Doblegar la curva en Madrid exige acciones urgentes, no segmentadas y de mayor calado epidemiológico

En nuestra tribuna del pasado 21 de septiembre calificábamos las medidas adoptadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) en 37 zonas sanitarias de esa Comunidad como tardías, insuficientes y erráticas. Y añadíamos que, por desgracia, era poco probable que consiguieran detener por sí solas y suficientemente el incremento de la transmisión comunitaria sostenida del virus y doblegar la curva epidémica en la CAM en ausencia de acciones más decisivas tendentes a fortalecer la atención primaria, reforzar la vigilancia epidemiológica y garantizar el aislamiento de los positivos y la cuarentena de sus contactos estrechos.

Desde entonces hemos asistido a un intento poco exitoso de cooperación reforzada entre el Gobierno de España y el de la CAM para hacer frente a la pandemia; también, a un llamamiento de la Unión Europea y de la OMS para que los Estados Miembros desarrollen acciones más contundentes para contener los repuntes y evitar situaciones similares a las de la primavera pasada (con España encabezando la lista de países de mayor riesgo en Europa). Finalmente, hemos asistido a una inexplicable ralentización de la puesta en marcha de las acciones que habían sido anunciadas el viernes 18 de septiembre por la CAM.

Muchos nos preguntábamos el jueves 24: ¿a qué está esperando el Gobierno de la CAM para tomar medidas eficaces para doblegar la curva de la pandemia? ¿Qué pasa con los comités conjuntos de la CAM y el Gobierno central que fueron creados tras la reunión entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso? Se está perdiendo tiempo valiosísimo, decíamos. 

Sin embargo, en la mañana del viernes 25 de septiembre se produjo un segundo anuncio de medidas por parte del Gobierno de la CAM, aún más decepcionante que el primero. Las nuevas medidas volvían a ser insuficientes, incoherentes e inefectivas y carecían una vez más de un fundamento epidemiológico sólido y de un enfoque serio de salud pública. 

Además, este segundo anuncio se hacía en solitario; no era el resultado del consenso entre el Gobierno de la CAM y el Gobierno de España. La CAM había decidido ir a su aire, obstinándose en reiterar los mismos errores. Naturalmente esto ha provocado un conflicto abierto con el Gobierno de España, quien ha manifestado con claridad y por escrito su discrepancia pública con las nuevas medidas, planteando además sus propias propuestas. 

La ciudadanía ha asistido, confundida y perpleja, a un conflicto que erosiona la confianza en las instituciones y en nada ayuda al control de la pandemia en un momento muy delicado de su evolución y en el cual se requieren mensajes y acciones unívocas bien sustentadas técnicamente y no producto de vaivenes políticos o posiciones obstinadas.

Conviene repetirlo: en la CAM las cifras van en ascenso y son muy preocupantes. 48.092 casos en las últimas dos semanas; incidencia acumulada durante los últimos 14 días de 721 casos por cada cien mil habitantes, la mayor de Europa. El 22% de las PCR realizadas son positivas, lo que revela transmisión comunitaria sostenida y es 7 veces mayor que en Asturias, por ejemplo.

Hay 3.873 personas hospitalizadas por COVID (25% de las camas de la CAM). El 41% de las UCI están ocupadas por pacientes COVID. Madrid hace solo 301 PCR por cien mil habitantes cuando otras CCAA como Navarra hacen 564 por cien mil.

Hace ya tiempo que la situación epidemiológica de la CAM debería haber llevado a tomar medidas capaces de proteger a los madrileños y al resto de los españoles; la autoridad sanitaria del Estado tiene que hacer ver a la CAM que la transmisión comunitaria sostenida está presente también y está creciendo en los demás distritos y territorios de Madrid y no solo en los 45 en los que se han impuesto restricciones. 

Las medidas de limitación de la movilidad, de reducción de aforos, de frenos al ocio nocturno, de prohibición de celebraciones y eventos masivos y de restricciones a reuniones y celebraciones tienen que ser puestas en marcha en todo Madrid y no solo en unas cuantas áreas sanitarias. El virus no circula en compartimentos estancos, hay demasiados contagios bajo el radar en toda la capital y en muchas poblaciones de la CAM.

Ese es el factor clave que perpetúa la transmisión y sigue extendiendo la enfermedad. Esas son las personas a las que hay que identificar y ayudar a que se aíslen de forma efectiva para interrumpir la cadena de contagio. Por eso la respuesta no está en el sellado parcial, ni en el confinamiento segmentado, ni en acciones punitivas y despliegues de fuerzas de seguridad dentro de las zonas (casi guetos) que de facto y equivocadamente se han creado en los sectores más afectados por la enfermedad.

Desde un punto de vista epidemiológico y de salud pública, tanto los datos como la experiencia acumulada dentro y fuera de España no dejan lugar a dudas: la medida más adecuada a la situación que se vive en la CAM sería que toda la Comunidad retornase a un esquema de restricción de los movimientos y de la actividad económica similar, cuando menos, al que hubo en la fase 1 del estado de alarma por un periodo de 7 a 10 días, con la probable excepción del mantenimiento de las actividades escolares que habría que sopesar detenidamente, siempre que se aplicasen protocolos muy estrictos. 

Existe un amplio consenso en que segmentando estas medidas por zonas de salud en una mega urbe con los patrones de movilidad de Madrid resulta, además de injusto por discriminatorio, epidemiológicamente inútil e insuficiente. 

Existe también un amplio consenso sobre el hecho de que cuanto más se tarde en adoptar esta medida, más riesgos habrá para la salud de la población de Madrid y de otras comunidades limítrofes. Particularmente vulnerables son ciertos grupos de población como son las personas mayores y con otras patologías, que al ser afectados por la enfermedad harán que los centros sanitarios se puedan ver colapsados y la cifra de ingresos en plantas de hospital y en UCI, así como el número de fallecidos, siga aumentando incluso con mayor rapidez que hasta ahora.

Por su parte hay que adoptar de forma inmediata las medidas adicionales que no han sido debidamente adoptadas hasta ahora. No debe posponerse el reforzamiento de los equipos de atención primaria, la adecuada dotación de profesionales para el rastreo, la realización de pruebas diagnósticas antigénicas rápidas y/o de PCR con criterios unificados sobre las condiciones y grupos prioritarios para las campañas poblacionales con las nuevas pruebas antigénicas, el aislamiento efectivo de asintomáticos positivos con la activación de programas sociales para apoyar dicho aislamiento.

En realidad, nada de esto es nuevo. Y las autoridades sanitarias de la CAM y el propio Gobierno regional lo saben o deberían saberlo a estas alturas. Por eso resulta inaceptable, y empieza a ser peligroso, su empecinamiento en negarse a actuar como corresponde. 

Está claro que el problema de los repuntes pronunciados no se limita a la CAM, pero también está claro que es en la CAM donde estos presentan más seriedad y mayor riesgo de extensión generalizada por el volumen de su población, su capacidad de irradiación a otros territorios y por constituir un centro neurálgico de la vida económica y social de España.

Por su parte, en su comparecencia del pasado viernes, el ministro de Sanidad propuso un umbral de incidencia acumulada durante los últimos 14 días de 500 casos por 100.000 habitantes a partir del cual habría que aplicar las medidas restrictivas que la CAM hasta ahora solo se plantea aplicar a 45 zonas básicas donde vive poco más de un millón de habitantes. 

Con el umbral propuesto por el ministro (que desde nuestra perspectiva debería ser más exigente aún), correspondería aplicar esas medidas a las cuatro quintas partes de la población madrileña, pero también a la Comunidad Autónoma de Navarra, que, con los datos proporcionados el 24 de septiembre por el propio Ministerio, supera también ese umbral (aunque no tiene el volumen de población ni los patrones de movilidad ni el porcentaje de positividad de las PCR de la CAM).

Desde hace meses en estas tribunas hemos venido defendiendo la necesidad de establecer este tipo de umbrales de incidencia acumulada aceptables, preocupantes o inaceptables para, junto con otros criterios (por ejemplo, los patrones de movilidad de la población, la capacidad de rastreo y de aislamiento efectivo de positivos y contactos de riesgo, la realización de pruebas diagnósticas por cien mil habitantes, el porcentaje de positividad a las PCR realizadas, las capacidades de respuesta del sistema sanitario, la saturación de la atención primaria y la presión asistencial, entre otros), construir un cuadro de mandos objetivable que facilitase tanto el seguimiento de la evolución de la pandemia como el de la pertinencia y adecuación de las respuestas de las autoridades. 

Sería posible así una estrategia para responder de manera similar ante situaciones similares y, por tanto, ello favorecería incorporar la equidad como elemento básico de acción.

Lo cierto es que hemos entrado de lleno en un repunte de la pandemia de vastas proporciones sin haber hecho, pese a las múltiples advertencias, los deberes que correspondían al término de la fase explosiva de marzo a junio. En esto la CAM es un caso extremo de incompetencia e inacción, pero no el único. Entre los deberes pendientes figuran rebajar la confrontación política a cuenta de la pandemia y reforzar los mecanismos de co-gobernanza que se pusieron en marcha durante la primera ola. 

Además de la mensual Conferencia de Presidentes y de las reuniones semanales del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (y ocasionalmente de otras conferencias sectoriales), sigue haciendo falta el cuadro de mandos objetivable al que antes hacíamos referencia, así como un amplio comité de expertos al servicio del Consejo Interterritorial, que incorpore a las sociedades científicas más directamente concernidas y a otros expertos de prestigio, con capacidad de emitir recomendaciones, bien a demanda del Ministerio, de las CCAA o de propia intención. El documento difundido recientemente por 55 sociedades científicas y profesionales sanitarias iba ya en esa dirección.

Los gobiernos autonómicos y municipales deben dejar de ir por detrás del virus y deben adelantarse a él, aplicando sin dilación las medidas que se sabe que funcionan para evitar la transmisión comunitaria y así doblegar la curva epidémica. Tenemos varios ejemplos positivos de ello, aunque por desgracia siguen siendo una minoría: Asturias, Galicia, Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana. Pero, sobre todo, urge recuperar la lealtad institucional sin la cual no hay avance posible. 

Lamentablemente, desde el pasado mes de marzo, el Gobierno de la CAM ha hecho de la confrontación con el Gobierno de España a cuenta de la pandemia su seña de identidad. Y este ha tardado demasiado en abandonar el manido eslogan de “todas las comunidades lo están haciendo bien”.

Nos encontramos en un momento decisivo. La pandemia va estar con nosotros todavía durante meses. Para vencerla necesitamos que, además de pedir esfuerzos a los ciudadanos, las administraciones trabajen juntas. Desde Europa y otras partes del mundo se está mirando desde hace semanas con atención lo que se hace o se deja de hacer en España. La experiencia de otros Estados federales como Alemania, Suiza, Canadá o Australia está demostrando que la naturaleza autonómica del Estado no debería ser un obstáculo. Hay que perfeccionar los mecanismos de gobernanza bajo el marco de que la autoridad sanitaria del Estado es algo más que la suma de las autoridades sanitarias de las CCAA.

Desde luego, lo mejor sería que el gobierno de la CAM rectificase y volviera a la senda del acuerdo con el Gobierno de España sobre bases epidemiológicas y de salud pública objetivas y que no se obstinase en mantener posiciones a ultranza solo por tacticismos políticos o fijaciones ideológicas. 

Pero de no hacerlo debe haber un límite a la impunidad. No puede permitirse un descalabro sanitario de las proporciones que tendría en la CAM una acción insuficiente que costaría sufrimiento, se cobraría muchas vidas, amenazaría la estabilidad de la atención sanitaria, afectaría negativamente la vida social y económica de los habitantes de Madrid y pondría en entredicho la seguridad sanitaria de la totalidad del Estado español.

Como dijimos hace semanas, Madrid tendría que haber vuelto a la Fase I de la desescalada hace más de un mes. Aún puede hacerlo. Estaría mejor ahora si lo hubiese hecho así. 

Pero si la CAM no rectifica el rumbo como sería nuestro deseo, el Gobierno de España deberá activar los mecanismos jurídicos necesarios para establecer las medidas adecuadas para controlar la situación epidemiológica en esa Comunidad (sea el estado de alarma o la aplicación de las previsiones de la Ley General de Salud Pública u otra normativa sanitaria vigente) y, de esa forma, ejercer sus atribuciones de autoridad sanitaria del Estado. 

Lo urgente es doblegar la curva en la CAM. No puede haber ni excusa ni pretexto para ello. Y esto requerirá tomar las decisiones que resulten necesarias y las acciones sanitarias, jurídicas y sociales que se precisen. En el momento de escribir esta tribuna aún no se ha adoptado ninguna nueva decisión en este sentido y todo apunta a que, en ausencia de rectificación por parte de Ayuso, podríamos asistir en breve al anuncio de medidas extraordinarias.

Seamos claros. Pase lo que pase, la inacción y la dilación solo llevan a empeorar la situación y acercan la expectativa de un confinamiento total. Mientras más tiempo transcurra sin actuar como se debe, más severo será el golpe de la pandemia en la CAM y en buena parte de España.