El TSJA rechaza el recurso de los obispos aragoneses contra la reducción de la carga lectiva de Religión en Primaria
Solo unas horas después de que los obispos aragoneses presentaran un recurso pidiendo la medida cautelarísima para suspender la ejecución de la nueva carga lectiva de Religión en Primaria, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha rechazado dicha solicitud. En el auto emitido por el Tribunal apunta que “no aprecia la concurrencia de circunstancias de especial urgencia para adoptar tal medida sin oír a la parte contraria”.
Es el último capítulo de una polémica que despertó cuando, el pasado mes de marzo, las Cortes de Aragón aprobaron una Proposición No de Ley para reducir a 45 minutos semanales las horas lectivas destinadas a dicha materia en esa etapa escolar.
Ya avisaron los obispos en ese momento de su intención de recurrir, y lo confirmaron después de que el currículo de Educación Primaria se publicara en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).
Los representantes de los seis obispados de la Comunidad cumplieron ayer su amenaza al interponer un recurso en el que, según informó EFE, reclamaban la suspensión “con efectos inmediatos”, ya que “quiebra los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979” y supone un “evidente perjuicio para padres y alumnos”.
Al igual que los obispos, la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (APPRECE), también interpuso un recurso. Docentes que, el pasado 31 de mayo, comparecieron ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas para señalar que la medida era “discriminatoria” para la Religión y tomada con base en “un planteamiento ideológico y partidista”.
Religión en 2º de Bachillerato
Es la segunda vez en muy poco tiempo que los obispos recurren en los tribunales una decisión del Ejecutivo autonómico. La anterior fue por la exclusión de la misma materia del horario lectivo de 30 horas semanales en 2º de Bachillerato y ofertarla en la hora 31.
En esa ocasión, el TSJA les dio la razón aceptando la medida cautelar porque suponía una vulneración “de los acuerdos entre Santa Sede y Estado y de los derechos fundamentales”. Inmediatamente, el Gobierno autónomo anunció el recurso de dicha medida cautelar.
