La Junta examina las evaluaciones sociales de Utopía y no ve aplicable el baremo del Ayuntamiento

La delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Granada Santos (IU-CA), ha manifestado este lunes que a la hora de actualizar la situación socioeconómica de las personas desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, “no hay baremo que valga”, en referencia al baremo propio del Ayuntamiento hispalense. Lo esencial para justificar o no su realojo provisional en viviendas protegidas de titularidad autonómica, según dice, es la situación de “necesidad social” que reflejen los informes.

En declaraciones a los medios de comunicación, Granada Santos ha acusado al Ayuntamiento, y más concretamente a su concejal de Familia y Asuntos Sociales, Lola De Pablo-Blanco, de obstaculizar el acceso a los citados informes al registrarlos en la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y no en la de Fomento y Vivienda. Explicando que aún no conocía “el detalle” de cada uno de los informes, Granada Santos ha avisado de que el Ayuntamiento “trata de marear la perdiz y crear confusión” al esgrimir que sólo dos de las familias se atienen a su baremo social, porque es necesario distinguir entre los procedimientos “para la adjudicación de una vivienda protegida” y para “los realojos temporales y transitorios”.

“NO HAY BAREMO QUE VALGA”

“No hay baremo que valga. Sólo necesitamos los informes de los servicios sociales que nos digan sus necesidades sociales”, ha enfatizado acusando al Gobierno local del PP de “poner piedras en el camino” y “dilatar los procedimientos” adrede. Granada Santos ha insistido en que aún no había leído el contenido de los informes en cuestión, pero ha hablado claro: “No soy trabajadora social, pero viendo y conociendo el perfil de las familias, tienen necesidades sociales”, extremo que a su juicio justificaría la entrega de las citadas viviendas protegidas a modo de realojo provisional.

Finalmente, ha defendido la política de vivienda protegida de la Junta de Andalucía y ha reprochado al Gobierno local del PP de mantener “vacías” unas 528 viviendas públicas de su titularidad pese a la necesidad de vivienda de la sociedad.

En la mañana de este lunes ha sido el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), el que se manifestaba al respecto sobre los resultados de los evaluaciones, diciendo que sólo “dos” de estas familias encajan en el denominado baremo social. En rueda de prensa, el alcalde ha explicado que los informes que contienen las mencionadas evaluaciones sociales obran ya en su “poder” y los mismos ponen de manifiesto que sólo son “dos” las familias que se atienen a los requisitos del baremo social. En ese sentido, ha defendido que se trata del resultado del trabajo de “los técnicos sociales del Ayuntamiento, que no son ni de uno ni de otro, sino funcionarios municipales” que trabajan según criterios profesionales y merced a “las normativas vigentes”.