Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
Aldama zarandea al PSOE a las puertas de su congreso más descafeinado
Corazonadas en la consulta: “Ves entrar a un paciente y sabes si está bien o mal”
OPINIÓN | Días de ruido y furia, por Enric González

La familia de Manuel García Caparrós, el joven asesinado por pedir la autonomía andaluza, buscará justicia en Argentina

'23 disparos', el documental que trata de esclarecer la muerte de García Caparrós, Premio Imagenera 2018

Néstor Cenizo

Después de 42 años intentando saber en vano quién mató a su hermano, las hermanas de Manuel José García Caparrós han anunciado este miércoles que buscarán justicia en Argentina. Presentarán su caso ante la jueza María Servini con la finalidad de que el asesinato de Manuel José, ocurrido durante una manifestación por la autonomía andaluza, se incorpore a la llamada “querella argentina”, donde se investigan los crímenes del franquismo.

Las hermanas García Caparrós aún no han formalizado el escrito, pero su abogado no tiene dudas de que la jueza Servini lo aceptará. “Vamos a facilitarle toda la información de la que disponemos”, ha dicho Luis Ocaña, abogado de las hermanas.

Uno de los objetivos es obtener alguna información de Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación cuando García Caparrós fue asesinado. La jueza Servini dictó en 2014 una orden de detención internacional para que el exministro (1975-1979) declarara por once homicidios cometidos durante la Transición, pero el Gobierno de Rajoy rechazó la solicitud.

Martín Villa anunció después que declararía ante Servini, pero la fecha inicialmente prevista, el 9 de septiembre de este año, se retrasó al 11 de diciembre. “Suponemos que tendrá que decir algo sobre esto. No sería extravagante que después de haber guardado silencio 42 años se manifieste y aclare, porque es su obligación como político sino como persona, todos los extremos que conozca”, ha resaltado el abogado.

Las vías estatal y autonómica, paradas

Este 4 de diciembre, igual que el pasado, y que el anterior y el anterior del anterior, las hermanas García Caparrós han regresado al lugar donde fue asesinado su hermano, donde las autoridades le han rendido un homenaje. Después, como cada 4 de diciembre, se han dirigido al ayuntamiento de Málaga. Allí han dado una rueda de prensa muy parecida a la de todos los años, porque han denunciado lo que llevan años denunciando: que aún no se sabe quién mató a su hermano, ni quién dio la orden de disparar, ni por qué, ni se le ha reconocido como víctima ni mucho menos se le ha reparado.

Esta vez las ha acompañado Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, el granadino asesinado también en 1977 durante una manifestación por la amnistía de los presos del franquismo en Madrid. La investigación policial dio con un pistolero de la ultraderecha al que, sin embargo, se le perdió la pista, según cuenta Granada Hoy.

Cada 4 de diciembre, las tres hermanas de Manuel José añaden un año (“Llevamos 42 años pidiendo verdad, justicia y reparación. Ya va siendo hora”, ha dicho Purificación) y explican qué nuevos pasos van a dar. No ha servido la vía europea (el año pasado presentaron el caso de García Caparrós y de otras víctimas de la Transición en el Parlamento Europeo) y tanto la estatal como la autonómica parecen cegadas.

En la estatal, Eva García Sempere, exdiputada de Unidas Podemos, recibió el permiso de la Mesa del Congreso para consultar las actas de la comisión de investigación de los sucesos de Málaga y La Laguna, pero no pudo fotocopiarlas y los nombres propios que aparecían allí fueron tachados.

“Ese acceso se produjo de manera parcial, sesgada y oculta para la familia”, ha señalado Ocaña, que también ha pedido acceso a los archivos de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior. “Se dispararon decenas de balas de fuego, hubo una persona asesinada y varios heridos por disparos de bala. Se tuvo que abrir una investigación interna y debe salir a la luz”, ha dicho el abogado, que ha insistido en que hay intereses “evidentes” por ocultar la información.

Tampoco la vía autonómica parece muy franca. Las hermanas han solicitado una reunión a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, sin respuesta. Pretenden que se emita una declaración institucional de reparación y reconocimiento hacia Manuel José y su familia, y el reconocimiento de la condición de víctima.

“Dentro de la ley cabe la posibilidad de la reparación simbólica, que la Junta de Andalucía podría realizar a través de la construcción de un monumento donde se reconociera a las víctimas de la Transición”, ha explicado Ocaña. Otra de las iniciativas es que el episodio se incluya en los planes educativos de Andalucía. “Es decir, que se sepa qué ocurrió el 4 de diciembre de 1977”.

“La modélica Transición no lo fue tanto”

Como cada año en esta fecha, García Caparrós ha recibido el homenaje de todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento, reunidos bajo una placa que hasta hace dos años consignaba su nombre con un error. Allí, el alcalde Francisco de la Torre (ahora en el PP, pero entonces diputado de UCD que participó en la comisión de investigación) ha reivindicado la Transición “ejemplar”, y ha recibido la respuesta de Toni Valero, coordinador de IU Andalucía, que durante años asumió en solitario la reivindicación de la memoria de García Caparrós: “La modélica Transición no fue tanto, no hay más que ver lo que estamos conmemorando”.

Valero se ha felicitado por la “institucionalización” del 4 de diciembre, una fecha cada vez más asentada como celebración de la autonomía, pero ha alertado contra su vaciamiento de contenido. “Sufrimos una involución democrática, estamos en emergencia democrática. La lucha hoy continua y tiene que estar vinculada a un mayor autogobierno y a mucha más democracia”.

Manuel García Caparrós, que por entonces tenía 18 años y militaba en Comisiones Obreras, murió de un disparo realizado por un policía, de quien nunca se conoció la identidad. Aquel día, alguien decidió reprimir una manifestación por la autonomía que había reunido a más de 200.000 personas cuando un manifestante trató de colocar la bandera andaluza en el balcón de la Diputación Provincial.

De la investigación judicial, plagada de irregularidades y cerrada en falso cuatro años después, apenas quedó claro que la bala que lo mató fue disparada por un arma perteneciente a la Policía Armada. La investigación en el Congreso sigue bajo la ley de secretos oficiales

“Es dramático que se sigan sin esclarecer los hechos de manera oficial”, ha protestado el abogado Luis Ocaña. “No comprendemos cómo 42 años después se ha desclasificado los papeles del asesinato de Kennedy y no los papeles del asesinato de García Caparrós. No le entra a nadie en la cabeza”.

Etiquetas
stats