consejería de Fomento garantiza que habrá participación de todo el sector y de la sociedad en general, por lo que pretende activar grupos de trabajo con colegios profesionales, asociaciones de consumidores, entidades financieras, Tercer Sector, empresarios, promotores, etc.

Con la futura Ley de Vivienda de Andalucía se derogarán cinco normas autonómicas: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005; la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010; la de Función Social de la Vivienda de 2013; la de Protección de los Deudores hipotecarios de 2016 y la de Tanteo y Retracto de 2018.

La pretensión del Gobierno andaluz es la unificación y simplificación de la normativa para hacer más atractiva la promoción de viviendas protegidas y hacer más fácil el acceso a una vivienda, sobre todo, para los colectivos con más dificultades como los jóvenes o las familias con pocos recursos económicos.

La pasada legislatura, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan Vive en Andalucía 2020- 2030 para que, de forma urgente, se abordasen los principales problemas en materia de vivienda.

La Junta de Andalucía ha apuntado que bajo el paraguas de este Plan se han puesto en marcha programas como el de Fomento del Alquiler, que ha promovido ya la construcción de 4.000 viviendas a precio asequible en Andalucía.

El Plan Vive en Andalucía posibilitó la pasada legislatura una inversión de 668 millones de euros en más de 93.000 actuaciones en: vivienda protegida, ayudas al alquiler, rehabilitación residencial, el programa de espacios públicos urbanos (Plan Vive tu Ciudad) y el de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico.

De esos 668 millones de euros invertidos, más de la mitad, 341 millones, fueron para la promoción de nueva vivienda protegida (Fomento del alquiler, autoconstrucción y adecuación de suelos municipales).