La Junta de Andalucía adjudica el millonario contrato del 112 tras un rosario de recursos, prórrogas y “ocultismo”

Recursos, prórrogas y “ocultismo” hasta llegar al mismo punto: Ferrovial Servicios se vuelve a adjudicar el contrato del 112. No ha sido fácil sacar adelante la contratación pública del servicio de Emergencias de Andalucía, adjudicada finalmente por la Junta de nuevo a la empresa Ferrovial por  25,6 millones de euros al año con un plazo de ejecución de 24 meses, prorrogable otros 24, es decir, hasta 2024. La empresa, encargada de le gestión del servicio desde abril de 2017, se hará cargo ahora de las operaciones, desarrollo y análisis en los centros regionales y provinciales e integración de organismos al sistema 112.

El contrato entre Junta y Ferrovial Servicios se había prorrogado una vez en abril de 2019 y la Junta estaba planteando alargar de nuevo “mes a mes” dicha relación contractual a partir de este 31 de enero “por motivos presupuestarios”, pero finalmente el nuevo contrato se ha firmado entre el martes y el miércoles de esta semana tras la desestimación final de unos recursos presentados hace meses por CCOO y CGT al proceso de licitación y que no habían sido contestados hasta ahora.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales no admitió la semana pasada un recurso especial presentado por la Confederación General del Trabajo en Andalucía (CGT-A) contra la resolución de adjudicación del contrato del pasado 27 de diciembre, lo que en principio daba vía libre a la nueva adjudicación, como informó este periódico el pasado miércoles.

En ese punto, se convocó para el 3 de febrero a la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) de todos los centros 112 para hacer entrega de un resumen de las condiciones sociolaborales de la oferta técnica de Ferrovial. Ya advertía ese tribunal que estaba pendiente de al menos otro recurso de CGT contra los pliegos, la memoria justificativa y la memoria económica relativa al expediente de contratación, cuya resolución ha motivado el último retraso en la adjudicación.

Reunión del lunes desconvocada a última hora

Ferrovial desconvocó la reunión después de que la Junta comunicara una nueva suspensión de la adjudicación hasta resolver un recurso de CCOO y otro en el mismo sentido interpuesto por CGT, firmándose una prórroga hasta la resolución definitiva. Fuentes de la Junta alegaban en ese momento que el contrato con Ferrovial “era dos años prorrogable” y actualmente se estaba ante la segunda prórroga. “Por motivos presupuestarios la prórroga se va a hacer mes a mes a partir 31 de enero”, comentaron a este medio hace unos días, si bien la cuestión ha quedado ahora solventada.

Lo cierto es que la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía había suspendido el procedimiento de adjudicación tras la interposición del citado recurso de CGT-A en el que la organización de trabajadores alertaba a la administración andaluza de la “prohibición de contratar a entidades que han sido condenadas por vulnerar derechos fundamentales de sus trabajadores/as”, con base al artículo 71 de la Ley de Contratación del Sector Público.

Aumento del 6% hace año y medio

Cabe recordar también que la Junta firmó con Ferrovial en julio de 2018 una modificación del contrato original (de abril de 2017) que conllevó un aumento presupuestario del 5,9%, justo antes de las elecciones andaluzas y cuya tramitación fue motivo de una querella en los tribunales que finalmente fue archivada. La Junta se apoyó, como pedía Ferrovial, en las “continuas situaciones de emergencia extraordinaria” en Andalucía a partir del contrato original.

Ferrovial, tras aquella modificación del contrato, había advertido a la Junta que no renovaría en abril de 2019 el contrato de 2017 “dada la imposibilidad de ejecutar el mismo en las condiciones económicas actuales”, a sabiendas de que ya se había aumentado el contrato en 1,17 millones. Fuentes de CGT-A denuncian que, ya en abril de 2019, Ferrovial siguió gestionando el servicio pero “no aparece por ningún sitio ni el contrato nuevo o la prórroga”, habiendo solicitado la información al Portal de Transparencia. “Todo oscuro y sin información”, lamentan las fuentes. “El silencio y ocultismo ha imperado desde entonces, hasta que se licita el contrato nuevo en octubre 2019”, apuntan las fuentes de CGT-A, que presentó alegaciones que habrían sido desestimadas justo antes de la firma del nuevo contrato.

El gabinete jurídico de CGT-A entendió que, tras la renuncia de Ferrovial a renovar el contrato en las mismas condiciones que el firmado en abril de 2017, “la Junta obligó a prorrogar por nueve meses mientras adjudicaba la nueva licitación”. “Por eso se fijó el 1 de febrero para la efectividad del nuevo contrato, justo nueve meses después de abril de 2019 que, con el artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público en la mano, no se puede volver a prorrogar, por lo que la Junta habría optado por renovarlo mes a mes”, explican las fuentes de CGT-A.

Los jurídicos de CGT-A consideraron la semana pasada que “ante esa situación de no poder prorrogar el contrato, la Junta debería asumir al personal directamente, un objetivo que se ha marcado CGT desde hace tiempo en el periplo parlamentario y con las impugnaciones planteadas”.

Memoria técnica “confidencial”

Fuentes de CGT entienden en última instancia que Ferrovial “no debe ser concesionaria de la Administración Pública”. La organización, además, había solicitado a la Administración el acceso a toda la documentación del proceso de licitación del 112 Andalucía, entendiendo que existen motivos legales que debían haber provocado la exclusión de la participación de esta empresa en la licitación. En la misma línea ha registrado una petición en el Parlamento de Andalucía el diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez, pidiendo el expediente completo de contratación y la oferta técnica y la memoria presentada por la empresa adjudicataria.

En ese sentido, el pasado mes de noviembre, Ferrovial Servicios firmó una declaración de confidencialidad donde expresa que “la memoria técnica incluye capítulos que se consideran de carácter confidencial y no revisables”. “Se trata de información técnica y comercial de la sociedad considerada confidencial y que, por tanto, no debe conocer el resto de licitadores ni terceros”, señaló la empresa. “Con ello intenta impedir la fiscalización sobre los incumplimientos de los pliegos”, apunta al respecto el representante de la CGT-A.

Mecanismos legales

Según la actual normativa, las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable. Con la declaración de confidencialidad mencionada, “parece obvio que Ferrovial ha ocultado al concurrir en su declaración responsable las condenas firmes por vulnerar derechos fundamentales”, señala CGT-A.

El aumento del contrato fue archivado penalmente pero levantó dudas en el juzgado que acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella formulada por CGT-A contra dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía. Al juzgado no le constó acreditada la comisión de infracción penal alguna, instando a la organización a que la “discrepancia” denunciada “debe hacerse valer, en su caso, en vía contencioso administrativa, y no en vía penal, a través de los mecanismos legales oportunos”.

Según el auto de archivo, que siguió el criterio de la Fiscalía, “la duda razonable sobre la ilegalidad de un acto administrativo hace desvanecer la idea del hecho delictivo, pues la ilegalidad debe ser manifiesta y clara”. En ese sentido, argumenta que “no es suficiente la mera ilegalidad, pues ya las normas administrativas prevén supuestos de nulidad, controlables por la jurisdicción contencioso-administrativa, sin que sea necesaria en todo caso la aplicación del derecho penal, que quedará restringida a los casos más graves”.