Los funcionarios de prisiones aseguran que faltan 124 efectivos más en las cárceles de Zuera y Daroca

Más de 150 funcionarios de prisiones aragoneses participaron esta semana en la gran movilización que protagonizó este colectivo en Madrid para exigir mejoras salariales y la contratación de nuevos efectivos que reduzca la sobrecarga de trabajo que asumen. Sostienen que el sistema penitenciario va abocado al “colapso” y que ellos sufren las consecuencias en primera persona. La falta de personal afecta a su salud laboral y a su seguridad, en centros donde se produce una agresión al día, según datos oficiales del Ministerio de Interior, aunque, desde los sindicatos, aseguran que son muchas más.

Actualmente, en la cárcel de Zuera (Zaragoza) trabajan 445 funcionarios de prisiones, cuando la Relación de Puestos de Trabajo fija para este centro penitenciario 507 efectivos. Es decir, faltan 62 plazas, a las que habría que sumar 17 vacantes del área de vigilancia, donde trabajan 300 funcionarios, que se han quedado sin cubrir, explica a este diario Mariano Sanz, delegado de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) en Zuera. En la cárcel de Daroca, se repite la misma situación, con 45 vacantes, indica el delegado sindical Daniel Vicente.

Pero, además de los funcionarios de prisiones, en estos centros trabaja también personal laboral. Médicos, enfermeros, psicólogos o trabajadores sociales que también han sido convocados a la movilización y que también sufren la merma de plantilla. En la cárcel de Zuera, este colectivo lo componen 25 trabajadores cuando debería haber 56, afirma Sanz. “Tendríamos que tener ocho médicos y ahora solo hay cinco, pero es que hemos llegado a tener solo tres. Y con las trabajadoras sociales ocurre lo mismo, tendría que haber 14 y están solo ocho”, sostiene.

“Si me viene alguien con una parada cardiorrespiratoria se me muere allí mismo”

Marian Andrés es enfermera en la cárcel de Zuera, donde lleva trabajando once años. Explica que durante un año tanto ella como sus compañeras han tenido que hacer guardias solas ante la falta de médicos por jubilaciones o bajas que no se han cubierto.

“Nos vemos obligadas a tomar decisiones para las que no estamos capacitadas, yo me he visto sola sin el médico atendiendo una sobredosis por consumo de sustancias. Si me viene alguien con una parada cardiorrespiratoria se me muere allí mismo”, relata. Para atender estos casos, acaban llamando a las ambulancias UVI móvil cuando son incidencias que podrían solucionarse en el mismo centro si hubiera un médico, sin necesidad de reclamar recursos externos, que “están para atender otras emergencias”.

En esta situación, con tan solo cuatro médicos, han estado durante un año, con una dotación insuficiente para cubrir las guardias nocturnas y las de fin de semana.

Ahora, tras la incorporación de un médico de baja y la llegada de una interina, hay seis médicos en la cárcel de Zuera. “Pero es temporal porque ya sabemos que va a haber más bajas y estas no se cubren. En el momento en el que bajamos de seis médicos volvemos a hacer solas las guardias”, manifiesta.

Pero, además, este personal sanitario, que depende del Ministerio de Interior, aunque llevan años reclamando su integración en el Servicio Aragonés de Salud, sufren también la falta de funcionarios de prisiones. “He tenido que hacer análisis de sangre yo sola con el preso, sin la presencia de un funcionario, con el peligro que supone porque pueden agredirnos sin que nadie nos escuche”, comenta y añade que se está dejando “morir” a la sanidad penitenciaria cuando los reclusos, opina, también tienen derecho a estar bien atendidos.

No llegan a cubrir los servicios mínimos

La cárcel de Zuera tiene ahora una ocupación de 1.400 internos con una capacidad de 1.008 celdas. El número de funcionarios de prisiones para esta población reclusa es deficitario, tanto que no llegan a cubrir los servicios mínimos en las jornadas de huelga.

“Una noche normal en Zuera estamos 20 funcionarios, un jefe de servicios y un enfermero, pero los servicios mínimos fijan que estemos un funcionario más, 21, lo que indica que estamos en cuadro”, precisa Sanz. Esta situación también se repite durante el día. “En la vigilancia de los módulos estamos habitualmente 45, pero los servicios mínimos nos marcan 48 o 49”, recalca.

Esta falta de efectivo también provoca situaciones de inseguridad y estrés a los empleados, sobre todo cuando ocurren incidentes. Este problema es más acuciante si cabe en los módulos más conflictivos, donde actualmente hay 90 internos, que son vigilados desde una cabina en la que en ocasiones solo hay tres funcionarios. “Por lo menos deberíamos estar cinco”, indica.

Las estadísticas oficiales aseguran que en 2017 se produjeron en los centros penitenciarios más de 300 agresiones, y en el periodo 2014-2017, Zuera figura entre los centros con más incidentes de este tipo en España.

“Trabajar en una cárcel en condiciones normales ya es estresante pues con falta de plantilla todavía más, te genera mucho estrés porque tienes que estar hiperactivo en todo momento, porque si no es ingobernable”, subraya Sanz.

En la cárcel de Daroca las reclamaciones pasan también por el aumento de plantilla, además de una mejora de las condiciones laborales. El delegado sindical de ACAIP allí, Daniel Vicente, asegura que ahora mismo en el centro, donde trabajan 240 funcionarios de prisiones, hay un 20 % de plazas vacante, la mayoría procedente de bajas de larga duración o excedencias que no se han cubierto. Actualmente hay 22 funcionarios por turno para 390 presos.

Los psicólogos no abarcan todos los programas de reinserción

La escasez de psicólogos para llevar a cabo los programas de reinserción de los internos y la atención a sus familiares es también otro denominador común en las cárceles españolas, según los sindicatos. En Daroca, actualmente hay tres para 390 internos. “Ha habido momentos en los que solo ha habido un psicólogo, por lo que ahora estamos mejor en comparación con otros sitios, pero no es suficiente para hacer todos los programas de inserción porque tenemos que atender también otras cuestiones, es decir la atención psicológica es limitada y, por eso, se deriva muchas a la labor de oenegés, pero a Daroca no vienen”, comenta uno de ellos.

Por ello, aunque los protagonistas de esta movilización son los funcionarios de prisiones, la protesta abarca también todo el personal que trabaja en los centros penitenciarios. Porque el “sistema” va abocado al “colapso”, no solo porque la negociación está paralizada sino porque la plantilla está envejecida (la media de edad en Zuera es de 56 años), y no se están sacando a concurso nuevas plazas, comenta Vicente. A nivel nacional reclaman más de 3.500 efectivos.

Manifestación en Zaragoza el 20 de diciembre

Por ello, los trabajadores continuarán con las movilizaciones. Después de la manifestación en Madrid, en la que recorrieron las sedes de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, preparan una más en Zaragoza para el 20 de diciembre, que partirá de la plaza España hacia Delegación de Gobierno en Aragón, en la plaza del Pilar.

Por ahora, tras seis jornadas de huelga que en Aragón tuvieron un seguimiento masivo, los sindicatos no tienen previsto convocar nuevos paros en diciembre, aunque no descartan volver a la carga en enero. Exigen al Ministerio de Interior recuperar la inversión de 123 millones de euros que en septiembre ofreció en la mesa de negociación y que fue retirada a los pocos días por falta de presupuesto. Esa cuantía supondría una mejora de sus condiciones laborales. Además, plantean la contratación de 3.500 efectivos en el conjunto del país y suprimir las nueve categorías existentes en el sistema de retribución, que provoca, dicen, diferencias de hasta 700 euros en el salario mensual ejerciendo la misma función.